En su informe, el grupo de expertos, presidido por el egipcio Mahmoud Kassen, señala que la explotación ilegal de los recursos del ex-Zaire prosigue, aunque en un nivel menor, a pesar del acuerdo de paz firmado en junio de 2002 y de la retirada oficial de tropas extranjeras.. Ello significa "una de las principales fuentes de financiación de los grupos que tratan de perpetuar el conflicto", indica. Los expertos preconizan mecanismos de sanción y de control. Todas las transacciones internacionales en la RDC podrían estar sometidas a un principio de transparencia, sugiere. Las compañías extranjeras deberían revelar lo que pagan y a quién.

En un informe anterior, en octubre de 2002, el panel de expertos había mostrado que la guerra del Congo, que ha visto enfrentarse sobre el suelo de ex-Zaire a seis ejércitos extranjeros y a numerosas milicias locales, ha estado ampliamente motivada por el pillaje de los considerables recursos de este país-continente. Había sacado a la luz las prácticas de trabajo forzado en las minas y la comercialización de metales y diamantes por compañías occidentales que tenían negocios comunes con los ejércitos de ocupación. Había recomendado sanciones, como la prohibición de que los responsables de estas compañías viajaran.

Pero el Consejo no dio curso concreto a estos requerimientos, deplora la ONG Human Rights Watch, que invita hoy "al mundo de los negocios a que dé pruebas de su compromiso de cambiar sus maneras de proceder en las situación de conflicto".

Fuertes presiones

Las empresas acusadas – y, a veces, sus gobiernos – han ejercido fuertes presiones para que se las declare inocentes o se les perdone. En 2002, el empresario belga George Forrest vino personalmente a New York para defender su causa. La semana pasada, antes de la aparición del informe, envió de nuevo un emisario a la sede de la ONU.

De las 85 empresas denunciadas en el informe anterior, ninguna ha sido objeto de investigación. Antes al contrario – denuncia HRW – varios gobiernos han presionado sobre el Panel para que retirara los nombres de las compañías" o declarara que los casos señalados habían sido resueltos. Como consecuencia de una intervención del secretariado de la ONU, que actuaba en conexión con algunos Estados miembros, incluso 12 páginas del informe han sido clasificadas como "confidenciales" y remitidas únicamente a los miembros del Consejo. Según fuentes onusianas, estas páginas señalan con el dedo nominalmente a personas y sociedades en el tráfico de armas, que se da la mano con el saqueo.

"El Consejo ha ido lo más lejos posible. No hay unanimidad respecto de las sanciones", indica uno de sus diplomáticos. "No hay mayoría para adoptar sanciones contra Rwanda", añade otro. Según el informe de 2002, la explotación del coltan – un compuesto de dos metales raros, el columbium y el tantalo, cuyo nombre es la contracción – había permitido financiar el 80% de las necesidades del ejército ruandés en 1999.

Ha resultado también difícil sancionar a los actores que el Consejo espera ver juntos con ocasión de la primera conferencia sobre los Grandes Lagos, a principios de 2004 en Tanzania. Confiando en el proceso iniciado para establecer la paz en el Congo, el Consejo no ha renovado el mandato del grupo de expertos. Bajo el impulso de Francia, va a estudiar la creación de un mecanismo de vigilancia del embargo sobre las armas con destino al este de la RDC. "Los movimientos ilícitos de armas, la explotación de los recursos naturales y la continuidad de las hostilidades son factores inextricablemente ligados", afirman los expertos.

Globalmente, los diplomáticos no se muestran del todo negativos. De las 157 empresas, instituciones o individuos acusados en el anterior informe, las tres cuartas partes han sido contactadas por los expertos. 61 casos son considerados como ya arreglados, ya que las partes concernidas "han tomado o prometido tomar" medidas para dejar de participar en el saqueo del Congo.

Corine Lesnes