La guerra de los Grandes Lagos

1. Alianzas cambiantes

No vamos a iniciar aquí un análisis de la segunda guerra que comienza en agosto de 1998. En el momento en que este libro termina de escribirse (junio de 1999), el conflicto prosigue y, a pesar de las (demasiado) numerosas tentativas de mediación, el final de la guerra no se ve. Sin embargo, es preciso decir algo sobre la fragilidad de las coaliciones que se enfrentan, ya que la nueva guerra ilustra muy bien el carácter inestable de las alianzas de conveniencia, de las que hemos hablado anteriormente. En los días posteriores a la decisión de Kabila de expulsar a las tropas extranjeras, diversos testigos informan que se produjeron importantes movimientos transfronterizos de unidades ruandesas y ugandesas. El 2 de agosto, los combates comienzan casi simultáneamente en el este (Goma, Bukavu y Uvira) y en Kinshasa, donde grupos banyamulenge y ruandeses infiltrados intentan en vano tomar los campos Tshatshi y Kokolo. En un comunicado leído en la radio "la Voz del Pueblo", basada en Goma, la décima brigada de las FAC, por medio de su comandante Sylvain Mbuki, anuncia que se rebela contra Kabila; la duodécima brigada, estacionada en Bukavu, sigue inmediatamente el movimiento. El 5 de agosto, se menciona por primera vez la existencia de un movimiento rebelde, el cual, sin embargo, no recibe un nombre (Unión Congoleña por la Democracia-RCD) ni posee una dirección provisional más que el 12. Lo mismo que en 1996, pasados unos días, una estructura congoleña sigue al inicio de la insurrección, desencadenada por los vecinos del este. Mientras inicialmente la rebelión se expande en el este, con tropas ugandesas y ruandesas como punta de lanza de la ofensiva, el 4 de agosto, fuerzas rebeldes lanzan igualmente una operación aereotransportada audaz en el Bajo-Congo, al oeste de Kinshasa. Bajo las órdenes de James Kabari, tropas ruandesas, ugandesas y banyamulenge se apoderan de la base militar de Kitona y ocupan una zona que rápidamente se amplía, incluyendo el puerto de Matadi y la presa y estación hidroeléctrica de Inga. Aunque esta acción, que lleva la firma del general Kagame, es arriesgada, sus dividendos potenciales son enormes, ya que no sólo amenaza directamente Kinshasa, sino que hace que las tropas de reserva de las FAC queden clavadas en el oeste, impidiendo de este modo que puedan llevarse refuerzos hacia el este.

Sin embargo, es aqui donde se demuestra que la nueva guerra no es una simple repetición de la rebelión de 1996-1997. Esta última había sacado provecho de un apoyo casi unánime, tanto en el interior como en el exterior del país, pero esta alianza, como ya queda dicho anteriormente, no era por ello menos coyuntural y, por ello, frágil. Esta fragilidad se exterioriza inmediatamente en agosto de 1998, cuando las coaliciones comienzan a deslizarse de manera espectacular de un día para otro: al razonar de nuevo según la lógica "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", los aliados de ayer se convierten en adversarios. En el frente oeste, Kabila es salvado gracias a la intervención de un cuerpo expedicionario angoleño, enviado en su refuerzo como consecuencia de una decisión tomada el 19 de agosto en Harare, cuando Zimbawe, Namibia y Angola responden favorablemente a una petición de asistencia en el marco de la Comunidad de Desarrollo de Africa Austral (SADC), de la que el Congo es miembro reciente. Las tentativas de infiltración de tropas rebeldes en Kinshasa son abortadas por las tropas congoleñas y, más todavía, por la población local, apoyada por el ejército zimbabwo. Angola y Zimbabwe envían millares de hombres en apoyo, y Namibia suministra centenares. A finales de septiembre, Tchad, Libia y Sudán entraron, directamente o indirectamente, en el ajo, y varios Estados francófonos de Africa del Oeste expresan su apoyo político a Kabila, condenando la agresión contra la RDC, con ocasión de una cumbre celebrada el Libreville el 24 de septiembre. En consecuencia, todo ello se convierte rápidamente, según palabras del subsecretario americano para Asuntos africanos, Susan Rice, en "la primera guerra mundial africana".

No podemos abordar aquí las motivaciones que anidan en la alianza que apoya a Kabila. No obstante, se puede avanzar brevemente cuanto sigue. Angola está preocupada por tres evoluciones. Los generales "mobutistas" Nzimbi y Baramoto fueron vistos en Kigali antes de que la guerra estallase y algunos políticos del antiguo régimen se unen abiertamente a la nueva rebelión, lo mismo que algunas unidades de las ex-FAZ. Además, los servicios de información angoleños están convencidos de que existen contactos entre UNITA y la dirección rebelde y sus padrinos. En la perspectiva de un probable relanzamiento de la guerra civil (que meses más tarde se concretará), la opción de Luanda es clara, aun cuando las relaciones con Kabila no sean precisamente perfectas. En fin, los angoleños temen una nueva aventura política en el Congo. Han podido medir la fragilidad de un gobierno surgido de una victoria militar y desprovisto de base sólida, y acaban de conocer la experiencia de los problemas de legitimidad de un poder que goza de un apoyo "tutsi" demasiado visible. También las razones de la implicación de Zimbabwe son diversas. El Congo ha contraido una deuda importante con Zimbabwe en la guerra de 1996-1997, y los zimbabwos temen que nunca habrá devolución, en caso de derrocamiento de Kabila. Una segunda motivación de orden económico reside en los esfuerzos que intereses financieros zimbabwos han hecho para penetrar en el mercado congoleño y para invertir en el sector minero, parcialmente a cargo de empresas surafricanas; algunos de los asociados en los negocios con el presidente Mugabe y de los altos oficiales perderían grandes capitales si Kabila fuera eliminado. En fin, el "viejo revolucionario" Mugabe ve en la crisis congoleña la ocasión para reafirmar algo su papel en la región (perdido en favor de Africa del sur de Mandela) y de contrarrestar a los "nuevos dirigentes", como Museveni y Kagame, mimados - concretamente por los americanos - en perjuicio de Mugabe.

Las alianzas van todavía más lejos. Así, los mai-mai en el este, que habían combatido a Kabila incluso antes de que alcanzara el poder, se alían ahora con él en el contexto de una coalición "anti-tutsi". En la misma lógica, un viraje todavía más espectacular lleva a los ex-FAR y a las milicias interahamwe al bando de Kabila, cuando menos de un año antes los Hutu ruandeses habían sufrido pérdidas masivas producidas por Kabila y sus aliados de entonces. Los FAR son llevados a países vecinos, rearmados, vueltos a entrenar y desplegados masivamente. Un informe de las Naciones Unidas observa que "las alianzas cambiantes en y en torno a la RDC han trabajado de una manera inesperada en favor de las fuerzas del gobierno ruandés precedente", ya que los ex-FAR y las milicias interahamwe "se han convertido ahora en un componente significativo de la alianza internacional contra los rebeldes congoleños y sus presuntos padrinos, Rwanda y Uganda". La comisión encuentra "profundamente chocante" que esta "nueva relación haya conferido una forma de legitimidad a los interahamwe y a los ex-FAR". En fin, el Sudán, que ha sostenido el régimen de Mobutu contra la rebelión de Kabila, apoya ahora a Kabila contra la nueva rebelión; el contexto aquí es evidentemente el conflicto que opone Khartoum con Kampala.

2. Privatización y criminalización de los Estados

Desde hace un tiempo, la literatura especializada está abordando los temas, muy ligados entre sí, de la privatización y criminalización del Estado africano. Un artículo importante de Achille Mbembe, publicado en el dossier de Politique Africaine ya citado, presenta bien el estado de la cuestión. Resume como sigue sus constataciones, que reflejan perfectamente la situación en la región de los Grandes Lagos:

El Congo, cuyas fronteras trazadas sobre mapas, cuyo gobierno, colores de la bandera nacional (da lo mismo que lleve la llama de Mobutu o las estrellas de Kabila) y el status de miembro de la ONU mantienen la ficción de ser un Estado, ya ni siquiera reúne las características jurídicas del mismo: la mayoría de la población ha tomado la opción de desengancharse y, incluso al margen de cualquier situación de rebelión, el control territorial de la autoridad pública - sea gubernamental o rebelde (antes el AFDL, hoy RCD o MLC) - sólo es nominal. Así, población fija, territorio delimitado y autoridad pública que cubra el todo no convergen; en realidad, ya desde hace tiempo, ninguno de estos tres componentes del Estado jurídico existe.

Desde 1996, el Congo es un campo de batalla donde los actores militares, ejércitos gubernamentales, lo mismo que grupos armados no gubernamentales, hacen sus guerras extraterritorialmente y donde actores económicos, a menudo de naturaleza mafiosa, persiguen sus intereses a corto plazo en algo que se asemeja más al pillaje que a la iniciativa empresarial. La complejidad de la situación queda reforzada por el número elevado de actores: sólo en la región de los Grandes Lagos, cuatro ejércitos gubernamentales, dos antiguos ejércitos y más de una docena de grupos rebeldes y milicias étnicas están implicados en confrontaciones violentas, y todo ello en una región con fronteras extremadamente permeables, con Estados inestables y un flujo de armas considerable e incontrolado. En semejante contexto, el fenómeno sin cesar creciente de los señores de la guerra no es extraño, tanto más cuanto que a algunos actores les interesa que la guerra, la inestabilidad y la ausencia de Estado perduren.

El objetivo de los actores extranjeros no es, en consecuencia, garantizar el control cuasi-estatal, ni ocupar un territorio y someter a sus pobladores, sino obtener o mantener el acceso a fuentes de riqueza que se encuentran en islotes sin control estatal. Así pues, hay que relativizar las razones estrictamente de seguridad aducidas por Rwanda y Uganda. Por un lado, los ejércitos ruandés y ugandés han permanecido en el este del Congo y habrían podido, si hubieran sido capaces, garantizar la seguridad de sus territorios respectivos; además, desde diciembre de 1997 hasta julio de 1998, es un oficial de la APR quien tiene el mando del ejército congoleño. Por otro lado, dos argumentos avanzados por Rwanda para justificar su intervención sólo lo han sido después del inicio de la segunda guerra: los progroms anti-Tutsi tuvieron lugar con posterioridad a la acción ruandesa, de la que fueron consecuencia más que causa; y el llamamiento que posteriormente hará Kabila a los ex-FAR es una respuesta a la guerra y no se hizo, según las informaciones de que disponemos, antes de su desencadenamiento. Se trata, en consecuencia, de justificaciones a posteriori por parte de Rwanda: como sucedió en 1996, el agresor se autoproclama agredido y así legitima su agresión.

No pretendemos decir que el tema de la seguridad sea inexistente, sino que las bazas económicas son al menos tan reales (como la seguridad) para los vecinos del este. Ya hemos dicho que Rwanda considera el Kivu como una zona "natural" de extensión económica; para la élite de Kigali, que vive ampliamente por encima de las posibilidades de su país, el acceso a las riquezas del Congo se convierte en cada día más necesario. Por el lado ugandés, según William Barnes, la obtención de las minas de oro de Kilo-Moto por Salim Saleh habría sido ya en 1996 una de las contrapartidas pedidas a Kabila por el apoyo al AFDL; el no cumplimento de las promesas hechas entonces sería una de las razones de la precoz decepción de Kampala respecto del nuevo régimen de Kinshasa. El Daily Mail tanzano del 14 de enero de 1999 cita seis compañías que operan en el este del Congo y en las que la esposa y el hermano del presidente Museveni, el vicepresidente (hoy presidente) Paul Kagame y James Kabari parecen tener intereses. Numerosos oficiales ugandeses y ruandeses están implicados en actividades extractivas y comerciales que no serían posibles en un entorno estable; Rwanda exporta diamantes, aunque no produzca ni un solo quilate. Así pues, lo que Mbembe llama la "satelización" de provincias enteras por sus vecinos es especialmente visible en la parte oriental del Congo, pero las prácticas son las mismas del lado de quienes apoyan a Kabila. Las actividades congoleñas de la Sonangol angoleña en el terreno petrolero y de la Ridgepointe zimbawa en el sector minero muestran una lógica de renta de guerra y de una situación de no-Estado. Lo mismo se puede decir de un contrato firmado por East Asia Gold Corporation con Gecamines y, todavía más significativo, con la sociedad Comiex de la que Kabila es propietario. Los beneficios de estas actividades financian, al menos parcialmente, el esfuerzo de guerra de las dos coaliciones: desde este punto de vista, los congoleños, lo quieran o no, financian su propia desestabilización.

En realidad, los fenómenos puestos aquí de relieve - desestatalización, desterritorialización, criminalización - expresan la desaparición del orden post- o neocolonial: estructuras y espacios estatales heredados del período colonial, protección ofrecida por las antiguas potencias coloniales a Estados y regímenes clientes a cambio del ejercicio de una tutela, principio (pero no forzosamente práctica) del predominio de lo público sobre lo privado, explotación económica estructurada en la continuidad de las grandes sociedades metropolitanes: todo esto está en trance de desaparecer bajo el efecto conjugado de la mundialización y de la acción de actores no-estatales locales, regionales e internacionales, para los que el beneficio rápido realizado en enclaves es más importante que cuestiones de soberanía formal.

3. La bipolarización en situación de etnogénesis instantánea

Una tercera consecuencia a largo plazo de las dos guerras sucesivas ha sido ya mencionada y debe ser subrayada: la extensión al ámbito regional de un antagonismo "étnico" - de hutu contra tutsi a bantú contra nilótico - podría convertirse en obstáculo duradero para la paz futura. Este fenómeno ha infectado ampliamente grandes zonas de Africa, hasta tal punto que el presidente Mugabe justificó la implicación zimbabwa en el Congo adelantando que el renacimiento del "imperio tutsi-hima del siglo XIX" (que, hay que recordarlo, nunca ha existido) debía ser combatido. Del mismo modo, dirigentes angoleños han descubierto su "bantuidad" y expresado sus preocupaciones frente al hegemonismo "nilótico".

En realidad, las operaciones del ejército ruandés en la región de los Grandes Lagos más que garantizar la seguridad han comprometido la seguridad de los Tutsi congoleños, los cuales se han percatado tardíamente de que la manipulación de su situación por parte de Kigali se ha convertido en una amenaza para sus buenas relaciones con sus vecinos no-Tutsi y, por consiguiente, para su supervivencia a largo plazo. Un banyamulenge expresa de este modo su despecho: "Nos hemos convertido de un día para otro de víctimas en opresores". Declaraciones hechas por representantes de los Banyamulenge y roces entre militares banyamulenge y del APR en el Kivu-sur a finales de enero de 1999 confirman esta creciente toma de conciencia. El hecho de que líderes banyamulenge como Joseph Mutambo, presidente de las FRF (Fuerzas republicanas y federalistas) y Müller Ruhimbika, estén actualmente en Europa y digan temer ser asesinados por el régimen ruandés, muestra bien la distancia que han tomado respecto del RCD y del FPR. Barnes nos hace observar que el miedo recurrente de los Banyamulenge a ser masacrados los encierra en un dilema paralizante. Por un lado, no se atreven a cortar completamente con los regímenes de Kigali y Bujumbura, considerados como tutsi; pero, por otra parte, esta precaución hace crecer la desconfianza de las otras comunidades congoleñas e incapacita su posibilidad de integrarse en una coalición local, que sin embargo sería un factor de seguridad a largo plazo. Se trata, lo hemos dicho ya, de un dilema entre lealtad nacional (o incluso local) y lealtad étnica (o transfronteriza).

4. La ausente "comunidad internacional"

Una última conclusión concierne a la relativa ausencia y a la impotencia de la llamada comunidad internacional. Uno se percata de ello - y no solamente en Africa central - cuando sólamente han pasado diez años después de la esperanza suscitada por la ambición de poner en pie un "nuevo orden mundial" y de llevar a cabo una política de "condicionalidad", de diplomacia preventiva y de gestión de los conflictos. Mientras Africa central está en plena implosión y una inmensa línea de frente se desarrolla, entrelazando una serie de conflictos que involucran directa o indirectamente a una docena de países, el silencio de la comunidad internacional es ensordecedor. Su inactividad es chocante a la vista de un conflicto que no sólo tiene inmensas consecuencias humanitarias, sino igualmente un impacto continental enorme. La falta de interés, de ideas y de hueco en la agenda internacional pueden ser razones, pero sin duda que la principal es el hecho de que las palancas exteriores para influir en situaciones internas y regionales se muestran de hecho muy poco eficaces. Actores locales, nacionales y regionales fijan la agenda y lo hacen persiguiendo lo que perciben como sus propios intereses, generalmente a corto plazo.

Los conflictos que han sido analizados en este libro lo ilustran perfectamente. En 1994, en Rwanda, las fuerzas militares presentes - da lo mismo que fueran cascos azules como tropas de élite americanas, belgas, francesas e italianas que operaban bajo sus propias banderas - habrían podido intervenir con mínimas pérdidas. Haciéndolo, habrían matado dos pájaros de un tiro: el genocidio habría sido evitado o, al menos, limitado y nos habrímos ahorrado el callejón sin salida que ha seguido a la toma del poder unilateral por parte del FPR. Luego, más de un millón de refugiados fueron instalados en campos excesivamente grandes y demasiado próximos de la frontera ruandesa; algunos de estos campos albergaban elementos armados que amenazaban el nuevo régimen ruandés. Nada se hizo para desactivar este mecanismo de relojería. Cuando finalmente explotó en el otoño de 1996, un drama humanitario de proporciones bíblicas se desencadenó; los refugiados iniciaron una huída mortal a través del Zaïre. Una vez más, actores locales, con el apoyo de algunos padrinos internacionales, pudieron impedir en dos ocasiones el despliegue de una fuerza de protección. Más tarde, a pesar de las idas y venidas diplomáticas, concretamente por parte de los americanos y surafricanos, ninguna influencia pudo ejercerse sobre Kabila, apoyado por sus aliados regionales. En fin, cuando fue confrontada a la realidad de los crímenes condenados por el derecho internacional, la comunidad internacional se manifestó, primero, impotente frente al sabotaje de la investigación internacional y, luego, fue conducida a otorgar la impunidad a quienes, en Rwanda y en el Congo, eran culpables de estos crímenes. A partir de ahí, el fracaso total y absoluto y el descrédito que, en la región, ha caído sobre la "comunidad internacional" y su expresión institucional, las Naciones Unidas especialmente, no debe extrañar a nadie.

La debilidad de Europa es especialmente chocante. Se sabe que el gigante económico es un enano político; en ningún momento durante las crisis sucesivas de este decenio, la Unión europea ha sido capaz de jugar el más mínimo papel, y ello a pesar de los esfuerzos y dictámenes desplegados por el enviado especial Aldo Ajello, el cual, no obstante, no disponía de palanca alguna y no podía más que predicar buenas palabras. Las contradicciones entre, por un lado, Francia y en menor medida Bélgica, y, por otro lado, el Reino Unido y los Países Bajos, impidieron una política común. Esta constatación de impotencia es doblemente paradójica, ya que Europa es el proveedor de fondos más importante en la región y es la que tiene un interés más directo que nadie en el retorno de la estabilidad en el Congo y en Africa central.