Filip Reyntjens
Cuando, tras el genocidio y la derrota del antiguo régimen, un nuevo gobierno presta juramento el 19 de julio de 1994, el Frente Patriótico Ruandés (FPR) victorioso afirma su adhesión al espíritu, si no a la letra, del acuerdo de paz de Arusha, cuya lógica es la del reparto del poder. Sin embargo, algunas modificaciones aportadas a la ley fundamental por una declaración del FPR, con fecha de 17 de julio de 1994, cambian profundamente la naturaleza del régimen: introducción de un poder presidencial dominante, anclaje del dominio del FPR en el seno del gobierno, remodelación de la composición del parlamento. La nueva ley fundamental es muestra de una sutil ingeniería constitucional, que trata de ocultar el carácter monolítico del poder.
No obstante, no es el orden constitucional el que determina el ejercicio del poder, sino efectivamente el contexto en el que éste se ejerce. Ahora bien, este contexto es el del imperio del FPR, que ha creado y trata de mantener un entorno militar y de seguridad constriñente. Políticamente y socialmente, la base de este poder es extremadamente delgada: el ejército y los servicios de información, los cuadros del FPR (abakada), una parte de la población urbana - en particular la antigua diáspora tutsi retornada al país. Mientras inicialmente la voluntad de cierto número de políticos, funcionarios, magistrados e incluso militares instalados antes de 1994, de permanecer o de regresar y cooperar con el FPR había alimentado una cierta esperanza, la ola de defecciones que comienza a primeros de 1995 puso rápidamente al desnudo esta ilusión.
Además de un gran número de "desconocidos" y de numerosos Ruandeses que desearían abandonar el país (pero que no lo logran, por carecer de pasaporte o visado, o que no se atreven por miedo a poner en peligro a los miembros de sus familias), la lista de quienes arrojaron la toalla se alargó constantemente. Entre las más importantes huídas al exilio hay que anotar la de un primer ministro, varios ministros, altos funcionarios y magistrados, diplomáticos, oficiales superiores, dirigentes de asociaciones para la promoción de los derechos del hombre, incluso jugadores del equipo nacional de fútbol...Al llegar al extranjero, hacen declaraciones análogas, denunciando la concentración del poder, los abusos del ejército y de los servicios de seguridad, la violaciones de los derechos del hombre, incluyendo el derechos a la vida, la mala gestión, la inseguridad que padecen y la intimidación de que son objeto, la discriminación contra los Hutu, incluso contra los Tutsi supervivientes del genocidio...
Otros, que no han abandonado el país, son objeto de eliminación o detención. Prefectos y subprefectos, alcaldes, directores de escuela, jueces, oficiales del Ministerio público e inspectores de policía judicial son matados; en la mayoría de los casos la responsabilidad del APR está bien documentada. Numerosos magistrados son detenidos por diversos pretextos: el antiguo ministro de Justicia, Alphonse Nkubito, cita 30 casos de jueces y oficiales del Ministerio público encarcelados. Otros magistrados, sin embargo experimentados y aparentemente no sospechosos de haber cometido crímenes contra la humanidad, siguen sin destino.
Un examen de la base del poder muestra igualmente que el paisaje político no opone solamente a los Tutsi de un lado y a los Hutu del otro. En efecto, numerosos Tutsi no se reconocen en el régimen: es el caso de numerosos supervivientes del genocidio, esos Tutsi del interior convertidos en ciudadanos de segundo orden, sospechosos de haber "pactado con el diablo" para asegurar su supervivencio física. Algunos de entre ellos y de entre los de la antigua diáspora retornada al país están profundamente frustrados por el sentimiento de que una dictadura ha sustituído a otra; rechazan el ejercicio autoritario del poder y las violaciones de los derechos de la persona. Este sentimiento es a veces expresado por algunos periódicos reputados como "tutsi" de Kigali (por ejemplo Intego, L'Ere de Liberté, Le Tribun du Peuple). En fin, existen divergencias en el seno mismo del FPR, menos monolítico que lo que se piensa. Habría que hacer este análisis, para el que no obstante los datos son fragmentarios; de cualquier modo se observan divisiones de orden político, ideológico, incluso probablemente de linaje o clánico.
2. La deriva
Cuando el FPR toma el poder, hereda un país profundamente destruido humanamente y materialmente: más de un millón de muertos, dos millones de refugiados en el exterior, más de un millón de desplazados en el interior, supervivientes profundamente traumatizados, centenares de miles de antiguos refugiados que regresaron de manera caótica. infraestructuras destruidas, bancos desvalijados, administración y justicia inexistentes... Evidentemente, había que acordar un plazo de gracia y el beneficio de la duda a un régimen confrontado a la titánica tarea de volver a poner el país sobre los raíles, en esas circunstancias tan desfavorables. Y cuando las primeras noticias dejaban constancia de la existencia de preocupantes evoluciones, era prematuro poner en tela de juicio la buena fe y la voluntad política del nuevo poder.
Sin embargo, menos de un año más tarde, las dudas cada vez más pronunciadas vinieron a imponerse. Un cierto número de prácticas son muestra, más que de carencia de medios, de ausencia de voluntad política. Mientras inicialmente el nuevo poder parece dudar entre la vía de la apertura política - como lo atestiguan la instalación de un gobierno de unidad nacional y el regreso al país de cuadros no miembros del FPR - la violenta represión - cuya expresión son las numerosas víctimas civiles (cf.infra) -, posteriormente, los signos de una verdadera deriva se hacen cada vez más visibles. Ésta parece que se agravó e instaló en permanencia tras la celebración de una mesa redonda de los proveedores de fondos en enero de 1995. El poder ruandés creyó ver en ella la señal de que la comunidad internacional emitía un cheque en blanco y que en adelante todo le estaba permitido; los acontecimientos de Kibeho en abril de 1995 no hicieron sino simbolizar esta deriva.
En primer lugar, se constata un número elevado de "desapariciones", de asesinatos e incluso de matanzas más o menos a gran escala. Testimonios cada vez más numerosos llegados del interior y del exterior de Rwanda, provenientes de Rwandeses o expatriados, indican que - antes, durante y después del relanzamiento de la guerra en abril de 1994 - el FPR ha matado a decenas de miles de civiles inocentes. Algunos de estos incidentes están bastante bien documentados; algunos (Kibeho, Kanama, Muramba) han suscitado incluso la reprobación internacional. Pero la mayoría han permanecido desconocidos o subestimados, rodeados de una verdadera "complicidad del silencio", y ello desde los mismos primeros días del nuevo régimen (se recordará que el informe de un consultor del HCR, Robert Gersony, que constataba treinta mil víctimas solamente en el período comprendido entre mediados de julio y mediados de septiembre de 1994, fue objeto de un embargo total).
Por una parte, estas matanzas parecen cometerse de manera discreta, y las investigaciones resultan difíciles; así, los lugares donde se cometen son enseguida declarados "zona militar", los cuerpos de las víctimas son llevados a otros lugares, o también se prohibe el acceso a ciertas regiones o su sobrevuelo (concretamente el Parque de la Akagera; en este sentido es muy revelador el informe publicado el 27 de febrero de 1997 por Libération). Por otra parte, los observadores tienen el máximo interés en callarse: así, testigos de ONGs y de instituciones internacionales temen la expulsión, mientras que los ruandeses temen represalias en su contra o contra sus allegados. Bradol y Guibert denuncian una verdadera "ley del silencio" por parte de los organismos de ayuda: "los ojos y las bocas cerrados son una condición para realizar estos crímenes. Así las autoridades gozan, además de la inmunidad política y jurídica ya acordada automáticamente por los Estados, de la impunidad mediática y moral debida a la renuncia de los testigos". Volveremos más tarde sobre esta cuestión y sobre la retención de información.
Otra razón de esta complicidad del silencio es "el crédito genocidio" del que goza el poder de Kigali: extrae de él parte de la legitimidad y lo explota hábilmente para escapar de la crítica, algo así como ciertos extremistas de Israel han invocado el holocausto para justificar la violación de los derechos del hombre de los Palestinos. La utilización del genocidio como una baza política ha sido facilitada por el hecho de que las matanzas perpetradas por el antiguo ejército y las milicias hutu lo fueron "en directo". Desde entonces, la opinión internacional ha razonado en términos de "buenos" y "malos"; dado que se conocía a "los malos" (antiguo régimen), los otros (el FPR) debían ser forzosamente "los buenos". Ello incluso permite al FPR y a sus simpatizantes acusar de "negacionismo" o de "revisionismo" a quienes denuncian sus crímenes, aunque esas mismas personas, entre las que se encuentra el autor de estas líneas, hayan denunciado con vigor el genocidio contra los Tutsi. Como si un genocidio pudiera "compensar" al otro... En realidad, una especie de conformismo político "bien pensante" estimula otra forma de negacionismo, tan real como el otro.
Otro tema de inquietud en el terreno de los derechos fundamentales, Rwanda está confrontado a una verdadera crisis en las cárceles, en las que están amontonados desde mediados de 1997 alrededor de 120.000 detenidos en circunstancias inhumanas. Muchos de estos prisioneros tienen expedientes prácticamente vacíos y son víctimas de arreglos de cuentas políticos o personales, o de litigios relativos a la propiedad de la tierra, al haber sido acaparadas sus tierras por simpatizantes del FPR.
La deriva se acompaña por la puesta en pie de un sistema de seguridad eficaz (no olvidemos que el general Kagame fue el patrón de los servicios de información militar ugandeses. En este Estado, que hay que calificar sin duda de policial, la prensa y la sociedad civil están amordazadas, los partidos políticos prohibidos, la correspondencia se abre, las comunicaciones telefónicas son escuchadas, los movimientos, tanto en el interior como hacia el exterior, vigilados.
3. La "Burundización" de Rwanda
El estrechamiento de la base del poder, evocado más arriba, no es más que un elemento de una evolución que el vecino Burundi ha conocido, cuyos efectos desastrosos en este país no se ha podido medir. Muy concretamente esta "Burundización" se expresa a través de dos fenómenos, por otra parte ligados entre sí: por un lado, la tutsización del Estado, de la economía y del tejido urbano, y por otro, el nacimiento de un irredentismo hutu, cuya lógica ulterior es la de la guerra civil.
La tutsización, en primer lugar. Mientras rechaza oficialmente la discriminación étnica e incluso el concepto de etnia, el FPR lleva a cabo una política de tutsización rápida en todos los ámbitos, salvo en el del gobierno, el cual constituye la tarjeta de visita de la "unidad nacional". El basamento de esta política es el rechazo formal del hecho étnico, rechazo que es un elemento esencial de la estrategia hegemónica de una élite tutsi, exactamente como durante los años 1950 en Rwanda y como en Burundi después de 1965. Bradol y Guibert observan con toda razón que "afirmar la inexistencia de identidades étnicas se convierte en un medio de negar el monopolio de los militares tutsi sobre el poder político. En este caso, el discurso político opuesto al etnismo sirve para enmascarar la dominación de la sociedad por los representantes autoproclamados de la comunidad tutsi". Este estado de cosas es justificado de manera paradójica: cuando, en una u otra institución, los Hutu eran antaño mayoritarios, eso se llamaba "discriminación étnica"; por el contrario, ahora que los Tutsi son mayoritarios, esto se llama "meritocracia". O también, tal y como lo han hecho comprender representantes del nuevo régimen ruandés a sus oyentes pasmados con ocasión de una conferencia científica en Arusha en septiembre de 1995, "la calidad prima sobre la cantidad". Retorno, en consecuencia, a la "tesis hamítica", sin embargo tan frecuentemente contestada, con toda razón, por los Tutsi,...cuando no detentaban el poder.
El abate Privat Rutazibwa, uno de los ideólogos del FPR, ha formulado una justificación, ciertamente implícita pero reveladora, de esta evolución. Escribe que "las élites hutu suscriben en su conjunto y enteramente la tesis fundamental de la ideología etnista, a saber, que el poder debe pertenecer a los Hutu porque constituyen la etnia mayoritaria". Añade, de manera sobreabundante que "fundamentalmente, las élites hutu jamás han podido desistir de la herejía fundamental según la cual representan una etnia mayoritaria y, por consiguiente, el poder les pertenece naturalmente, según una curiosa concepción de la democracia". Semejante constatación permite evidentemente excluir a "las élites hutu" en su conjunto, a fin de fundar el ejercicio del poder sobre "la cualificación de la competencia y el mérito individual". El periódico gubernamental La Nouvelle Relève no dice nada distinto cuando desea que se siga una vía "resultado de un consenso popular entre los dirigentes y la parte ilustrada al menos del pueblo"(58). Esta "parte ilustrada", manifiestamente no incluye a los Hutu, por lo menos a sus élites; de ahí que la combinación de la "meritocracia" y la exclusión de la élite de un grupo étnico permita reservar el derecho a gobernar a la élite del otro grupo étnico.
Esta tutsización, que es al mismo tiempo una tentativa de perpetuar el dominio del FPR, es espectacular en todos los ámbitos del Estado, salvo en el Gobierno, que es "la tarjeta de visita" internacional del régimen: en 1996, la mayoría de los diputados en la Asamblea nacional, cuatro de los seis miembros del Tribunal Supremo, más del 80% de los alcaldes, la mayoría de los secretarios generales de los ministerios y de los profesores y estudiantes en la Universidad, la casi totalidad del ejército y de los servicios de seguridad del Estado, son Tutsi. Este fenómeno queda amplificado y de alguna manera sostenido por una realidad sociopolítica, la de la tutsización del mundo urbano, que constituye la base sociológica y económica del FPR. Son numerosos los provenientes de la antigua diáspora los que se han instalado en las aglomeraciones, donde se han convertido en mayoritarios y donde ocupan efectivamente el terreno, "okupando" las casas, los comercios y las empresas.
Luego está, el irredentismo y la amenaza de una guerra civil. Mientras, hasta el otoño de 1996, Rwanda era objeto de incursiones armadas que provenían esencialmente del territorio zaireño, no se trataba todavía de una verdadera rebelión o insurrección, y menos todavía de una guerra civil. Los asaltantes operaban incursiones tipo comando, cometían atentados o se enfrentaban brevemente con el ejército, antes de retirarse al otro lado de la frontera. Aunque la intensidad y frecuencia de estos ataques eran limitados, esta situación constituía un problema de seguridad incontestable para Rwanda. Será esta amenza, cuyo agravamiento era previsible, la que Rwanda tratará de neutralizar bajo la cobertura de la "rebelión de los Banyamulenge" (ver infra). Veremos, sin embargo, que con el retorno "voluntario-forzado" de los refugiados a finales de 1996, Rwanda "importó" igualmente la guerra civil.
4. La militarización del paisaje político
Mientras que durante el período de transición (1991-1993), partidos políticos de oposición y una vigorosa sociedad civil se habían abierto camino en la escena pública, el relanzamiento de la guerra civil, en primer lugar, y, posteriormente, la toma del poder por el FPR, eliminaron a estos actores de una vida política "normal". Desde su toma del poder, el FPR decreta un nuevo período de transición que debe durar cinco años y suspende las actividades de los partidos políticos, no obstante sin prohibirlos. Y, efectivamente, los partidos ya no funcionan: el comité político del MDR hará una última tentativa publicando el 6 de noviembre de 1994, una Posición del partido MDR sobre los grandes problemas actuales de Rwanda crítica con el poder instalado; posteriormente, el partido, o lo que queda de él, será reducido al silencio. Del mismo modo, el resto de partidos políticos no despliegan la menor actividad. En cuanto al FPR, no es en propiedad un partido político. No lo ha sido nunca, habiendo rechazado, por otra parte, ser tildado de tal, y desde su ascenso al poder, no ha desplegado actividad alguna de las habitualmente asociadas a un partido político. Tanto como decir que actualmente Rwanda es un Estado sin partidos, donde la toma de decisiones políticas se realiza en un pequeño círculo muy cerrado en el seno del FPR, donde el debate político es inexistente.
En cuanto a la sociedad civil, se ha ido desmoronando bajo el embate de dos fenómenos complementarios, como son la militarización y la polarización étnica. Exactamente igual que la población y sus élites especialmente, está escindida físicamente. La mayoría de los cuadros del mundo asociativo se encuentran en el extranjero, desperdigados en una gran núemro de países de Africa, Europa y América del Norte. Sin embargo, sigue existentiendo una sociedad civil activa fuera de Rwanda, y ello de dos maneras. Por un lado, en los campos de refugiados se desplegó rápidamente una gran acticidad, especialmente en el Zaire. Además de organizaciones de tipo humanitario, sanitario, educativo, se observaba la presencia de "grupos de reflexión" de toda clase, por ejemplo "La Chandelle", en Goma o "Ihuriro", en Bukavu. Estas numerosas ONGs estaban agrupadas en un colectivo, con "polos" en Goma y Bukavu. Evidentemente, estas actividades terminaron como consecuencia de la dispersión, eliminación física y repatriación "voluntariuo-forzada" de los refugiados en noviembre-diciembre de 1996 (ver infra). Por otra oartre, cuadros de las asociaciones existentes en Rwanda antes de abril de 1994, que se exiliaron a otros lugares, siguen reuniéndose y tomando postura, pero - aunque a veces se hayan creado nuevas asociaciones (por ejemplo "Rwanda pour tous") - se trata de acciones relativamente individuales. En el interior del país, algunas antiguas asociaciones han retomado sus actividades, mientras que otras han sido creadas de nuevo. Entre las antiguas, el Comité de concertación de las organizaciones de apoyo a las iniciativas de base (CCOAIB) ha sido relanzado, pero las actividades de esta cúpula de sus asociaciones/miembros están estrechamente controladas. La mayoría de las asociaciones nuevamente nacidas han surgido del genocidio, cuyas secuelas quieren combatir: ayuda a la huérfanos y viudas, por ejemplo, pero igualmente necesidad de memoria y reparación (p.ej. asociación IBUKA - recuerda).
La importancia de los actores armados ha crecido de manera inversamente proporcional al declive de los partidos políticos y del movimiento asociativo. Se ha asistido a un vuelco de papeles: la antigua rebelión está en el poder y el APR, ejército del FPR, se ha convertido en "ejército nacional"; el antiguo ejército gubernamental (FAR), así como las milicias de los partidos políticos de la antigua esfera presidencial, se encuentran en el extranjero, en el Zaire especialmente, donde, a pesar de la guerra, siguen constituyendo una fuerza potencial de invasión. Signo de la preocupante evolución que Rwanda ha recorrido, los principales actores son hoy militares, y su importancia no parece que vaya a disminuir. En Rwanda, el interior del país está dominado por el ejército, el poderoso Department of Military Intelligence (DMI), los abakada (cuadros locales del FPR) y, en el centro, un reducido círculo de dirigentes del FPR. En el exterior, se encuentran las antiguas FAR y milicianos, algunos de los cuales han recibido entrenamiento paramilitar.
Esta militarización de la escena ruandesa, donde los actores civiles se han eclipsado, constituye evidentemente un factor político de primer orden. Las acciones violentas llevadas a cabo por elementos próximos al antiguo poder y las operaciones militares del nuevo ejército, afectan generalmente a los civiles. Además, las violencias y los bloqueos desacreditan progresivamente cualquier enfoque político e instalan a los diversos actores en un espíritu de confrontación armada. Así, algunos opositores al régimen, que antes esperaban negociar una solución política, temen cada vez más que no conseguirán nada si no ponen en pie una amenaza militar creíble. A su vez, el régimen reacciona con la intransigencia, contribuyendo de este modo a profundizar el callejón sin salida.
5. Continuidad en los modos de gestión
La continuidad en la gestión de los regímenes que se han sucedido es chocante. Las prácticas del poder del FPR recuerdan en efecto a las de la época del partido único. Como ha quedado dicho más arriba, un círculo restringido de dirigentes del FPR toma las decisiones importantes, mientras el gobierno está limitado a la gestión del día a día, con el parlamente fuera de juego. Otra continuidad se refiere a la impunidad. Mientras que bajo el antiguo régimen, los atentados, asesinatos y matanzas de poblaciones (p.ej. en el Bugesera, Kibuye y en el Noroeste en 1992-93) no fueron nunca objeto de instrucciones judiciales y menos todavía de persecución y condena, el nuevo régimen mantiene esta práctica. Los militares del APR, autores de atentados y asesinatos (por ej., por no citar más que dos de una lista larga, el del prefecto de Butare P.Cl.Rwangabo y el del alcalde de Roshashi V.Munyendamutsa), incluso de matanzas de civiles a mayor o menor escala (p.ej., en Kibeho, Kanama, Muramba), no han sido molestados. Es verdad que ha habido militares que han sido perseguidos, pero sus procesos generalmente han sido instruidos a causa de infracciones de derecho común (por ejemplo un robo en la embajada de Tanzania en Kigali o también un asesinato cometido con ocasión del robo de una motocicleta) o por casos previstos en el código militar (deserción, insubordinación). En los escasos casos en que militares han sido juzgados por matanzas de civiles, las infracciones han sido imputadas a oficiales individuales que habrían sido culpables de actos de negligencia (por ejemplo el coronel Ibingira) o de venganza (por ejemplo el mayor Bigabiro). Las matanzas nunca han sido reconocidas en cuanto tales, ni sus responsables han sido perseguidos.
Del mismo modo que hay una continuidad en la naturaleza del poder, la hay, y sorprendente, en la naturaleza del Estado. La antigüedad de la tradición estatal juega aquí un papel indudable: a penas dos años después de la destrucción humana y material extrema que conoció el país, el Estado ha sido reconstruido. Rwanda es de nuevo "administrado" de arriba a abajo, el territorio está encuadrado por autoridades territoriales, militares y de seguridad, se ha instalado una justicia, rentas fiscales son generadas, percibidas y gastadas...El poder lleva a cabo una política del máximo control del Estado y de la sociedad. Esta voluntad se expresa concretamente por medio del mantenimiento de un ejército eficaz en sus operaciones en el interior, pero igualmente - volveremos sobre ello - más allá de las fronteras nacionales; "la creación de aldeas" (los "imidugudu"); las tensas relaciones, cargadas de desconfianza con la ONU y las ONGs; la puesta en marcha de un importante aparato de seguridad (DMI en el interior, ESO en el exterior). Mientras otros Estados africanos que no han conocido semejante catástofre - ni mucho menos - muestran una tendencia hacia la delicuescencia, el Estado ruandés se ha reafirmado con vigor. La fuerza de esta tradición se reveló por otra parte del mismo modo en las comunidades de refugiados en Zaïre y Tanzania, dado que se pusieron en pie inmediatamente en los campos una organización y prácticas cuasi-estatales (creación de células, sectores, municipios y prefecturas extraterritoriales; mantenimiento de registros de todas clases; emergencia de autoridades político-administrativas; cobro de tasas "para el esfuerzo de la guerra"; mantenimiento de las estructuras de las ex-FAR, cuya mayor eficacia que el ejército zaireño veremos posteriormente).