Las matanzas en el este del antiguo Zaire, principalmente por las fuerzas tutsis del actual presidente Laurent Kabila y sus aliados, fueron tan "masivas y sistemáticas" que se puede hablar de "crímenes contra la humanidad" y quizás de un genocidio, según un informe de la ONU.

"Hay indicios graves que permiten afirmar que personas pertenecientes a las dos partes del conflicto" en el este de Zaire entre septiembre de 1996 y mayo pasado -cuando Kabila se hizo con el poder en Kinshasa-, "probablemente cometieron violaciones graves del derecho internacional humanitario", dice el informe.

Dado que la mayoría de las víctimas pertenecen a la misma etnia -hutus ruandeses, zaireños y burundeses-, y dados los métodos empleados, cabe preguntar si "se planificó y se cometió un genocidio", señala la misión creada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para investigar las presuntas masacres.

La misión "se reserva por ahora su respuesta" sobre el genocidio ya que no pudo investigar "in situ" ante la negativa del Gobierno de Kabila que vetó al chileno Roberto Garretón, uno de los tres miembros de dicha misión.

En vista del veto del Gobierno de la República Democrática de Congo (antiguo Zaire) a Garretón que imposibilitó la misión, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió y recibió el pasado martes el apoyo del Consejo de Seguridad para enviar otra delegación.

El Gobierno de Kabila ha asegurado que cooperará con esta misión, aunque se desconoce quienes la integrarán y cuándo viajará al país africano.

Desde la misión preliminar de Garretón en marzo pasado, quien señaló entonces que existían unas 40 fosas comunes, "se ha cuadruplicado el número de denuncias de matanzas y fosas comunes", señala el nuevo informe enviado a la Asamblea General de la ONU.

La misión señaló que existían 134 denuncias de matanzas cometidas principalmente por las fuerzas de Kabila (la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire, AFDLCZ) y los rebeldes banyamulenges que las apoyaban .

Las víctimas eran "frecuentemente" refugiados a los que se acusaba de pertenecer a las milicias extremistas hutus ruandesas, soldados del Ejército derrotado de Ruanda, o habitantes zaireños hutus que habían ayudado a los refugiados, agrega el informe.

Más de un millón de ruandeses hutus -civiles, milicianos y soldados- se refugiaron en el este de Zaire a mediados de 1994, por temor a las represalias por el genocidio de medio millón de tutsis y hutus moderados perpetrado por extremistas hutus en Ruanda.

En su informe, la misión rechazó las objeciones de Kabila al relator especial Garretón, pero propuso remontar el periodo de investigación hasta abril o julio de 1994, en lugar de septiembre pasado. Por su parte, el Gobierno congoleño pidió que las indagaciones lleguen hasta marzo de 1993.

Garretón señaló que murieron al menos 100.000 refugiados en el antiguo Zaire, sin embargo el alto funcionario de la ONU, Ralph Zacklin, dijo la pasada semana que posiblemente el número de víctimas asciende a 200.000.

Según las denuncias recibidas por la misión, el 68,02 por ciento de las violaciones del derecho humanitario internacional fue cometido por las fuerzas de Kabila, los banyamulenges y sus aliados.

Un 16,75 por ciento de las denuncias eran contra el Ejército del derrocado presidente de Zaire Mobutu Sese Seko y un 9,64 contra las milicias hutus y los antiguos soldados del Ejército ruandés derrotado.

El 2,03 por ciento de las atrocidades denunciadas fueron perpetradas por el Frente Patriótico Ruandés -dominado por los tutsis-, que en 1994 derrotó al regimen hutu de Ruanda y ayudó a las tropas de Kabila en su ofensiva contra Mobutu; otras tantas denuncias eran contra el ejercito tutsi de Burundi.

El 1,52 por ciento de las denuncias se referían a los crímenes cometidos por los mercenarios aliados con las fuerzas de Mobutu. Las matanzas y violaciones de los derechos humanos en el este de Zaire, se materializaron en ataques indiscriminados contra los campamentos de refugiados; el bloqueo "sistemático" de la ayuda humanitaria a los campamentos; la "política despiadada" de no hacer prisioneros; y la intimidación para forzar a los refugiados a huir a la selva o a zonas hostiles, señala el informe.

Ante la "gravedad y el número" de denuncias, la comunidad internacional debe dar máxima prioridad a la "urgente necesidad" de poner fin a las atrocidades y asegurar investigaciones a fondo, "imparciales y objetivas" sobre si hubo un genocidio, cuyos autores podrían ser juzgados por tribunales internacionales como se decidió para la ex Yugoslavia y Ruanda.

La misión, que denunció las "ejecuciones sumarias" perpetradas en Kinshasa tras la toma del poder por las fuerzas de Kabila, pidió una investigación en "todo" el territorio del país.

Propuso a la ONU y al Consejo de Seguridad enviar observadores militares o policías a las zonas inseguras del país, abrir corredores humanitarios para acceder hasta los refugiados que se esconden en la selva y tomar medidas para asegurar una investigación a fondo e imparcial.