Cuando por fin el 26 de julio de 1996 el mayor Piere Buyoya decide finalizar su sangriento golpe de Estado iniciado el 21 de octubre de 1993, promete una rápida vuelta a la normalidad. Sin embargo, sus primeras decisiones revelan inmediatamente su inequívoco deseo de mantener el statu quo, pase lo que pase: la inclusión en el ejército de las tristemente célebres milicias tutsi y el agrupamiento de los hutus en inmundos e inhumanos campos de concentración echan por tierra definitivamente las esperanzas de una pronta pacificación de Burundi.
A pesar del embargo total -violado por prácticamente todos- decretado por los países limítrofes para forzar Buyoya a abandonar el poder, este se las ingenia para aguantar las presiones hasta conseguir que sea parcialmente levantado. A cambio Buyoya se aviene a participar muy a regañadientes en las negociaciones de paz de Arusha (Tanzania). Para darse a sí mismo una apariencia internacionalmente aceptable primero logra provocar el estallido del partido FRODEBU (Frente para la Democracia de Burundi) en dos partes y posteriormente consigue forzar la firma de un acuerdo de gobierno con el ala interior del partido que acababa de expulsar del poder. En virtud de este acuerdo se forma una atípica coalición gubernamental que carece de credibilidad tanto de cara al interior como de cara al exterior. Además organiza un simulacro de consultas internas para la pacificación que acaban en nada. Todos los intentos de contactar a la diáspora hutu terminan en el fracaso más rotundo.
En realidad ninguna de estas artimañas ha servido para convencer a nadie sobre la capacidad de Buyoya de resolver la crisis burundesa: es difícil de creer que un conocido incendiario se vuelva repentinamente un diligente bombero. Con frecuencia la prensa internacional -próxima a o más bien pagada por el régimen- presenta a Buyoya como un moderado y el único capaz de controlar a los extremistas tutsi. El tiempo transcurrido desde el golpe de Estado (tres años) así como los continuos crímenes cometidos por el ejército monoétnico muestran que los extremistas tutsi con Buyoya a la cabeza ya están gobernando y no desean tener a ningún competidor. Siendo las cosas así, nadie debe extrañarse de que los dos frentes, a saber el ejército tutsi y el gobierno, por una parte, y los grupos armados hutu, por otra, permanezcan cada uno en sus posiciones. En cuanto a las negociaciones de Arusha el bloqueo es prácticamente total. Y en medio se encuentra el pueblo hutu cuyo papel no es otro que el de morir en silencio.
En cuanto al interior de Burundi, fieles a su modo de actuar, los soldados tutsi generalmente evitan enfrentarse directamente a las fuerzas hutu. Cuando reciben el aviso -habitualmente de parte de los campesinos hutu- de que los rebeldes armados están en las cercanías, permanecen en sus cuarteles hasta que aquellos abandonan los lugares. Después se presentan como si vinieran a desalojar al enemigo y la emprenden a tiros y granadas con los mismos campesinos que les avisaron acusándoles de colaborar con la rebelión. En caso de producirse algún enfrentamiento armado y cae algún soldado tutsi, la venganza es inmediata y absolutamente ciega: así familias enteras hutu han sido aniquiladas. Generalmente justifican las matanzas aduciendo que la gente que no abandona -con o sin aviso previo- la zona de combate debe ser considerada enemiga o que es difícil distinguir la población civil de unos rebeldes que, como ellos mismos ya saben, van perfectamente uniformados. Así, a lo largo del mes de agosto más de 400 campesinos hutu fueron masacrados en los alrededores de la capital Bujumbura. Por otra parte, hace poco se emitió una orden que impide que dos hutus puedan pasear juntos o reunirse en lugar público. Esta orden encubre el permiso que se da a las milicias tutsi, reactivadas y armadas para la ocasión, para disparar indiscriminadamente contra cualquier grupo de hutus. Peor aún, éstos podrán ser eliminados uno a uno sin dejar ni rastro. Y si a esto se añade la expresa prohibición -bajo pena de muerte- de que los periodistas internacionales vayan a ver e informar sobre lo que ocurre, se puede adivinar lo que les espera a los hutus que viven en esa zona.
Para colmo de males, si antes los hutus podían salir huyendo hacia Rwanda o la R.D. Congo, hoy estas dos vías de escape están cerradas. Además, como toda la frontera entre Burundi y Tanzania ha sido minada, ni siquiera vale la pena iniciar una mortal caminata que conduce inexorablemente hacia unos paupérrimos campos de refugiados ya abarrotados. En este ambiente la desesperación es total: los supervivientes de la limpieza étnica de 1995 que han osado regresar a los escombros de sus antiguos barrios esperan estoicamente que cualquier noche sus vidas sean segadas por una ráfaga de ametralladora o una granada. Saben que no son kosovares ni timoreses y que nadie acudirá a socorrerles.
A la vista de lo que está ocurriendo no hay que extrañarse de que la justicia canadiense haya admitido a trámite una querella contra Buyoya por crímenes contra la humanidad, presentada recientemente por varios supervivientes de las sucesivas matanzas cometidas por el ejército tutsi.
Ciertamente las acciones de la rebelión no son tan sanguinarias como las del ejército gubernamental. Sin embargo, no cabe pasar por alto los castigos a veces bárbaros que son infligidos a aquellos que son acusados de colaborar con el enemigo. De este modo la población se encuentra atrapada entre dos fuegos y sin escapatoria.
Las últimas acciones militares ocurridas en torno a la capital parecen sugerir que la rebelión hutu estaría en condiciones de tomar Bujumbura. Sin embargo, la correlación de fuerzas en la Región de los Grandes Lagos desmiente esta posibilidad. Por una parte, cabe dudar de que las fuerzas hutu se hayan acercado tanto sabiendo que los hutus que se encuentran en la coalición gubernamental son verdaderos rehenes del régimen. Tanto es así que ningún alto cargo hutu se ha atrevido hasta ahora a condenar públicamente las atrocidades a las que el ejército gubernamental somete el pueblo hutu. Por el contrario son utilizados para calmar una población que sabe demasiado bien lo que está pasando o son enviados al exterior para intentar convencer a la diáspora hutu. Además ningún grupo armado hutu ha reivindicado la autoría de los ataques a algunos barrios de Bujumbura. Más decisivo aún, no hay ninguna duda de que, si el régimen de Bujumbura se viera realmente en apuros, las tropas rwandesas (de las cuales un destacamento de unos 400 soldados ya se encuentra cerca de la capital, desde principios de año) y ugandesas acudirían en su ayuda. Probablemente las fuerzas hutu sólo se contenten como mucho con hostigar de vez en cuando las tropas de Buyoya, aunque estas acciones provoquen las horrendas matanzas a las que Buyoya nos tiene acostumbrados. Estos ataques parecen ser más bien una de esas acostumbradas maniobras de Buyoya para engañar a la comunidad internacional sobre el verdadero autor de las matanzas.
El miedo mutuo de hutus y tutsis se palpa sobre todo cuando se acerca el momento de un nuevo encuentro en Arusha: cada cual quiere recordar a su oponente que las cosas van en serio poniendo un cierto número de muertos o de acciones militares espectaculares sobre la mesa. Buyoya y sus extremistas recuerdan a los hutus que pueden matarlos cuando y como quieren; los hutus recuerdan a los tutsis que también ellos ya disponen de armas y que pueden matar o bloquear el país (de hecho el tejido económico está completamente destruido). Así se preparó la reunión de 13 de septiembre. En este sangriento toma y daca quien siempre tiene las de perder es la población civil, sea hutu o tutsi. Este círculo infernal se romperá sólo con la intervención de una fuerza de pacificación: a pesar de su pésimo papel en Rwanda y en otros conflictos, la ONU, con el apoyo de la OUA, sigue siendo la mejor opción. La cuestión que se plantea es: ¿cuándo?.