La investigación sobre el atentado que hizo bascular Rwanda hacia el genocidio:
El juez Jean-Louis Bruguière ha cerrado la instrucción sobre el derribo
del avión del presidente Habyarimana el 6 de abril de 1994
"Le Monde" ha podido consultar el informe final que imputa la responsabilidad del atentado al Frente Patriótico Ruandés (FPR) del general Kagame, hoy en el poder en Kigali. Conducida desde hace seis años a petición de las familias del equipaje francés que perecierón en este atentado, la investigación del juez de instrucción Jean-Louis Bruguière sobre el derribo del Falcon 50 del presidente Juvénal Habyarimana - hecho desencadenante, el 6 de abril de 1994, del genocidio del que fueron víctimas más de medio millón de tutsi en el "país de las mil colinas" - concluye asignando la responsablidad al FPR, ex-movimiento rebelde hoy en el poder en Kigali.
En un informe de 220 páginas, que le Monde ha podido conocer, fechado el 30 de enero de 2004 y titulado "Resultado de la investigación de la división nacional antiterrorista de la dirección general de la policía judicial", el general Paul Kagame, ex-jefe rebelde y actual jefe del Estado ruandés, es designado como el principal "decisor" del atentado, a la cabeza de una lista de diez oficiales superiores del FPR y de dos "servidores de los misiles suelo-aire" disparados contra el avión presidencial, que han sido también identificados.
En Kigali, en un clima extremadamente tenso tras la marcha de las tropas francesas en diciembre de 2003 y la llegada de 2.500 cascos azules de las Naciones Unidas para garantizar el fin negociado de una guerra civil salpicada de masacres y asesinatos políticos, el asesinato del presidente Habyarimana fue la señal para la mayoría hutu, a la que Habyarimana pertenecía, de una matanza generalizada "para vengar al jefe". Encuadrado por responsables del antiguo régimen, este genocidio perpetrado contra los tutsi -alrededor del 15% de la población- solo terminó, tras cien días de baño de sangre inaudito, con la victoria militar del FPR.
La investigación del juez Bruguière, basada en centenares de testimonios, decenas de comisiones rogatorias y numerosas misiones de entre-ayuda judicial en el extranjero, ha gozado del consurso de varios disidentes del FPR, exiliados en lugar seguro, entre los cuales un miembro del "network comando", la estructura clandestina colocada directamente bajo las órdenes del general Kagame y encargada del atentado.
En su audiencia, este testigo-clave se explica sobre la hipótesis -a priori monstruosa- según la cual el FPR, movimiento rebelde nacido en la diáspora tutsi, haya podido sacrificar, en aras a la toma del poder, a los "tutsi del interior", esto es, los parientes que permanecieron en el país después del fin, en 1959, de la hegemonía política de la etnia minoritaria en Rwanda. "Paul Kagame no tenía sino poca consideración por los tutsi del interior, los cuales casi eran asimilados a los hutu, afirma el capitán Abdul Ruzibiza. Los tutsi del interior eran enemigos potenciales que era preciso eliminar lo mismo que los hutu para tomar el poder, objetivo esencial de Paul Kagame".
Otro disidente, Jean-Paul Mugabe, refugiado político en los Estados Unidos, ya en mayo de 2000, había imputado la responsabilidad del atentado contra el Falcon 50 al FPR, con esta advertencia: "los genocidas hutu, que han matado a tutsis sin defensa y el resto de revisionistas y grupos extremistas no deberían servirse del testimonio presente para negar la existencia del genocidio contra los tutsi y pretender que el crimen de Kagame sobre Habyariamana daba derecho a masacrar a los tutsi que no tenían relación alguna con Kagame. Los responsables del genocidio de 1994 deben ser perseguidos conforme al derecho internacional".
Aunque el informe de síntesis del 30 de enero de 2004 ha sido comunicado "de manera Informal" a la fiscalía de París, esta última todavía no se ha ocupado formalmente de las conclusiones de la investigación de Bruguière. "Si fuera el caso, la fiscalía debería decidir si dicta mandatos de arresto internacional por "asesinato en relación con una empresa o grupo terrorista", contra una decena de los más altos responsables del poder actual en Kigali, a excepción del presidente Kagame, que goza de la impunidad reconocida a los jefes de Estado en ejercicio", explica una fuente próxima a la investigación que añade: "Desde un punto de vista a la vez judicial y político, la elección del momento oportuno para este enfrentamiento de consecuencias diplomáticas potencialmente considerables sigue estando en debate".
Si, tanto en el Elíseo como en Quai d'Orsay, se afirma que "la justicia seguirá adelante", un consejero de Jacques Chirac, cubriéndose en el anonimato, reconoce que se ha hecho llegar a Bruguière "una consigna cívica" para que no active a la fiscalía en el contexto del décimo aniversario - inminente - del inicio del genocidio en Rwanda.
El comienzo de la obra exterminadora es conmemorado, todos los años, el 7 de abril, día siguiente al atentado contra el avión del presidente Habyarimana y primer día en Kigali de las masacres a gran escala que, posteriormente, se iban a extender por todo el país. Este año, numerosos dignatarios extranjeros - jefes de Estado y de Gobierno, ministros y representantes de organizaciones internacionales - son esperados en la capital ruandesa para conmemorar "el primer genocidio en tierra africana", que el mundo exterior nada hizo, en 1994, por impedir.
Más allá de esta no-asistencia a poblaciones en peligro de exterminación, Francia, aliada principal del antiguo régimen de Habyarimana, ha sido acusada de "complicidad con los genocidas". En París, donde se cree saber que "el FPR ha impreso ya un libro con presuntos testimonios de antiguos militares rwandeses que pretenden que oficiales franceses entrenaron a milicianos extremistas hutu, brazo armado del genocidio", se afirma que se desea sobrepasar el cabo "del paroxismo emocional" del décimo aniversario sin comprometerse "en una sórdida batalla de cadáveres".
Sin embargo, después de un relativo periodo de calma, la guerra secreta entre París y Kigali se ha relanzado de hecho desde hace un año. Sacando provecho de las desavenencias entre el general Kagame y su antiguo "tutor" regional, el presidente ugandés Yoweri Museveni, Francia no sólo ha "exfiltrado" hacia Kampala varios disidentes del régimen rwandés, hasta encontrarles posteriormente un exilio más seguro, sino que igualmente ha montado la operación "Artémis", el despliegue de 1.850 soldados europeos - entre ellos 1.500 franceses - en el noreste del Congo, de junio a octubre de 2003.
Más allá del hecho de detener las masacres en Bunia y de salvar la misión de las Naciones Unidas que estaba sobre el terreno, París habría desmontado "una tentativa de Rwanda de trasladar la guerra hacia su "hermano enemigo" ugandés por medio de milicias congoleñas interpuestas". Por su lado, Kigali, consciente de la espada de Damocles que la investigación judicial en Francia representa, ha eliminado físicamente varios informadores del juez Bruguière.
En este contexto cargado, la polémica corre el riesgo de eclipsar la pregunta sobre el valor intrínseco de la investigación llevada a cabo por la justicia francesa. Ésta, si miramos hacia el pasado, era sin duda la menos indicada para investigar el acontecimiento que hizo bascular Rwanda hacia el genocidio. Ahora bien, ha sido la única que se ha dotado de los medios adecuados para conocer la verdad; verdad, que las Naciones Unidas y, especialmente, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) han rechazado investigar y se ven hoy acusados de haber querido sofocar.
Stephen Smith