Desde hace más de diez años, Rwanda vive una tragedia sin igual en la historia de este país.

En efecto, el primero de Octubre de 1990 soldados del Frente Patriótico Ruandés (FPR) que vivían hasta entonces en Uganda, atacaron Rwanda haciéndola entrar en un ciclo de violencia sin precedentes. Ciclo de atrocidades que ha llenado de luto a miles de familias, que ha comportado una crisis económica de consecuencias desastrosas para la población, y que ha causado la destrucción de infraestructuras socio-sanitarias, poniendo así a la población superviviente en una desnudez total.

El soporte logístico, político y mediático del cual se ha beneficiado el FPR le ha permitido dirigir una guerra llamada de "liberación" que, a fin de cuentas, se ha convertido en masacres, éxodo de las poblaciones, violaciones, saqueos y destrucción de bienes.

El régimen democrático tan prometido se ha convertido en un sistema político-financiero basado en el favoritismo, el clanismo y el etnismo.

El "buen gobierno": la gestión del país se resume en el saqueo de los bienes del Estado por un grupo de militares que se han declarado por encima de la ley.

El Estado de derecho, argumento justificativo de la invasión, ha sido reemplazado por un régimen de represión sin igual en Africa.

Los derechos humanos: la violación de los derechos humanos se ha convertido en una práctica cotidiana desde 1990, superando de lejos la del régimen precedente que el FPR había combatido.

En efecto, los artículos 51 y 76 del Protocolo adicional de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de la población civil impone la protección de los niños y las mujeres. El artículo 35 estipula:

Además, el artículo 57 relativo a las precauciones en el ataque del protocolo I de la Convención de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 estipula:

Estos artículos han sido violados constantemente por el FPR en Rwanda y actualmente en la República Democrática del Congo. Los agresores se libran al exterminio de las poblaciones civiles en el país o los territorios ocupados con un método de "limpieza", término utilizado por ellos y que conduce directamente a crímenes contra la humanidad. En las regiones vaciadas de sus poblaciones locales, los ocupantes despliegan a las poblaciones tutsis que vienen de otros países o dejan las colinas sin ocupantes para convertirlas en pastos.

Habiendo sido el FPR el primero en hablar de depuración étnica, ¿cómo califica esta práctica de guerra que diezma a familias enteras? ¿Cómo puede, la comunidad internacional, justificar las maniobras criminales del FPR? Puede continuar ignorando a los representantes de la sociedad civil interna y de la diáspora congoleña, burundesa y ruandesa que reivindican la protección de la población y el respeto de sus derechos? ¿Hasta cuando se callarán los testimonios de estos crímenes? ¿Existen pueblos que no tienen derecho a la justicia? ¿Quién se reconoce el derecho de decretar esta injusticia?

El análisis que sigue quisiera presentar la situación en Rwanda en el curso de los primeros meses de este siglo (2001). Su preocupación es mostrar que la Justicia, la Democracia, la Paz y la Reconciliación constituyen condiciones indispensables para volver a dar esperanza a todos los ruandeses.

Es obligado constatar al fin y al cabo que el régimen establecido está lejos de crear las condiciones susceptibles de mejorar la situación comprometiéndose en un proyecto de sociedad capaz de iniciar resueltamente una verdadera reconstrucción del país.

Este documento ha sido realizado con el soporte y la colaboración de:

 Síntesis final terminada en Buzet (Bélgica), el 4 de abril del 2001.

1. LA SITUACIÓN POLÍTICA EN RWANDA

El Acuerdo de Paz de Arusha, firmado el 4 de Agosto de 1993 entre el Gobierno ruandés y el FPR, había constituido la base de una gestión política del país y de una verdadera reconciliación nacional. Este acuerdo fue el fruto de ásperas negociaciones sostenidas por las grandes potencias, a saber Estados Unidos, Francia, Alemania y Bélgica, bajo el patrocinio de la ONU y la OUA. Los países vecinos de Rwanda (Congo, Kenia, Burundi, Tanzania, Uganda) estaban igualmente presentes en el momento de la firma de este Acuerdo.

1.1. EL ACUERDO DE PAZ DE ARUSHA: LA GRAN DESILUSIÓN

Este acuerdo ponía fin por una parte a la guerra y por la otra sentaba las bases para un Estado de derecho. El Acuerdo consagraba el retorno de los refugiados tutsis, la instauración del Estado de derecho, el advenimiento de la democracia, el "buen gobierno" en Rwanda, la promoción de una gestión más sana y equitativa del patrimonio nacional.

Formaban parte integrante del Acuerdo de Paz:

• El Acuerdo de alto el fuego de Nsele, firmado el 29 de Marzo de 1991 y enmendado el 16 de Septiembre de 1991; no fue jamás respetado.
• El protocolo de Acuerdo relativo al Estado de derecho, firmado el 18 de Agosto de 1992 en Arusha.
• El protocolo de Acuerdo sobre la partición del poder, firmado en Arusha el 30 de Octubre de 1992 y el 9 de Enero de 1993.
• El Protocolo de Acuerdo sobre la repatriación de los refugiados ruandeses y la reinserción de las personas desplazadas, firmado en Arusha el 9 de Junio de 1993.
• El Protocolo de Acuerdo relativo a la integración de las fuerzas armadas de los dos partidos, firmado en Arusha el 3 de Agosto de 1993.

Este Acuerdo preveía además el establecimiento de un Gobierno de Transición de Base Amplia (GTBE) y una Asamblea Nacional de Transición en un plazo que no superase los 37 días, seguido de elecciones generales en dos años.

De entrada, parecía que este Acuerdo de paz solo era, para el jefe del FPR, un ardid para alcanzar su objetivo primero, que era la toma del poder por las armas, aunque fuese al precio de un baño de sangre. Con este objetivo, el FPR no cesó jamás sus preparativos en vista a continuar la guerra.

Muchos hechos lo prueban:

A medida que el FPR preparaba la inminencia de la guerra, brigadas formadas militarmente y ideológicamente eran dispersadas por todas las colinas del país. En la vigilia del 6 de Abril de 1994, estos infiltrados eran particularmente numerosos en la ciudad de Kigali. Observadores informados estiman su número en 4.000.

Camiones escoltados por la MINUAR trasegaban a la ciudad de Kigali militares del FPR desde su cuartel general de Mulindi. Partían con el pretexto de buscar agua y víveres para el batallón del FPR acantonado el los edificios del Parlamento ruandés (Consejo Nacional de Desarrollo: CND). Jean Pierre Mugabe, un antiguo oficial de información del FPR lo dice en estos términos:

En Mulindi, las tropas del FPR habían recibido como consigna de su jefe, Paul Kagame, que estuviesen preparados para la batalla final.

Jean Pierre Mugabe atestigua aún sobre el estado de espíritu del FPR hacia este Acuerdo:

Paralelamente, el FPR intensificaba la campaña de intoxicación mediática para diabolizar al régimen establecido y alzar a los partidos de la oposición y a la población los unos contra los otros.

Es en este clima político de finales de 1993, principios de 1994, que el FPR hizó asesinar a diferentes líderes políticos, en particular: Emmanuel Gapyisi (miembro de la Mesa política del MDR y presidente del MDR en Gikongoro); Félicien Gatabazi (ministro de Trabajos Públicos y secretario ejecutivo del PSD); Martin Bucyana (presidente del CDR); Fidèle Rwanbuka, diputado del MRND).

En el mismo período, las poblaciones de las zonas tampones ocupadas por el FPR eran sistemáticamente "purificadas" de los elementos supuestamente hostiles al FPR: los intelectuales, los comerciantes, los responsables de sectores y células, así como los alcaldes. Estas masacres fueron seguidas del asesinato del presidente Habyarimana.

Otro oficial del FPR, actualmente en el exilio, Christophe Hakizabera, revela:

Este asesinato y sus consecuencias trágicas dieron al FPR y a Paul Kagame la ocasión esperada para enterrar definitivamente el Acuerdo de Paz de Arusha y tomar el poder por la fuerza.

El primer artículo de este acuerdo estipulaba: "Se pone fin a la guerra entre el FPR y el gobierno ruandés". Desde la reanudación de las hostilidades el 6 de Abril por la mañana, el Acuerdo de Arusha era violado y vaciado de oficio de su sustancia.

Los hechos hablan por ellos mismos:

El atentado del 6 de Abril de 1994 y la reanudación de la guerra constituían ya una violación flagrante del Acuerdo de Paz de Arusha. La comunidad internacional asistió a ella con indiferencia, sin denunciarla ni intentar detener las masacres.

A raíz del establecimiento del "Gobierno de unión nacional" el 18 de Julio de 1994, el FPR se arrogó el derecho de modificar el Acuerdo de Arusha según sus intereses. En efecto:

• El FPR se acapara de la Presidencia de la República, cargo reservado al MRND.
• El FPR crea el cargo de vicepresidente para su hombre fuerte; militares del FPR son nombrados para la Asamblea Nacional.
• La duración de la transición, inicialmente prevista para dos años, es fijada en cinco años y después prolongada 4 años más.
• El FPR amordaza todas las otras formaciones políticas que terminan por ser reducidas a foros que reciben órdenes del FPR y simples peones de justificación de un multipartidismo engañoso.

Por una hábil campaña de intoxicación a merced de las circunstancias, el FPR manipula este acuerdo muerto al nacer, al cual recurre cuando le saca algún provecho.

1.2. LA DEMOCRACIA

1.2.1. El FPR se transforma en partido-Estado

La promoción de los valores democráticos no interesa al FPR. De este modo lo ha dispuesto todo para asegurarse el control de todos los poderes, menospreciando los principios elementales de la democracia. Los líderes de los partidos políticos, los intelectuales o hombres de negocios son asesinados o obligados a escoger entre la sumisión incondicional al FPR o el exilio.

Según Alipe Ndukiyaremye, antiguo magistrado bajo el régimen del FPR:

Todo el poder está en las manos del hombre fuerte de Kigali. En 1994, se erigió en vicepresidente (cargo no previsto en el Acuerdo de Paz de Arusha) y ministro de Defensa. Este primer cargo, que no está regido por ningún texto del Acuerdo de Arusha, junto con el de jefe del ejército, le permite ejercer poderes ilimitados y incontrolados. Así, este cúmulo de poderes ha permitido a Paul Kagame:

• Excluir al presidente hutu del FPR, Alexis Kanyarengwe, en Febrero de 1998 para ocupar su lugar.
• Aplastar a Faustin Twagiramungu, primer ministro designado como tal por el Acuerdo de Arusha.
• Nombrar militares del APR en la Asamblea Nacional de Transición.
• Nombrar o destituir a voluntad a los miembros de la Asamblea Nacional de Transición, el Gobierno, la Magistratura, el Ejército y todos los órganos de la Administración en cualquier escalón.

El cargo de vicepresidente que ocupava no ha sido nombrado hasta el momento. Según un testimonio ocular, a raíz de una conferencia de prensa consecutiva al juramento como presidente de la República el 22 de Abril del 2000, un periodista preguntó a Paul Kagame si contaba nombrar un vicepresidente. Este respondió "Vice-Président wo kumara iki?", literalmente "un vicepresidente para qué?" Hay razones para creer que el cargo de vicepresidente era una necesidad ya que hacía falta un tutsi, miembro del FPR, para controlar al presidente hutu, que no fue más que una marioneta, un "hutu de servicio".

1.2.2. La privatización del poder

Un grupo de antiguos refugiados, próximos de Paul Kagame, lo ha dispuesto todo para concentrar el poder en manos de un círculo restringido del FPR. Un grupo de observadores, que sigue regularmente lo que pasa en Rwanda, señala:

1.2.3. La instauración de un Estado policial

Los responsables a todos los niveles de la administración territorial (prefectos, alcaldes, concejales de sectores y responsables de células) son escogidos en su mayor parte entre los mandos civiles y militares del FPR.

Una red paramilitar constituida por grupos armados del FPR, la Local Defence Force, está omnipresente en todas las células.

Fijémonos que 50.000 personas armadas, dispersadas entre la población, sin salario pero con autoridad sobre la gente, pueden ir a la deriva. Esta situación recuerda a los regímenes totalitarios en la historia.

Estos "ángeles guardianes" tienen por misión "oficial" luchar contra las infiltraciones y proteger a la población. La realidad es que siembran el terror y someten a todo elemento considerado hostil al FPR o insumiso.

Desde la instalación del FPR en el poder, se han creado campos de reeducación (ingando) para un adoctrinamiento ideológico de tipo marxista de la población. Esta ideología ha sido elaborada para el FPR por grupos de extrema izquierda en Europa. Estos campos sirven para acoger refugiados repatriados, en particular estudiantes e intelectuales hutus. Una historia de Rwanda, revisada a la manera del FPR, les es enseñada. El FPR recibe, sobretodo del Banco Mundial, fondos para financiar este programa. Aprovecha para proceder a la formación militar de la juventud.

1.2.4. La politización de la administración política

Esta estructura piramidal, utilizada para la movilización política de la población, era sobretodo funcional en el desarrollo médico-socio-económico del país. La estrategia estaba basada en los planes municipales de desarrollo, centrada pues en el desarrollo rural. Esta estructura, previamente muy criticada por el FPR, no tan solo se ha mantenido sino que se ha reforzado y dirigido hacia la instauración de un Estado policial.

En Diciembre del 2000, el número de municipios ha sido reducido a 106 unidades, ahora llamados distritos. Estos nuevos nombres han sido atribuidos a los municipios y a ciertas prefecturas. Esta medida es inquietante en la situación actual del país, donde investigaciones criminales están en curso y donde las que apuntan a los crímenes cometidos por el FPR están aún por empezar. Estos cambios perturbarán la identificación de los lugares y en consecuencia de los crímenes que se cometieron. Todo este trasiego apunta también a la destrucción de los archivos sobre el estado civil de las víctimas del FPR. La confusión creada pondrá una vez más a los criminales del FPR al abrigo de la justicia. Las nuevas entidades administrativas recuerdan extrañamente a las de antes de 1959, poniendo así un término a las aspiraciones de la población de reencontrar los derechos adquiridos en el referéndum democrático de 1961. Este referéndum organizado y supervisado por las Naciones Unidas había puesto fin al régimen feudal.

1.2.5. Una democracia sin partidos políticos

La transición inicialmente prevista para dos años, fue llevada a cinco y prorrogada 4 años más por el FPR para asegurarse solo el arbitraje del poder. Militares del FPR desmovilizados y dispersados en los diferentes rincones del país fueron presentados como los únicos candidatos a las elecciones de responsables de células y sectores. Estas elecciones se desarrollaron bajo el ojo vigilante de la Local Defence Force (LDF) y de la policia municipal.

1.2.6. Una mascarada electoral

Las elecciones del 6 de Marzo del 2001 han designado a los concejales de 106 distritos. Estos concejales asociados a los elegidos en Marzo de 1999 en las células y sectores, elegirán a los alcaldes de distritos. Recordemos que los elegidos de las células y sectores han sido elegidos en la plaza pública donde los electores, vigilados por la Local Defence Force y la policía municipal, debían ponerse en fila india detrás del candidato de su "elección". Las observaciones de las organizaciones de defensa de los derechos humanos no necesitan ningún comentario:

"Esta elección está falseada desde el principio y sus vicios son más importantes que las irregularidades constatadas el día del escrutinio" indicó Peter Takirambudde, el director ejecutivo de la División Africa de Human Rights Watch.

Ha añadido que más del 90% de las personas en edad de votar se inscribieron y muchas no votaron. No obstante, algunos votantes habrían indicado a Human Rights Watch que lo hicieron simplemente porque temían castigos o multas.

En ciertas localidades donde las autoridades no tenían candidatos, obligaron a los ciudadanos a presentarse, indicó Human Rights Watch, que añadió que las autoridades habrían desanimado a algunos candidatos potenciales considerados indeseables. "Un candidato se retiró después de haber recibido la visita de los soldados; otro después de haber recibido amenazas de arresto por teléfono. Tres candidatos potenciales habrían sido arrestados, uno en el este y dos en el centro del país."

El alcalde hutu elegido en Gaseke fue atropellado por un camión junto con sus 16 partidarios. Las circunstancias de este accidente han hecho decir a los testimonios oculares que se trata de un accidente provocado. Varios incidentes de este tipo o intimidaciones determinadas fueron señaladas en el conjunto del país.

1.2.7. La negación de las etnias

La teoria de la no existencia de etnias es un instrumento al servicio de la exclusión étnica en la vida "política".

La supresión de la mención étnica en las tarjetas de identidad no ha contribuido desgraciadamente a la integración de todos los grupos, ni en la gestión del país ni en los órganos políticos que supuestamente están detrás de la decisión política. Esta medida no ha borrado la identificación étnica en la sociedad ruandesa. Al contrario, disimula una situación de exclusión sistemática que provoca frustraciones profundas. Es el momento de darse cuenta de esta evidencia a fin de eliminar razones de tensiones que corren el riesgo de alcanzar proporciones insuperables. Burundi, que jamás ha tenido la mención étnica en la tarjeta de identidad, no ha escapado a esta segregación étnica.

Para J.H. BRADOL y A. GUIBERT:

El ejemplo siguiente es muy revelador:

Estamos en el derecho de preguntarnos si el Consejo europeo no debería añadir un artículo sobre la protección de los derechos de la mayoría a su posición común.

1.2.8. Los ataques a la libertad de expresión

La prensa ha sido purgada de elementos que anhelaban decir la verdad y que por esto han sido considerados hostiles al FPR.

Antes de la toma del poder por el FPR, Rwanda contaba con más de 60 publicaciones diferentes. ¿Cuántas quedan ahora? La razón de la toma del poder por el FPR ¿no era la liberación del pueblo? ¿Qué ha pasado con todos estos redactores? Muchos han sido condenados al exilio, otros están en prisión o han sido eliminados.

Igualmente la prensa privada, como otros medios de comunicación, está sometida a una censura sin piedad de las autoridades ruandesas.

Cuando en 1995 las raras ONGs que se habían atrevido a relatar los hechos desastrosos que sucedían en Rwanda fueron expulsadas, se produjo un vacío de información referente al país. Fue en este momento que se creó la Agencia Ruandesa de Prensa (ARP) que solo difundía información favorable al gobierno o al ejército. Sus comunicados eran tomados, sin verificación, como verdad exclusiva por ciertas agencias de prensa internacionales. Esto contribuyó a difundir en la opinión internacional informaciones falsas o medias verdades.

Muchos asesinatos y otras atrocidades fueron de esta forma atribuidos a los infiltrados por los medios propagandísticos. Citemos a título de ejemplo:

El APR ha hecho creer que sus actos terroristas eran obra de los infiltrados. Unos días más tarde, nos llegaban elementos de pruebas de preparación y ejecución acusando al FPR. Estos comunicados falsos no han sido jamás rectificados y han servido para manipular a la opinión internacional en momentos muy críticos en que la reputación del FPR estaba comprometida. Estos extranjeros y miles de víctimas africanas han pagado con su vida la superchería del FPR. Este tenía necesidad de culpabilizar a adversarios fantasmas para desviar la atención de la comunidad internacional de los crímenes que él mismo cometía.

¿Es que la prensa internacional se ha dejado engañar con facilidad, demasiado contenta del provecho que sacaba al llenar sus páginas de información internacional, o es que ha colaborado deliberadamente en esta política de intoxicación? En las dos hipótesis, ¿qué ha hecho con sus reglas deontológicas?

Para introducir el desorden y la confusión, el APR ha cedido el puesto a una agencia "privada", ARI (Agencia Ruandesa de Información), dirigida por el padre Privat Rutazibwa, que se había incorporado al FPR después de su ordenación sacerdotal en 1990. Difunde informaciones propagandísticas del régimen de forma muy astuta.

2. LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL FPR DE 1990 AL 2001

La guerra lanzada por el ejército del FPR ha diezmado la población ruandesa a todos los niveles. Los actos criminales del FPR han provocado también el éxodo masivo de los refugiados, primero en su propio país (un millón de desplazados apiñados en condiciones inhumanas en la entrada de Kigali, en Nyacyonga, a partir de 1994) y después más de dos millones serán dispersados en diferentes países africanos y europeos.

2.1. LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

Desde su agresión, el 01.10.90, el FPR es culpable de crímenes de guerra selectivos en el sentido que apuntaba únicamente a la población hutu y a tutsis afianzados. ¿Cómo calificar estos crímenes? Algunas ONGs o observadores extranjeros, Serge Desouter, Filip Reyntjens, Gérard Prunier, Human Rights Watch, por citar solo estos, no han dudado en considerar estos actos incalificables de "crímenes contra la humanidad". ¿Qué espera la ONU para abrir investigaciones sobre el FPR a fin de ayudar a Rwanda a encontrar la via de la Paz por la Justicia aplicando las convenciones relativas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificadas por la mayor parte de los Estados?

Los crímenes cometidos por el APR van de las masacres de población civil a las desapariciones, pasando por los arrestos arbitrarios y la discriminación en lo que concierne al derecho a la salud y la escolarización.

2.1.1. Las masacres de la población

Desde la invasión de Rwanda por el FPR, el 1º de Octubre de 1990, miles de civiles han sido masacrados en las prefecturas de Byumba y Ruhengeri.

La prefectura de Byumba, que contaba con más de 800.000 habitantes censados en 1991, ha visto a su población reducirse al menos de 150.000 habitantes en Abril de 1994.

El 6 de Abril de 1994, el atentado contra el presidente Habyarimana costó la vida a otras 12 personas, entre las cuales el presidente burundés y 3 franceses. Este atentado fue el detonante de las masacres de miles de civiles hutus y tutsis en todo el país.

El ataque al campo de refugiados de Kibeho en Abril de 1995 mató entre 8.000 y 10.000 personas, la mayor parte de ellas ancianos, mujeres y niños.

En 1996, en los municipios de Kanama (Gisenyi) i Nyakimana (Ruhengeri) más de 110 personas fueron asesinadas.

Según Alison Desforges, 2.000 personas fueron asesinadas en Mukingi (Gitarama) en 1996.

A propósito de estas masacres de refugiados en RDC, Jean Baptiste Nkuriyingoma, ex Director del ORINFOR bajo el régimen del FPR, afirma:

Según algunos testimonios, entre 1997 y 1999 miles de hutus del norte fueron asesinados en los municipios de la prefectura de Gisenyi: Karago, Rwerere, Kanama, Mutura, Nyamyumba, Giciye, Kibilira, por no citar más que estos casos extremos donde la población hutu fue bombardeada por helicópteros del APR pilotados por mercenarios. Otras personas fueron reagrupadas en casas y quemadas vivas.

En la prefectura de Ruhengeri, los municipios que fueron sobretodo objetivo de estos ataques fueron: Kinigi, Kigombe, Nyakinama, Mukingo, Gatonde, Ndusu, Nyarutovu, Nyamutera, Nkuli.  

En estos municipios, los comandos del FPR que cometieron masacres hablaban de "limpieza" y los testimonios de estas matanzas son numerosos. En estos casos, estos comandos habían desplazado a la población tutsis hacia los centros urbanos para masacrar sin dudar a la población rural.

Esta estrategia es aplicada en el Congo en las zonas controladas por el ejército ruandés. En muchos casos, las ONGs y los observadores de la ONU eran testimonios. Los que se han atrevido a testimoniar han sido expulsados simplemente por violación del silencio.

En Diciembre de 1997, alrededor de 7.000 personas escondidas en la cueva del municipio de Kanama fueron quemadas vivas por medio de granadas y después emparedadas.

Las milicias del FPR conocidas bajo el nombre de "Local Defence Forces (LDF)", que espiaban en todo el país, masacraron a miles de civiles bajo el pretexto que escondían a infiltrados.

El 14 de Diciembre de 1997, en visita a Rwanda, la Sra. Mary Robinson, Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, rompió el silencio diplomático sobre la situación de Rwanda. Condenó la ausencia de voluntad política de reconciliación, la violación de los derechos humanos, el aumento de la violencia relacionada con las operaciones del APR y la concentración del poder.

Un corresponsal de la BBC (British Broadcasting Corporation) afirma haber visto muchos cuerpos bajando por el rio Akagera el 16 de Junio del 2000.

El silencio de la comunidad internacional sobre estas masacres ¿no la convierte en cómplice de la violación de los derechos de la población y de la situación dramática que amenaza a toda la región?

2.1.2. Las persecuciones y arrestos arbitrarios

Para someter al pueblo ruandés, el FPR recorre a maniobras de intimidación sobre todo elemento perspicaz.

Varias categorías de la población son amenazadas:

Desde el ataque de Octubre de 1990, contrariamente a sus expectativas, el FPR fue mal acogido y la población incluso huyó de él después de las masacres de población en las zonas conquistadas. Esta actitud negativa de la población hacia el FPR provocó una represión ciega hacia las personas influyentes, a saber, los líderes naturales, los catequistas, los jefes de célula, los consejeros de sector, los profesores, los agentes sociales, los funcionarios, los comerciantes, etc. Estas categorías de personas, supuestamente hostiles al FPR, siempre son los primeros objetivos y las víctimas de ataques asesinos.

De retorno de Rwanda, un testimonio relató en una conferencia dada en Bruselas el 16 de Diciembre del 2000 que en las colinas muchos profesores y cargos locales que conocía habían sido asesinados y los otros estaban en prisión en Gisenyi.

Son estas personas que están más cerca de la población y que son testimonios molestos susceptibles de denunciar los crímenes del FPR a los extranjeros.

Hombres de negocios y toda persona que posea bienes son perseguidos y expulsados de su casa y sus bienes, considerados como botín de guerra por los conquistadores. Toda tentativa de recuperarlos es desalentada por los sindicatos de delatores (IBUKA) sostenidos por los militares, las autoridades del FPR, las milicias armadas (Local Defence Forces), que no retroceden ante nada, incluyendo el encarcelamiento y la liquidación física.

Los ex militares de las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR) a los cuales el FPR había prometido la reintegración en el nuevo ejército en aplicación de los Acuerdos de Arusha, han sido en la mayor parte masacrados o encarcelados bajo pretextos diversos.

Muchos otros han sido obligados a exiliarse y son constantemente perseguidos por IBUKA y la DMI. Así, por ejemplo, el coronel Rusatira, uno de los primeros oficiales en aceptar la integración en el APR, se encuentra en el exilio. Aunque salió pronto del país, el FPR lo ha puesto en la lista de la primera categoría. Muchos de sus compañeros de armas a los que animó a seguirlo al ejército del FPR o bien están en la cárcel o bien han desaparecido o sido asesinados.

Paralelamente, los que de cerca o de lejos tienen lazos de parentesco con los cargos de la Primera República o que jugaron un papel cualquiera durante o después de la independencia son acusados de estar en el origen del hundimiento del poder feudo-monárquico, ancestro del FPR. Niños y bebés son considerados globalmente como culpables. Así, ya en las zonas tampones administradas por el FPR entre 1991 y 1993, todos los responsables locales que habían sido miembros activos del antiguo MDR PARMEHUTU fueron salvajemente masacrados. Este factor ha servido constantemente de pretexto en cada avance del FPR sobre el territorio.

De la misma forma, los responsables políticos de los diferentes gobiernos de transición son acusados indistintamente de ser también responsables del genocidio y a este título considerados como culpables. Incluso aquellos que inicialmente eran presentados como moderados hoy han caido en desgracia, atacados y perseguidos, incluso en el exilio.

2.1.3. Las desapariciones

Según el informe de Amnistía Internacional del 23 de Junio de 1998, "Numerosos hombres originarios de la región noroeste fueron reagrupados y después arrestados en cuarteles. Algunos fueron liberados, pero otros aparentemente no han vuelto a aparecer. Así el ejército procedió a arrestos de rastrillada el 3 de Diciembre de 1997 en el sector de Kimisagara, el 14 de Diciembre en el de Gatsata y el 20 de Diciembre en el de Cyahafi, zona urbana de Kigali. Las víctimas eran escogidas por la simple razón que tenían papeles de identidad indicando que eran originales del Norte".

Entre 1997 y 1998, los controles de identidad eran sistemáticos. Una política consistente a incriminar a las personas únicamente por razón de su etnia y su región de origen ha sido la causa de arrestos a gran escala.

Según el mismo informe, "los autores de las desapariciones son soldados del APR, ayudados por civiles tutsis de la región y autoridades locales".

Las desapariciones no respetan a nadie, todas las categorias de la población son afectadas. Así, siempre según Amnistía Internacional en el informe citado:

En Febrero de 1998, muchas decenas de campesinos en el municipio de Rubavu (Gisenyi) fueron reagrupados por los soldados del APR y fueron conducidos por un vehículo militar a la gendarmería. Estos campesinos no volvieron a aparecer jamás. Se supone que están muertos. Hechos similares se reseñaron en varios municipios del país, sobretodo con ocasión de reuniones de población organizadas con este fin por las autoridades municipales en que los militares hacían irrupción y seleccionaban a la población basándose en listas preestablecidas.

Otras personas desaparecían en los controles de carretera. En las barreras los pasajeros son obligados a descender de los vehículos, deben ponerse en fila y pasan el control de identidad. Sobre criterios no establecidos, unos pueden continuar y los otros son arrestados.

En Kigali, los lugares conocidos por estos secuestros son:

• Las salidas de la ciudad de Kigali: Giti cy'inyni (el cruce de la carretera hacia Ruhengeri en la dirección Kigali-Gitarama), la estación de carretera de Nyabugogo, Mulindi (en la carretera de Rwamagana, cerca del campo militar de Kanombe).
• Las guardias judiciales de Remera, Muhima, Nyamirambo, Gikondo.

En las prefecturas de Ruhengeri y Gisenyi se pueden citar los campos militares de Muhoza (cerca del aeródromo de Ruhengeri), Mukamira y Bigogwe.

Para todos los ruandeses el término "desaparecido" sin dejar rastro significa simplemente "asesinado" sin testigos. Testimonios recientes dan conocimiento de nuevas desapariciones.

Amnistía Internacional denuncia las tristes condiciones de detención en Rwanda:

• La permanencia y detención durante varios años sin juicio.
• La reencarcelación de las personas poco después de su liberación, en ciertos casos después de su absolución por un tribunal.
• Las condiciones de detención; los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la tortura y los malos tratos, las violaciones.
• La detención ilegal de civiles por el ejército: en los cuarteles, containers, casas particulares y otros lugares secretos.
• En estos lugares no oficiales, los prisioneros están a merced de sus amos.

Las dificultades establecidas por el poder para mantener a las personas inocentes en la cárcel son descritas por la misma organización como sigue:

Además, la comida no está garantizada a los prisioneros todos los días. Es lo que el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Rwanda, el Sr. Michel Moussali, señala en estos términos:

En Agosto de 1998, las organizaciones de derechos humanos denuncian el envio de prisioneros a la RDC para servir de carne de cañón en la guerra de agresión que el FPR lleva a cabo en este país. Desde el año 2000, hay testimonios que señalan el envío de prisioneros a las minas explotadas por el FPR en RDC. Sobre esto, la agencia MISNA informa:

Sea cual sea la infracción cometida, los niños no pueden estar encerrados con los adultos. Su joven edad exige un marco psico-socio-pedagógico, medida que jamás ha sido contemplada en el caso de Rwanda.

En todo el país, en cada centro se cuentan varios calabozos. Los malos tratos y las torturas son numerosas. La ejecución de detenidos es corriente y sin ningún tipo de proceso; la familia normalmente no es informada.

Los calabozos más conocidos y famosos a causa de los actos criminales y las desapariciones son por ejemplo: el calabozo de la brigada militar de Muhima, el calabozo de Nyamirambo y el calabozo de Gikondo, encontrándose todos en la prefectura de la ciudad de Kigali.

Varios casos de este tipo han sido señalados diversas veces por todo el país por el ACNUR, la Cruz Roja Internacional y las organizaciones de derechos humanos.

Otros calabozos aún más mortíferos están localizados en cuarteles, campos militares, casas municipales y centros de la seguridad militar (DMI).

Desde la toma del poder en Julio de 1994, el FPR ha eliminado a la mayoría de la élite intelectual hutu, ya sea físicamente, moralmente, ideológicamente o políticamente. El FPR ha procedido igualmente al encarcelamiento casi sistemático de toda la gente formada que encontraba a su paso, todo ello en función de su agenda oculta. Las cárceles están abarrotadas desde entonces.

Para legalizar sus actos de violaciones flagrantes de los derechos humanos, el FPR ha promulgado leyes hechas a medida que le permiten mantener preventivamente a las personas encarceladas. Para ello ha creado un órgano legislativo nombrado y dominado por él. La mayor parte de los detenidos están encarcelados desde 1994 y sin ningún expediente de acusación.

Esta situación de denegación elemental de los derechos humanos se hace en nombre de leyes hechas a medida difícilmente calificables en las normas internacionales. De esta forma, una ley que suspende reglas relativas a la detención preventiva y a la libertad provisional, dispone que los que han sido encarcelados antes de 1997 permanecerán detenidos hasta 1999. Cuando ha vencido el plazo, la misma ley lo ha prolongado hasta el 2001. Cuando llegue la fecha, quien dice que no se fijará un nuevo vencimiento ya que esta detención preventiva no puede apelarse.

Para eternizar esta justicia basada en consideraciones étnicas, el gobierno ruandés incluso ha rechazado que vengan magistrados extranjeros a ayudar, arguyendo una cuestión de soberanía que esconde mal una voluntad del FPR de aniquilar a la población hutu mediante una mascarada de justicia, asimilándolos todos a genocidas.

La pena de muerte, prohibida por las convenciones internacionales, es de aplicación constante en Rwanda. A este respecto, el Consejo de la Comunidad europea ha declarado animar:

Rwanda no ha escuchado esta llamada y continua a pesar de todo recibiendo ayudas de esta institución. Cabe preguntarse de que forma la Comunidad europea evalúa sus propias decisiones.

André Guichaoua comenta así los juicios realizados por el gobierno de Kigali.

En una conferencia del movimiento de los monárquicos ruandeses en Bruselas, el 18 de Marzo del 2001, el ex comandante (tutsi) Ntashamaje, explicó como siendo juez en una jurisdicción militar encargada de juzgar al ex comandante Ngirabatware (un hutu de las ex FAR), fue violentamente apartado por el mismo general Kagame por el hecho que se había negado a garantizar la condena del comandante Ngirabatware basándose en falsas acusaciones.

Esta conminación del FPR en el ámbito judicial es moneda corriente y no faltan otros ejemplos. El sustituto Kayihura, encargado de la instrucción del expediente de Froduald Karamira y después de monseñor Misago, tuvo que huir para denunciar que ya estaba harto de servir como instrumento para fabricar pruebas con el objetivo de hacer condenar gente en expedientes políticos. Así, se vio comparecer en el juicio a un testimonio de la defensa del cual la fiscalía decía que había sido asesinado con la complicidad de monseñor Misago.

La magistratura en Rwanda está sujeta al poder ejecutivo.

A título ilustrativo hay que citar a:

• Célestin Kayibanda, fiscal de la República en Butare, encerrado en la cárcel en 1996.
• Fidèle Makombe, fiscal en Kibuye, cesado de sus funciones.

Así mismo, todos los ministros de Justicia que han intentado rebelarse contra estas prácticas han sido obligados a abandonar su cargo:

• Alphonse Maria Nkubito, uno de los primeros ministros de Justicia del FPR, murió en circunstancias por dilucidar.
• Su sucesor, la señora Mukamurenzi, tuvo que exiliarse.
• Ntezilyayo, que le sucedió, también tuvo que exiliarse antes que le cogieran.

Ahora que el ministro de Justicia, Jean de Dieu Mucyo, es un militar miembro del Ejército Patriótico Ruandés, uno se imagina en que grado la justicia está amordazada y criminalizada.

A nivel de los municipios, los inspectores de policia judicial deben obedecer las órdenes de los alcaldes.

La asociación IBUKA es el sindicato de delatores más organizado. Muchos otros actúan en un marco más informal. Bajo la cobertura de defender y perpetuar la memoria de las víctimas del genocidio, llega a hacer obstrucción al funcionamiento de la justicia. Esta asociación incita a sus miembros a fabricar pruebas y a reunir todo tipo de denuncias calumniosas con el fin de hacer condenar a personas previamente designadas. Siembra el terror ya que las personas a las que apunta no tienen ninguna posibilidad de escapar. Son condenadas de oficio. Las que hace encarcelar son asesinadas una vez liberadas. Esta organización extiende sus tentáculos sobre todo el territorio nacional y en el extranjero. Según los testimonios oculares, a los delatores se les paga 50.000 francos ruandeses por caso para aportar falsos testimonios contra personas a las que se ocupa los bienes.

La asociación IBUKA es tan poderosa que sus miembros van hasta los tribunales para perpetuar el buen desarrollo del proceso. Amnistía Internacional en su informe "Rwanda: procesos no equitativos, denegación de justicia" del 8 de Abril de 1997, ha fustigado el hecho que gente de IBUKA se permita increpar durante las alegaciones de la defensa a los testigos sin que ello provoque ninguna reprobación por parte de los jueces.

IBUKA actúa en colusión con el poder, que la solicita con fines socio-políticos. Así, por ejemplo, se manifestaron para forzar la marcha de los soldados de la Misión de las Naciones Unidas en Rwanda (MINUAR II) en Marzo de 1996. Un año antes fue movilizada en la expulsión en Diciembre de 1995 de 38 organizaciones humanitarias. El objetivo era de alejar testigos molestos de las masacres del Ejército Patriótico Ruandés.

Los extremistas tutsis Frédéric Mutagwera, el ex sacerdote Privat Rutazibwa, Jean Bosco Iyakaremye y el doctor Kayijaho están entre los más grandes ideólogos de IBUKA. Los dos últimos se exiliaron después de divergencias internas den su organización. La manipulación de IBUKA en todos los niveles de la justicia ruandesa permanece preponderante a pesar de los conflictos aparentes entre esta asociación y el poder político. En estas condiciones, es previsible que los futuros tribunales GACACA estarán totalmente dominados por el espíritu y la letra de IBUKA.

IBUKA tiene numerosas ramificaciones en el exterior. Estas se organizan para perseguir a todo hutu en el exilio y fabrican falsos testimonios sobretodo para poner trabas a sus expedientes de demanda de asilo. Así, el CNDDR ha intentado hundir expedientes de demanda de asilo en Bélgica aportando pruebas que han resultado ser falsas. En Francia existe el Colectivo Girondin para Rwanda; en Suiza, ABISHEMA (Organización de mujeres de origen ruandés), IBUKA - Memoria y Justicia, Asociación Ruandesa de Suiza (CORS) y Asociación para la Promoción de la Cultura Ruandesa (APCR).

El GACACA es un sistema judicial que ha servido durante mucho tiempo para la mediación familiar en las colinas de Rwanda y para conflictos familiares. Alrededor de los sabios de la colina, los vecinos se reunían para escuchar con atención las diferencias (disputas familiares, peleas, robos, no restitución de objetos prestados, insultos, injurias, calumnias, etc.) que enfrentaban a miembros de una misma familia o de familias distintas. Al final de las diferentes explicaciones y testimonios, se tomaban medidas de acercamiento para reconciliar a los protagonistas en una atmósfera de sabiduría y justicia equitativa. Desgraciadamente, algunas veces estas medidas podían estar influenciadas por prácticas religiosas o de adivinación que hacían disminuir la objetividad. Lo objetivo era el restablecimiento de la armonía, el mantenimiento de la avenencia, la cohesión y la paz social. El rey tenía el derecho de vida y muerte sobre las personas. La idea de designar al culpable y castigarlo públicamente no era preponderante en el espíritu de GACACA.

No existe un sistema de investigación fiable ya que no está previsto en ninguna parte como se acusará a los criminales. A este respecto, la composición de las jurisdicciones GACACA es sorprendente. El único criterio objetivo para ser miembro de ellas es tener una edad mínima de 21 años. Si estamos en el 2001, alguien que tenga 21 años actualmente tenía 14 en 1994. Dado que muchos adultos han sido masacrados en este país, es muy posible que estas jurisdicciones estén formadas mayoritariamente por gente joven. ¿Cómo puede percibir una situación un niño de 14 años y hacerse un juicio objetivo? Sin duda que estará influenciado por discursos oficiales que no reflejan necesariamente la verdad. La idea de sabiduría y por tanto de objetividad es destruida.

• Tener una buena conducta.
• Decir siempre la verdad.
• Ser honesto.
• Estar caracterizado por el espíritu de compartir la palabra.

Estos criterios son difíciles de medir en la cultura ruandesa, caracterizada aún por hedores del feudalismo y por el miedo, ya que la mayoría de la población ha sido debilitada por una culpabilización colectiva.

No faltan críticos al sistema GACACA y esta jurisdicción no puede ser más que inoperante. En efecto, la sociedad ha evolucionado, algunas instituciones sobre las que estaba basado el GACACA han desaparecido o han sido definitivamente reemplazadas por instituciones modernas. Por otro lado, esta institución basada en la familia amplia o en la buena vecindad, está fundada sobre la existencia de relaciones sociales normales y no puede funcionar en la sociedad ruandesa actual donde el tejido social ha saltado en pedazos. Mientras el odio o la desconfianza recíproca dividan a la gente, es imposible confiar el juicio a este nivel de la estructura social paralizado por la presencia contrariante de las Local Defence Forces.

En lugar de hacer justicia, este sistema puede caer en derivas como el arreglo de cuentas, la codicia de bienes o la delación, sobretodo teniendo en cuenta que sólo determinadas víctimas pueden recurrir a él mientras que las otras están amordazadas por el poder. El reconocimiento de los derechos del acusado y el querellante de organizar su defensa, no será respetado.

La práctica de este GACACA es una forma de banalizar los crímenes que continúan asolando la sociedad ruandesa. Un crimen que amenaza la vida de alguien no puede ser considerado como una simple diferencia que enfrenta a dos individuos o dos familias.

Esta constatación también es puesta de relieve por Amnistía Internacional que declara:

A pesar de estas críticas fundamentadas del sistema GACACA, países como Bélgica han entregado sumas enormes para su establecimiento. Es hora que cambien de parecer por el bien del pueblo ruandés.

El Acuerdo de Paz de Arusha estipulaba que no puede haber paz duradera en Rwanda sin promoción de la unidad y sin reconciliación nacional. Con este fin estaba prevista una Comisión especial sobre la Unidad y la Reconciliación nacional.

Se habían definido unas condiciones previas: partición equitativa del poder, Estado de derecho y justicia para todos y al servicio de todos.

Las autoridades del FPR no han cesado de dirigir una campaña mediática para sensibilizar a la comunidad nacional e internacional para colaborar en un proyecto de reconciliación nacional. A pesar del establecimiento de una comisión de reconciliación nacional dotada de un presupuesto importante, es necesario constatar que han pasado seis años y el FPR jamás ha creado condiciones para una verdadera reconciliación nacional ni incluso la reconciliación de Rwanda con el extranjero. Las iniciativas tomadas actualmente por el FPR para la reconciliación nacional parecen inapropiadas para aproximar a las comunidades ruandesas. En efecto, en el coloquio de reconciliación de Kigali del 18 al 20 de Octubre del 2000, únicamente fueron invitados participantes designados por el FPR y calificados por él como "fuerzas positivas". Ha excluido así a las otras fuerzas vivas de la nación, tanto del interior como de la diáspora, que no hablan su lenguaje. Según testimonios de participantes en la reunión, temas de interés nacional, a pesar de su importancia en el proceso de reconciliación, fueron considerados tabú como: la justicia, la conmemoración de las víctimas de la guerra, la invasión del Congo por Rwanda, la partición del poder, la militarización del país...

En una conferencia dada el 16 de Diciembre del 2000, a su retorno del coloquio sobre la reconciliación nacional de Kigali, Bernardin Ndashimye mostró como habiendo sugerido que se deje a los hutus conmemorar la memoria de sus víctimas, la proposición fue rechazada en el plenario. Esto da idea de lo que es la reconciliación nacional en el espíritu del FPR.

Es imperativo condenar y reprimir todos los crímenes cometidos en Rwanda desde 1990. Pero el sistema judicial actual, fuertemente sostenido por la comunidad internacional tanto a nivel nacional como internacional (TPIR), consagra la división del pueblo ruandés entre una etnia de verdugos (los hutus condenados globalmente) y una etnia de víctimas (los tutsis a los que debe hacerse justicia).

Desde 1994 más de 150.000 presuntos culpables por crímenes de genocidio se pudren en las cárceles sin pruebas de culpabilidad.

Algunos han sido liberados para servir de carne de cañón en la guerra de la RDC. Grupos de delación sirven de "acusadores bajo encargo" y permiten con sus denuncias la satisfacción de odios personales, la eliminación del competidor y la acaparación de sus bienes.

Listas oficiales de presuntos culpables han sido realizadas y puestas constantemente al día sin el menor índice de culpabilidad y menospreciando los principios elementales del procedimiento judicial.

Respecto a estas listas, Faustin Nteziryayo, antiguo ministro de justicia del FPR dice: