Ponencia presentada en la 11a Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Del 6 al 10 de octubre de 1997
Los principios fundamentales del derecho han sido relegados a un segundo término. Me refiero al derecho de vivir al amparo de agresiones extranjeras, al derecho a la autodeterminación, al principio de la inviolabilidad de las fronteras nacionales, al derecho de los refugiados de ser tratados conforme a los principios básicos del derecho internacional, así como al principio de la responsabilidad penal de los autores de graves crímenes de guerra. Tanto las agencias de la Organización de las Naciones Unidas como la mayoría de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los grupos de defensa de derechos humanos han desempeñado un papel activo en esta crisis al apoyar la intervención y al proporcionar una justificación moral para los horrores cometidos en esta recolonización de Centro África.
Un historiador y periodista africano, Astutsé Kokouvi Agbobli, declaró lo siguiente en la publicación Africa International de mayo de 1997: [TRADUCCIÓN] "estos cambios no tienen nada en común con las aspiraciones de los pueblos de la región en materia de libertad, democracia e independencia acompañadas de una verdadera industrialización. Esta guerra es una alianza dirigida contra los auténticos nacionalistas africanos". Los principios y los problemas evocados en esta ponencia están en el meollo de las preocupaciones de la Asociación Americana de Juristas. De hecho, son nuestra razón de ser. En la América de 1997, cien años después de la guerra de Estados Unidos contra España, se pueden observar similitudes marcadas con la época de la "mano dura". Cuba está enfrentada a un incremento del intervencionismo a raiz de la ley Helms-Burton que afirma el derecho de Estados Unidos de ahogar al pueblo cubano e imponerle el tipo de gobierno que quiere. En 1996, el gobierno de Cuba advirtió a los ciudadanos del riesgo de una infiltración de las ONG, cuyo propósito sería debilitar la resistencia del pueblo cubano al bloqueo y su capacidad de ejercer su derecho a la autodeterminación. Por otra parte, Estados Unidos está afianzando su control sobre Puerto Rico. La primera potencia mundial proclama además su derecho de certificar o no a gobiernos extranjeros, según que se conformen a la política estadounidense contra el narcotráfico y ofrezcan su cooperación en este campo. Haití sigue bajo una ocupación militar cuyo fin era restaurar la democracia y la justicia. Pero, ¿qué piensan hacer las Naciones Unidas para remediar al robo de los haberes nacionales del país? Respaldado por Canadá y Estados Unidos, Perú impuso descaradamente una solución militar a la crisis de los rehenes. Las instituciones nacidas de los Acuerdos de Bretton Woods continúan imponiendo sacrificios cada vez más rigurosos a los pueblos de América. Lo que está en juego aquí es el derecho de los pueblos de la región de emprender los cambios necesarios para permitir el establecimiento de la democracia, de una auténtica independencia, así como de la justicia económica y social.
Existe una corriente de pensamiento sumamente peligrosa entre los presuntos círculos progresistas de América del Norte y de Europa. Los progresistas dicen que el mundo ha cambiado. Según ellos, el intervencionismo ya no constituye un problema fundamental que afecta todas las relaciones de poder. Por lo tanto, prosiguen, no es necesario dar prioridad a la lucha contra la intervención. En el mejor de los casos, este tipo de pensamiento es ingenuo; en el peor, una flagrante falta de honestidad. ¿Han cambiado de repente los gobiernos que aniquilaron con napalm a pueblos del tercer mundo? ¿Es que esos gobiernos hoy se interesan por los derechos de estos pueblos? ¿No sería más bien que están simplemente buscando una nueva manera de controlarlos? Tanto en los círculos universitarios y jurídicos como en el seno de las Naciones Unidas y de las ONG, esa corriente de pensamiento tiene vigencia.
La Asociación Americana de Juristas tiene una larga y rica historia desde que fue fundada en Panamá en 1975. Nuestra memoria colectiva, nuestro rigor, nuestra flexibilidad, pericia, integridad y solidaridad, nos brindan las herramientas necesarias para enfrentar esta crisis moral e intelectual. No debemos cruzarnos de brazos y dejar que se perviertan nuestros principios y se conviertan en instrumentos de opresión y de recolonización de los pueblos subdesarrollados del mundo. O somos parte del problema, o somos parte de la solución. Sería mejor que tratemos de adoptar el punto de vista de los iraquís, los palestinos, los somalís, los haitianos, los cubanos y los pueblos bantu de Centro África, y no la perspectiva del establishment de los derechos humanos y de las Naciones Unidas. Nuestra tolerancia y nuestra capacidad de intercambiar ideas deberían permitirnos progresar y aceptar los inmensos retos del próximo siglo, ya sea en el plano intelectual, jurídico o político.
Los principios fundamentales del derecho han sido relegados a un segundo término. Me refiero al derecho de vivir al amparo de agresiones extranjeras, al derecho a la autodeterminación, al principio de la inviolabilidad de las fronteras nacionales, al derecho de los refugiados de ser tratados conforme a los principios básicos del derecho internacional, así como al principio de la responsabilidad penal de los autores de graves crímenes de guerra. Tanto las agencias de la Organización de las Naciones Unidas como la mayoría de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los grupos de defensa de derechos humanos han desempeñado un papel activo en esta crisis al apoyar la intervención y al proporcionar una justificación moral para los horrores cometidos en esta recolonización de Centro África. Hace veinte años, las personas de orientación progresista no hubieran omitido señalar los intereses de las grandes potencias en esta crisis. Sin embargo hoy, la mayor parte de ellos se ha alineado con la posición de la política extranjera de Estados Unidos, Canadá y de Reino Unido, culpando a los grupos étnicos africanos por las terribles pérdidas de vidas humanas en la región. Los que se oponen a este enfoque, los que cuestionan la ideología dominante, los que van en contra de la corriente, son asesinados, vilipendiados o aislados.
Para muchos países, las consecuencias probables de esta nueva tendencia pueden ser extremadamente graves ya que las grandes potencias, lideradas por Estados Unidos, están convencidas de que tienen el derecho de facto de intervenir directamente o indirectamente donde quieren y cuando quieran. En esta ponencia, me propongo examinar ciertos principios fundamentales del derecho internacional y demostrar cómo han sido violados. En la conclusión, analizaré cuáles son las perspectivas para África y América Latina en la actualidad. La Asociación Americana de Juristas ha venido luchando desde mucho tiempo por el respeto del derecho internacional. Ha llegado el momento de abrir un debate paciente y honesto sobre estos asuntos que surgen en los últimos años de este siglo y cuya semejanza con la última década del siglo XIX es cada vez más clara.
En agosto de 1993, con el apoyo diplomático exterior y la ayuda del Banco Mundial, el FPR logró imponer su "democracia" en Ruanda, en virtud de los acuerdos políticos y militares de Arusha. De conformidad con estos acuerdos, el gobierno de Ruanda tendría que compartir el poder político y militar con los invasores del FPR. Ruanda ya había tomado medidas para establecer una democracia basada sobre el multipartidismo. Las instituciones nacidas de los Acuerdos de Bretton Woods, los diplomáticos y el FPR insistieron sobre el hecho que los cargos gubernamentales y el poder militar fueran compartidos con el FPR, invocando los derechos humanos para justificar esa exigencia. La asistencia financiera del Banco Mundial al gobierno de Habyrimana tenía como condición que aceptara estos acuerdos. Podemos ver en este caso cómo se impone el poder imperial indirecto mediante la condicionalidad relativa a los "derechos humanos".
En diciembre de 1993, una fuerza militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió Ruanda (después del rotundo fracaso en Somalia en 1992 y de la tutela continua contra Irak desde 1990). La fuerza militar de las Naciones Unidas alentó al FPR y lo ayudó a tomar el poder. Cuando el 6 de abril de 1994 fue derribado sobre el aeropuerto de Kigali el avión en el que viajaban los dos presidentes hutus, Juvenal Habyrimana de Ruanda y Cyprien Ntaryamira de Burundi, estalló la violencia étnica y miles de tutsis y de hutus perecieron ante las cámeras de televisión de los medios de comunicación occidentales. Los detalles horribles de la campaña militar y de la masacre interétnica que tuvieron lugar a continuación no son el objeto de esta ponencia.
Sin embargo, sí se deben destacar varios factores:
1. Ha habido un enorme apoyo de las ONG al FPR y a la invasión internacional por las fuerzas de las Naciones Unidas que se emprendió de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de dicha organización.
2. A partir del 1° de octubre de 1990, se describió a los defensores de Ruanda como tiranos responsables de genocidio, mientras que el ejército invasor tutsi, apoyado por Estados Unidos, fue descrito como un cuerpo de guerrilleros disciplinados que luchaban por la libertad.
3. El gobierno hutu (la población de Ruanda estaba conformada por hutus en un 85 a 90 %) fue sustituido por una dictadura de la minoría tutsi, sin que se hubiera propuesto un mandato de gobierno por mayoría de votos, sin que existiera la más mínima expectativa de que se celebrasen elecciones, dado que habían sido específicamente prohibidas, y más de 100.000 hutus, hombres, niños y hasta mujeres, fueron encarcelados y "acusados" de genocidio.
4. Ha habido una intervención considerable por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, y también las ONG, para reconstruir el país y procesar a la mayoría hutu de Ruanda que, según el estereotipo, eran "todos criminales". La influencia de Francia en la región está decayendo y se culpa a los franceses de complicidad en la tragedia ruandesa.
5. En casi todos los círculos, se ha guardado el silencio en torno a la intervención militar llevada a cabo desde Uganda en violación de los principios fundamentales del derecho internacional y africano.
6. Se puede observar una consolidación militar y un rearme de Ruanda por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña como preparación a la próxima etapa.
7. En Ruanda hay una evidente presencia militar ugandesa: muchos soldados que ocuparon el país hablan un idioma ugandés, y no el Kinyarwanda. Se está dando una consolidación del mando militar entre Museveni, en Uganda, y Kagamé, en Ruanda.
En Zaire, la campaña militar, dirigida (o así se supone) por el ex-revolucionario y comerciante de diamantes y metales, Laurent Désiré Kabila, fue iniciada en nombre de la democracia y de los derechos humanos para derrocar la dictadura de Mobutu, instalada por Estados Unidos hace unos treinta años. Los observadores señalaron que en la breve campaña militar, las fuerzas de Kabila mataron probablemente, a sangre fría y por motivos raciales, a más civiles inocentes y desarmados que Mobutu pudo haber matado durante sus treinta años en el poder. El proceso político de democratización, que contemplaba la celebración de elecciones, quedó suspendido y la actividad política fue prohibida. A medida que la guerra progresaba, varias sociedades mineras estadounidenses y canadienses recibieron enormes concesiones en el este de Zaire. En la actualidad, Zaire no sólo padece de una dictadura sino que también está bajo ocupación extranjera.
También en el caso de Zaire, se pasó completamente por alto el derecho internacional. Es como si las fronteras nacionales no tuvieran ningún valor. El principio de la inviolabilidad de las fronteras, establecido desde hace mucho tiempo y reafirmado durante los periodos republicanos y revolucionarios, ha sido abandonado. La invasión militar por parte de libertadores extranjeros que buscan instalar a gobiernos favorables a Estados Unidos se convierte en una regla, por lo menos en el caso de Ruanda y de Zaire. El establishment de los derechos humanos en Ginebra y Nueva York, así como las ONG internacionales, han respaldado estas agresiones. Con el pretexto que las fronteras impuestas por la Conferencia de Berlín de 1885 son artificiales, se afirma que las fuerzas económicas y militares, inspiradas por Occidente, pueden cambiarlas a pesar de que el derecho internacional y el derecho africano han sistemáticamente afirmado la necesidad de mantener dichas fronteras. ¿Es posible que el nuevo derecho internacional imponga el principio de la ley de la mas fuerte?
A pesar de la omnipresente propaganda respecto a los crímenes de guerra, poco se escucha hablar del crimen que se constituye al planificar y emprender una guerra de agresión, tal como quedó definido en los procesos de Nuremberg. La búsqueda y el enjuiciamiento de los criminales de guerra es un tópico popular en los medios de comunicación: "nunca más", se escucha por doquier. Invocamos el legado de Nuremberg, pero casi nadie habla del crimen más grave definido durante los procesos de Nuremberg: el de planificar y librar una guerra de agresión, como sucedió primero en el caso de Ruanda, luego en el de Zaire. Los crímenes alegados se limitan al derecho humanitario internacional que trata solamente de las violaciones cometidas en el curso de la guerra pero que hace como el avestruz en lo que se refiere al crimen de planificar y hacer la guerra.
Las organizaciones no gubernamentales internacionales apoyaron activamente la invasión militar de Ruanda por el FPR, y luego la invasión de Zaire, siempre en nombre de los derechos humanos y de la democracia. Pero en lugar de democracia y de respeto de los derechos humanos, después de la terrible violencia interétnica que se desató entre abril y julio de 1994, sólo ha habido más guerra, una dictadura militar de la minoría tutsi en Ruanda, campos de concentración para la población hutu de Ruanda y de Burundi, y la matanza de centenares de miles de hutus inspirada por razones raciales. En nombre de los derechos humanos y de la democracia como se los conciben en el mundo occidental, somos testigos de la suspensión del principio fundamental del derecho a la paz y a la autodeterminación y del derecho a la vida. También podemos observar la imposición de regímenes en pro de Estados Unidos y la inversión dramática del proceso de descolonización puesto en marcha en las décadas del 50 y del 60. Zaire recuperó su antiguo nombre colonial, el Congo, y no habría de sorprenderse si las principales ciudades del este del país son rebautizadas Elizabethville y Stanleyville. Ruanda solicitó la adhesión al Commonwealth británico. Se ha hecho caso omiso del derecho a la autodeterminación, el fundamento de todos los derechos humanos, según el artículo primero de los dos convenios de 1966 relativos a los derechos políticos y civiles por una parte, y a los derechos sociales, económicos y culturales por otra parte. Es como si existiera un nuevo derecho de intervención de las grandes potencias, con el apoyo activo de las ONG internacionales, de la mayoría de los movimientos de defensa de los derechos humanos y de los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra y en otros lugares.
A finales de 1996, el ACNUR y el FPR pidieron conjuntamente al gobierno de Tanzania que expulsara por la fuerza a los centenares de miles de refugiados hutus. Y así se hizo. Ya en septiembre de 1995, el ACNUR había propuesto que se repatriara por la fuerza a los refugiados. En noviembre de 1996, el campo de refugiados más poblado del mundo, que estaba situado en el este de Zaire, fue bombardeado por la artillería pesada de los ejércitos ruandés y ugandés. La comunidad internacional y el ACNUR abandonaron estos refugiados a la suerte que les reservaran los ejércitos en su avance. Amnistía Internacional fue una de las pocas organizaciones internacionales que condenó los malos tratos a que fueron sometidos los refugiados hutus. Unos 500.000 refugiados volvieron a Ruanda: las autoridades separaron a los hombres jóvenes y a muchos otros de las filas de los que retornaban, y los mataron o echaron en la cárcel. La mayoría de los refugiados huyó de los campos para adentrarse más en el este de Zaire, unas de las regiones de selva más inhóspitas del mundo. El Presidente Yoweri Museveni había afirmado, en el número de febrero de 1997 de Africa Internacional, que se debía aniquilar a esos refugiados. No era suficiente obligarlos a alejarse de la frontera. Como resultado, centenares de miles de hombres, mujeres y niños murieron de hambre o fueron exterminados con las mismas tácticas sostenidas por el FPR cuando invadió Ruanda unos años antes. Las cámaras de televisión del mundo habían sido excluídas de la zona.
Según numerosas fuentes, unas de las tácticas preferidas consistía en que el ACNUR agrupara a los refugiados que huían del este del Zaire para luego dejar que el ejército dirigido por ruandeses los atacara y exterminara.
Tomando como punto de partida el derecho de los refugiados y el papel que debe desempeñar el Alto Comisionado para los Refugiados, es preciso destacar los siguientes elementos:
1. El ACNUR fracasó en su misión que consiste en proteger a los refugiados. El organismo de las Naciones Unidas adoptó y promovió la propaganda del FPR provocando el efecto de que los refugiados eran rehenes del antiguo ejército ruandés y de las milicias hutus. Se suponía que el conjunto de la población hutu en el exilio era culpable de genocidio. La masacre de miles de hutu por el FPR fue considerada como actos aislados y extraordinarios cometidos por unos cuantos elementos de un ejército generalmente bien disciplinado y con buenos principios.
2. El ACNUR está participando ilegalmente en la repatriación forzada de los refugiados en contra de su voluntad.
3. En la actualidad, el ACNUR ha tomado, aparentemente, la decisión de tratar de brindar protección a ciertos de los refugiados que han regresado a Ruanda y, según tenemos entendido, de ayudar el FPR a separar de los refugiados que volvieron a los elementos que tomaron parte en el genocidio. Esta tarea no es parte del mandato del ACNUR. En este caso, ya no se trata de refugiados. A pesar de las buenas intenciones de algunos "ayudantes" del ACNUR, el organismo de las Naciones Unidas está ejecutando parte del plan de los Estados Unidos, de Uganda y del FPR. El rol de protector del ACNUR se ha transformado en lo opuesto y el organismo se ha convertido en un agente del FPR en la persecución de la mayoría hutu.
Estas actividades y la politización del ACNUR, que favorece a la parte que ganó el conflicto, establecen un precedente nefasto que no augura nada bueno para los refugiados de futuros conflictos.
Sin embargo, el problema es que, en la crisis de los Grandes Lagos Africanos, la campaña en contra de la impunidad ha sido pervertida, escamoteada y convertida en su opuesto: en nombre de la lucha contra la cultura de la impunidad, la parte que perdió la guerra en Ruanda está siendo sometida a un castigo arbitrario e injustificado.
En noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad estableció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda a fin de procesar a los autores de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad cometidos ese mismo año. Pero, a diferencia del Tribunal de Nuremberg, los estatutos del Tribunal Penal Internacional para Ruanda no contemplan el crimen de planificar la guerra. El tribunal fue impuesto ilegalmente al mundo mediante una resolución del Consejo de Seguridad, en vez de ser constituido por voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas o por un tratado. En derecho internacional, la regla para la constitución de un tribunal exige que las partes deben dar su consentimiento por tratado en cuanto a la competencia del tribunal.
En buena medida, el tribunal es un apéndice del gobierno del FPR. En junio de 1997, el secretario del tribunal y los fiscales viajaron desde la sede del tribunal en Arusha, Tanzania, a Kigali, Ruanda, para reunirse con los líderes políticos de la dictadura ruandesa dominada por los tutsi. Los líderes políticos ruandeses se quejaban de las demoras en los procedimientos del tribunal. La fiscalía del tribunal está situada en Kigali. A pesar de que en el informe Gersony de las Naciones Unidas, publicado en septiembre de 1994, se denunciara al FPR por el asesinato de hasta 30.000 hutus comenzado en julio del mismo año, es evidente que ninguno de los invasores del FPR será acusado ante este tribunal que carece hasta de la apariencia de independencia. En virtud de sus estatutos, el tribunal no tiene la competencia para juzgar a los autores de la masacre de miles de refugiados hutus perpetrada en Kibeho en abril de 1995, o a los elementos que, después del 1° de enero de 1995, asesinaron a decenas o centenares de miles de hutus, como lo describieron el Primer ministro Faustin Twagiramungu y el ministro del Interior, Seth Sendashonga, cuando renunciaron en septiembre de 1995. Las personas desaparecen en los países vecinos de Ruanda y son llevadas a Arusha, en Tanzania, donde radica la sede del tribunal. Esta forma de proceder se parece al método utilizado por Estados Unidos cuando raptaron al general panameño Manuel Noriega o al médico mexicano Álvaro Machaín para luego enjuiciarlos en territorio estadounidense. Las personas detenidas de esta manera no comparecen ante un juez en el país de origen; tampoco se sigue un procedimiento regular de extradición. Algunas personas son formalmente acusadas mientras que otras permanecen detenidas simplemente por sopechosas. Una vez más, las fronteras parecen borrarse. Sucede con frecuencia que las personas detenidas no tienen el derecho de consultar a un abogado; de esta manera, se espera arrancarles confesiones. Este procedimiento ocurre en parte bajo el liderazgo de uno o de varios abogados defensores canadienses que hacen las veces de superpolicías del Consejo de Seguridad. Recientemente, se dió incluso el caso de un hombre detenido por equivocación en Kenia y deportado a Arusha.
Los tribunales penales internos de Ruanda son un motivo aún mayor de preocupación. Aproximadamente 120.000 prisioneros hutus, incluyendo a niños, están detenidos bajo acusaciones de "genocidio", pero sólo para un 10 % de ellos se tiene un expediente documentado. En virtud de la nueva "ley sobre genocidio", una ley de procesamiento penal inspirada por juristas canadienses y por la legislación antiterrorista de Fujimori, estos acusados no tienen el menor recurso contra su detención prolongada sin que se les haya formulado cargos. La ley contempla la reducción de la pena de muerte a periodos de encarcelamiento, a condición que los detenidos hagan confesiones acompañadas de información útil sobre "cómplices". Las autoridades ruandesas y la ONG belga "Avocats sans Frontières" procuran obtener la ayuda de abogados extranjeros para hacer funcionar este sistema de negociación de las declaraciones de culpabilidad y obtener así la condena de un mayor número de acusados. Dicho sistema no tiene nada en común con el plea bargaining estilo canadiense, en el que el acusado se declara culpable a cargos reducidos para reflejar las pruebas a disposición de la fiscalía. El juicio de los acusados hutus se celebrará ante jueces de la minoría tutsi formados en cuatro meses en el marco de un programa creado en Canadá. Casi no hay abogados para defenderlos y cuando los hay, sólo reciben los documentos relativos a la causa el día antes del juicio. La mayoría de los procesos duran apenas unas horas y se fundamentan en pruebas documentales. El resultado es por lo general la imposición de la pena de muerte. Los juicios, que son transmitidos por radio, se llevan a cabo en una atmósfera de histeria. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha elogiado estos linchamientos legalizados, recalcando el progreso realizado en Ruanda en la lucha contra la impunidad. Amnistía Internacional fue una de las pocas organizaciones internacionales que criticó los juicios en su informe publicado el 8 de abril bajo el título Unfair Trials: Justice Denied (Juicios injustos: una denegación de justicia).
Paralelamente a la imposición de tales sanciones, impera en el país una terrible impunidad. Como ya hemos visto, a unos centenares de kilómetros de Ruanda, en el este de Zaire, varios miles de refugiados hutus fueron masacrados por los ejércitos de Uganda y de Ruanda, aliados de Estados Unidos, sin mencionar las ejecuciones de los habitantes de la zona por los mismos ejércitos. El asesinato sistemático de líderes católicos, como el arzobispo Christophe Munzihirwa, de Bukavu, hace recordar las tácticas de los escuadrones de la muerte salvadoreños, quienes en septiembre de 1980 mataron al arzobispo Romero, crítico del régimen y defensor del pueblo. Monseñor Munzihirwa había condenado abiertamente las exacciones cometidas por los ejércitos tutsi de la región contra los refugiados hutus. Por otra parte, nadie ha sido acusado del crimen supremo que consiste en organizar una guerra de agresión, a pesar de las dos grandes invasiones llevadas a cabo en seis años, la primera contra Ruanda, en 1990, y la segunda contra Zaire, en 1996.
La impunidad impera en Burundi donde el ejército de la minoría tutsi ha detenido el poder desde la independencia, salvo por un breve intervalo entre 1993 y 1996, durante el cual dos presidentes hutus fueron asesinados y otro depuesto por un golpe militar. La capital, Bujumbura, ha sido objeto de una limpieza étnica en la que todos los hutus fueron enviados a campos de concentración o pueblos modelos al estilo guatemalteco. No se ha castigado a nadie por el asesinato de 300.000 hutus en 1972, o por las frecuentes matanzas de hombres, mujeres y niños hutus perpetradas por el ejército desde 1993 hasta el día de hoy.
La adopción de la consigna de lucha contra la impunidad para justificar la guerra, las agresiones y la dominación tutsi patrocinada por Estados Unidos no es más que una explotación demagógica de los derechos humanos. Detrás del barniz de respectabilidad asociado a la lucha contra la impunidad, uno puede hacer, una vez más, una lectura de la historia de los últimos treinta años: la impunidad es la regla; está reservada a los poderosos aliados de los Estados Unidos, mientras que el castigo impuesto a una sola de las partes es la suerte reservada a los pueblos oprimidos que se oponen a la hegemonía patrocinada por Occidente. El problema es que ese discurso recibe un apoyo ingenuo y a veces hasta oportunista. Y la farfulla en torno a los derechos humanos se convierte en una abstracción de la verdad y la justicia. Cabe preguntarse: ¿en qué parte del mundo golpeará nuevamente el establishment insensato de los derechos humanos?
Los principios y los problemas evocados en esta ponencia están en el meollo de las preocupaciones de la Asociación Americana de Juristas. De hecho, son nuestra razón de ser. En la América de 1997, cien años después de la guerra de Estados Unidos contra España, se pueden observar similitudes marcadas con la época de la "mano dura". Cuba está enfrentada a un incremento del intervencionismo a raiz de la ley Helms-Burton que afirma el derecho de Estados Unidos de ahogar al pueblo cubano e imponerle el tipo de gobierno que quiere. En 1996, el gobierno de Cuba advirtió a los ciudadanos del riesgo de una infiltración de las ONG, cuyo propósito sería debilitar la resistencia del pueblo cubano al bloqueo y su capacidad de ejercer su derecho a la autodeterminación. Por otra parte, Estados Unidos está afianzando su control sobre Puerto Rico. La primera potencia mundial proclama además su derecho de certificar o no a gobiernos extranjeros, según que se conformen a la política estadounidense contra el narcotráfico y ofrezcan su cooperación en este campo. Haití sigue bajo una ocupación militar cuyo fin era restaurar la democracia y la justicia. Pero, ¿qué piensan hacer las Naciones Unidas para remediar el robo de los haberes nacionales del país? Respaldado por Canadá y Estados Unidos, Perú impuso descaradamente una solución militar a la crisis de los rehenes. Las instituciones nacidas de los Acuerdos de Bretton Woods continúan imponiendo sacrificios cada vez más rigurosos a los pueblos de América. Lo que está en juego aquí es el derecho de los pueblos de la región de emprender los cambios necesarios para permitir el establecimiento de la democracia, de una auténtica independencia, así como de la justicia económica y social.
En Centro África, la historia ha retrocedido por lo menos unos cuarenta años. Estamos presenciando una recolonización del continente. Los Estados Unidos han creado un nuevo Israel a través de los regímenes dominados por los tutsis en Uganda, Ruanda y Burundi. Lejos de cesar, no cabe dudas que la guerra seguirá y hasta se intensificará; no acabará hasta que se le devuelva el poder a la mayoría Bantu Hutu de la región.
No somos tan ingenuos como para suponer que el mero hecho de entender las violaciones del derecho internacional será suficiente para corregir la situación. Ya se ha hecho el daño y todavía quedan muchas luchas por librar. Pero es preciso saber que sí tenemos un papel que desempeñar. En los últimos años, muchos presuntos expertos en derechos humanos han llenado el vacío ideológico y han brindado un apoyo intelectual e ideológico a la terrible guerra colonialista emprendida en Centro África para favorecer a los grandes beneficiarios en Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. ¿Qué sucedió con el derecho internacional? La intervención en nombre de los derechos humanos parece haberse convertido en la mayor justificación ideológica de la intervención imperialista. Las campañas a favor de los derechos humanos constituyen un obstáculo para el derecho a la autodeterminación, aunque bien sabemos que el fundamento de todos los derechos humanos es el ejercicio del derecho a la autodeterminación. En lo que respecta a los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra o Nueva York, nunca se ve, en tiempos de crisis, una postura firme en favor del derecho fundamental a la autodeterminación. Lo que sí podemos observar en cambio es un consenso en torno a la intervención de las instituciones o de las fuerzas armadas que se fundamenta en el criterio de las autoridades sagradas de las Naciones Unidas formado en el vacío de una torre de marfil. Y, como de casualidad, cada vez que se toman tales decisiones, se refuerza o se incrementa el poder directo o indirecto de Estados Unidos.
Las instituciones que se preocupan de los derechos humanos en Estados Unidos, Canadá y Europa están muy bien dotadas en el plano financiero. Los servicios internacionales vinculados con los derechos humanos se han convertido en importantes actores de la política extranjera y de los asuntos exteriores. "Quien paga manda", como dice el refrán. Muchos expertos, sumamente bien pagados, envuelven la política exterior de sus países o la política de las Naciones Unidas en un velo de santidad, o utilizan la fuerza moral de los derechos humanos. Con ese recurso, se convierten prácticamente en autoridades morales intocables. Sin embargo, el estudio detenido de sus informes sobre los temas mas delicados revela que estos trabajos carecen de fundamentos. En el medio de los derechos humanos, se dan luchas de poder, de clientelismo y de influencia.
La política exterior de Canadá está siendo abiertamente aplicada en la región por el intermedio de las ONG canadienses. En el periodo de tres años que va desde 1995 hasta 1997, Canadá brindó 127 millones de dólares de ayuda a la región, repartidos de la forma siguiente: 60 millones en ayuda bilateral por intermedio de ONG como la ACCT, el CECI, Oxfam Quebec y Paz y Desarrollo, y 67 millones en ayuda multilateral, de los cuales 30 % fue asignado a ONG canadienses y el saldo a organismos de las Naciones Unidas, como el ACNUR y el Programa Mundial de Alimentación. En diciembre de 1996, el ministro Doug Young declaró que la política exterior de Canadá iba a cambiar tras el regreso de 500.000 ruandeses a su país: en vez de patronizar la intervención militar, Canadá obraría a través de las ONG. ¿No deberíamos entonces poner a muchas de estas ONG la etiqueta de "OG", es decir de "organizaciones gubernamentales"? Las universidades canadienses se están encargando de exportar el imperio de la ley y de enseñarle a los "indígenas" cómo ser más parecidos a nosotros. La lucha por la verdad, la independencia y la soberana igualdad no faltará de enfrentarse a este establishment formado por los nuevos misioneros imperiales del siglo XXI.
Existe una corriente de pensamiento sumamente peligrosa entre los presuntos círculos progresistas de América del Norte y de Europa. Los progresistas dicen que el mundo ha cambiado. Según ellos, el intervencionismo ya no constituye un problema fundamental que afecta todas las relaciones de poder. Por lo tanto, prosiguen, no es necesario dar prioridad a la lucha contra la intervención. En el mejor de los casos, este tipo de pensamiento es ingenuo; en el peor, una flagrante falta de honestidad. ¿Han cambiado de repente los gobiernos que aniquilaron con napalm a pueblos del tercer mundo? ¿Es que esos gobiernos hoy se interesan por los derechos de estos pueblos? ¿No sería más bien que están simplemente buscando una nueva manera de controlarlos? Tanto en los círculos universitarios y jurídicos como en el seno de las Naciones Unidas y de las ONG, esa corriente de pensamiento tiene vigencia.
La Asociación Americana de Juristas tiene una larga y rica historia desde que fue fundada en Panamá en 1975. Nuestra memoria colectiva, nuestro rigor, nuestra flexibilidad, pericia, integridad y solidaridad, nos brindan las herramientas necesarias para enfrentar esta crisis moral e intelectual. No debemos cruzarnos de brazos y dejar que se perviertan nuestros principios y se conviertan en instrumentos de opresión y de recolonización de los pueblos subdesarrollados del mundo. O somos parte del problema, o somos parte de la solución. Sería mejor que tratemos de adoptar el punto de vista de los iraquís, los palestinos, los somalís, los haitianos, los cubanos y los pueblos bantu de Centro África, y no la perspectiva del establishment de los derechos humanos y de las Naciones Unidas. Nuestra tolerancia y nuestra capacidad de intercambiar ideas deberían permitirnos progresar y aceptar los inmensos retos del próximo siglo, ya sea en el plano intelectual, jurídico o político.
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