Los refugiados y desplazados – principales víctimas del conflicto burundés – esperan, desde la firma de los acuerdos de Arusha el 28 de agosto de 2000, los dividendos del proceso de paz. Burundi ya ha conocido un precedente dramático en cuanto a repatriación de refugiados. Con ocasión de la victoria electoral del FRODEBU en 1993, unos 50.000 refugiados de 1972 habían regresado espontáneamente al país. Su llegada fue gestionada muy difícilmente por el nuevo poder, atrapado entre la necesidad de reinstalar a refugiados expoliados de sus bienes por el antiguo régimen y el miedo de las poblaciones tutsi de convertirse en las víctimas principales de esta repatriación. Las manifestaciones de familias tutsi expropiadas habían contribuido fuertemente a la degradación de la situación política que desembocó en un golpe y en el asesinato del presidente Ndadaye el 21 de octubre.

Burundi ha conocido dos oleadas masivas de refugiados. La primera se produjo en 1972, como consecuencia del genocidio perpetrado por el ejército burundés contra la elite hutu, provocando la huida, principalmente a Tanzania, de unas 300.000 personas. Luego, en 1993, el asesinato de Melchior Ndadaye y las matanzas posteriores originaron nuevos desplazamientos y nuevas salidas, renovadas desde entonces a cada nueva oleada de violencia. Después de diez años de guerra, se estima que hay más de 500.000 refugiados en los campos del oeste de Tanzania y 300.000 que se han dispersado o han sido reinstalados en condiciones precarias en el conjunto del territorio tanzano. Simultáneamente, se cuenta con 281.000 desplazados permanentes en Burundi, que viven en 226 lugares inventariados. Cada mes, una media de 100.000 civiles son desplazados temporalmente a causa de la persistencia de los combates.

Todos estos refugiados o desplazados han podido, en grado diverso, ser las víctimas de expoliaciones de tierras. Por parte hutu, los refugiados de 1972, originarios de la llanura muy fértil de Imbo, han sido casi sistemáticamente expoliados de sus bienes bajo los regímenes de Micombero y Bagaza. Los de 1993 han sido víctimas de expolios en menor medida, pero su reinstalación no será por ello más fácil. Como para los desplazados tutsi, instalados temporalmente sobre lugares periurbanos, muchos han sido víctimas de los que se aprovechan de las guerras y que han saltado sobre la oportunidad de la ausencia o fallecimiento de los propietarios legítimos de parcelas para apropiarse de ellas indebidamente o para revenderlas en su beneficio. Pero, estas poblaciones de desplazados, aunque generalmente se sienten más seguras alrededor de las ciudades, no por ello se les garantiza la propiedad de sus tierras; debería poderse garantizar la restitución de las mismas o bien la compensación apropiada caso de que renunciaran a recuperarlas. Los mismos beneficiarios de las guerras se han aprovechado de la corrupción rampante que existe en las estructuras administrativas y políticas del país para apropiarse de tierras comunales que podrían servir a la reinstalación de refugiados.

Hasta hoy, ni el gobierno de transición ni la comunidad internacional han medido suficientemente la dimensión del peligro que el retorno y reinstalación de los refugiados y desplazados pueden significar. Éstos, no sólo van a poner a prueba la capacidad administrativa del gobierno de transición y la voluntad de la comunidad internacional para apoyar la reconstrucción burundesa, sino que, sin duda alguna, constituyen una fuente de tensión permanente para la transición. Durante los primeros meses de aplicación de cualquier acuerdo global de alto el fuego, los decepcionados por el proceso de paz se agarrarán a cualquiera de las oportunidades posibles de manipulación política para bloquear las reformas.

Tanto por parte hutu como tutsi, es posible una puja política sobre la cuestión de la restitución de las tierras de los refugiados y desplazados o sobre la insuficiencia de las compensaciones y reparaciones asignadas a las familias expropiadas o resinstaladas sobre tierras comunales. La insatisfacción previsible de gran número de refugiados que no puedan recuperar sus bienes es un terreno abonado para la movilización política por el grupo rebelde ausente del proceso de paz, el Partido por la Liberación del Pueblo Hutu – Fuerzas Nacionales de Liberación (PALIPEHUTU-FNL) de Agathon Rwasa. Del mismo modo, si el problema de la propiedad de la tierra se convirtiera en baza electoral, podría llegar a ser una amenaza para la transición.

En este contexto, la desactivación de la bomba sobre la propiedad de la tierra por medio de la puesta en pie de un sistema judicial transitorio exclusivamente reservado al efecto es una medida que el gobierno de transición debe poner en marcha sin dilación. Esta medida de urgencia es evidentemente complementaria de otras reformas estructurales que debe emprender el Estado burundés. Pero la preparación política del retorno y de la reinstalación des los refugiados y desplazados es en adelante una prioridad. La inserción de la institución de los bashingantahe en el proceso operativo de reinstalación debería permitir lograr que tras la firma de un acuerdo definitivo de alto el fuego la cuestión de la propiedad de la tierra no desestabilice dramáticamente la transición.

1. Iniciar inmediatamente la revisión del código de propiedad de las tierras y su armonización con los otros textos jurídicos relativos a la cuestión. Garantizar concretamente el reconocimiento explícito del derecho de las mujeres a la propiedad de las tierras.
2. Suspender todas las concesiones de tierras comunales a personas privadas y revocar todas las transacciones de este tipo de tierras efectuadas desde el inicio de la transición.
3. Revisar el texto de ley correspondiente a fin de garantizar la independencia administrativa y financiera de la Comisión nacional para la rehabilitación de los siniestrados.

A la Comisión nacional para la rehabilitación de los siniestrados (CNRS)

4. Poner en marcha inmediatamente la sub-comisión sobre la tierra dejando puestos vacantes para los representantes de la rebelión.
5. Lanzar un programa de rehabilitación de la institución de los bashingantahe destinado a tener, en cada colina, un comité de gestión de la reinstalación de los refugiados y desplazados.
6. Establecer en cada provincia un tribunal sobre propiedades de tierras y promulgar:

1. las reglas precisas que guíen la reinstalación de los refugiados y desplazados sobre sus propiedades;
2. Los criterios de compensación para las familias expropiadas;
3. Los criterios de reinstalación sobre las tierras comunales;
4. El montante de reparaciones para las familias que no puedan recuperar sus antiguas propiedades y
5. Reafirmar el derecho de las viudas a gozar plenamente de la propiedad de las tierras de sus maridos fallecidos.

1. Iniciar un diálogo con la Iglesia católica con vistas a asignar una parte de su patrimonio en tierras no explotado para la reinstalación de los refugiados y desplazados.
2. Crear un fondo fiduciario destinado a financiar la rehabilitación de la institución de los bashingantahe, la creación de tribunales sobre la tierra en cada provincia y las compensaciones y reparaciones destinadas a ser vertidas a las familias expropiadas o a las familias que no puedan recuperar sus bienes.
3. Constituir un registro catastral de tierras rurales.

A los donantes de fondos

4. Financiar el fondo fiduciario de la CNRS en tanto en cuanto ésta haya podido ofrecer garantías de buena gestión y de independencia administrativa y financiera del gobierno.

Nairobi/Bruselas, 7 de octubre de 2003