En entrevista acordada a Libération desde Adelaida, Australia, Michael Hourigan, hoy abogado, ha aceptado volver sobre el año que pasó en Kigali para proporcionar un relato que plantea numerosos interrogantes sobre el papel de las Naciones Unidas en el marco de la investigación sobre el genocidio rwandés. Y, concretamente, sobre la reticencia de la Organización a intentar conocer quién estaba tras el atentado contra el avión de Habyarimana, cuya responsabilidad (del atentado) el juez Bruguière ha atribuido al actual presidente rwandés, Paul Kagame.

Cuando llegó a Kigali, el 6 de abril de 1996, Hourigan afirma que el director de las investigaciones de la ONU, el canadiense Alphonse Breau, le pidió explícitamente que tratara de establecer quién era responsable del disparo de misiles que había destruido el aparato. Con ocasión de una visita semanas más tarde de Louise Arbour a Kigali, Hourigan le habría comunicado los progresos de su trabajo y ésta se habría mostrado satisfecha, animándole a "perseverar".

Todo cambia en febrero de 1997, cuando el investigador australiano entra en contacto con tres miembros del FPR, el Frente patriótico rwandés en el poder, que le aseguran que formaron parte de una célula que preparó el atentado contra Habyarimana, bajo la dirección de Paul Kagame. Hourigan previene a Louise Arbour por medio de una llamada telefónica desde la embajada americana, en presencia de Michael May, adjunto al jefe de las operaciones de seguridad de la ONU, enviado por Kofi Annan. Louise Arbour pide al investigador que regresa a La Haya. Es aquí donde le pidió que parara su investigación. "Arbour me dijo simplemente que el accidente del avión no formaba parte del mandato del TPIR. Y cuando hice un gesto de protesta, me preguntó si yo tenía intención de desobedecerle", prosigue. Conectado por Libération, el despacho de la antigua fiscal, hoy en la Corte suprema de Canadá, ha hecho saber que ella "prefería no hacer comentarios sobre este asunto".

Hourigan mantiene hoy que el derribo del avión formaba parte del mandato del TPIR, citando en concreto el artículo 4 de los estatutos del tribunal que extiende su jurisdicción a los "actos de terrorismo internacional". Su versión es corroborada, por otra parte, por un antiguo agente del FBI, James Lyons, a quien la ONU había pedido, ya en febrero de 1996, que coordinara todas las investigaciones en Rwanda. Con ocasión de una declaración ante el Congreso en el 2001, éste confirmó que "esclarecer la verdad sobre el atentado" entraba entre "los objetivos" fijados para el equipo supervisado por Hourigan.

El investigador revela otros elementos turbadores. Cómo, por ejemplo, un memorandum que redactó en agosto de 1997 sobre su misión en Rwanda, antes de enviarlo a los servicios internos de la ONU no fue hecho público nunca ni tampoco utilizado por la Organización. En el documento de cuatro páginas, marcado como "Confidencial", que Libération ha podido procurárselo, Hourigan evoca el asunto del avión. Habla también de las advertencias que el general Dallaire, jefe de los Cascos Azules en Kigali, había enviado a Kofi Annan, entonces encargado de las fuerzas de mantenimiento de la paz, relativas a la preparación de un genocidio por los extremistas hutu.

Si bien esta historia es conocida, otras dos lo son menos. Según Hourigan, desde febrero de 1994, Dallaire recibió informaciones precisas de un informador hutu, según el cual miembros de la guardia presidencial de Habyarimana tenían intención de asesinar al jefe de la corte de apelación de Kigali. A pesar de ello, la Minuar, la misión de la ONU en Rwanda, prefirió no moverse. En la mañana del 7 de abril, día siguiente del derribo del avión, el magistrado fue asesinado.

Hourigan evoca por fin la petición hecha en 1996 por la justicia belga al general Dallaire para que prestara testimonio sobre el asesinato de diez soldados belgas en abril de 1994. En ese momento, Dallaire habría hecho comprender que estaba dispuesto a censurar la ONU y el inmovilismo de sus jefes. Prevenido por su experto en asuntos legales, Ralph Zackrin, el secretario general Boutros-Ghali, habría especificado a Dallaire que no se le concedería inmunidad alguna si prestaba testimonio ante los tribunales belgas y que corría el riesgo de ser él mismo inculpado. Finalmente, asegura Hourigan, fue preparado un texto por la ONU para la justicia belga; fue firmado por Dallaire sin que acudiera a Bélgica. Para nada aparecían las advertencias sobre el genocidio futuro.

"Lo más frustrante", dice Hourigan, "es que tanto tiempo después no se sabe todavía lo que pasó de verdad". "Hasta este día ninguna asistencia oficial ha sido dada al TPIR por parte de los servicios de información de los países extranjeros o, incluso, de la ONU, concernientes a la planificación y preparación del genocidio de 1994", se lamentaba en su memorando de 1997.