La reacción de Paul Kagame es la expresión pública de una tensión que prevalece desde hace varios años a causa de las filtraciones sobre este atentado. Estas filtraciones, realizadas concretamente por disidentes del Frente patriótico rwandés – FPR, el movimiento de Paul Kagame en el poder en Kigali desde 1994 -, forman un haz de testimonios concordantes desde febrero de 1997. Entonces, varios informes fueron remitidos a la embajada de los Estados Unidos en Kigali y a la oficina del fiscal del Tribunal penal internacional para Rwanda – TPIR -. Vinieron luego las denuncias de la jerarquía militar por un oficial disidente, el 9 de septiembre de 1999, y un memorandum sobre el atentado por otro disidente, el 21 de abril de 2000. Pero no fue hasta agosto de 2002 cuando las acusaciones tomaron una consistencia definitiva, gracias a una investigación realizada en Rwanda por un grupo de oficiales. Aportaron los nombres de varios de los ejecutores del atentado y localizaron los supervivientes del comando. Carla del Ponte, entonces fiscal del TPIR, rechazó recibir este informe que le estaba destinado.

El ataque del FPR desde Uganda, el 1 de octubre de 1990, atestiguaba claramente la opción de una estrategia de conquista del poder por las armas. La respuesta del régimen Habyarimana fue, también ella, desprovista de cualquier ambigüedad: las detenciones arbitrarias de miles de opositores se prolongaron inmediatamente con masacres teleguiadas por las autoridades contra los tutsi en el interior del país.

Tenían el mismo objetivo: poner fin al régimen del presidente Habyarimana. Pero los dirigentes de la rebelión, contrariamente a los partidos de la oposición interior, no querían ligar su suerte a la organización de elecciones libres. Haciendo alternar acciones militares y ciclos de negociación, el FPR logró exacerbar las divisiones en el seno del gobierno ampliado a la oposición, el cual había sido puesto en pie en Kigali tras la apertura al pluripartidismo concedida por el presidente Habyarimana.

A fin de cuentas, fue el FPR el principal beneficiario de los acuerdos de Arusha de agosto de 1993. Después de esta victoria negociada en el nivel de los aparatos políticos, el presidente Habyarimana debía ser apartado. Ya que, el resultado de las futuras elecciones no podía ser sino desfavorable al FPR. Una prueba de su débil base popular había sido aportada con ocasión de la renovación, en septiembre de 1993, de los responsables municipales en la zona desmilitarizada en el norte de Rwanda. El FPR había sido derrotado en todas partes por los partidarios del MRND, el ex-partido único de Habyarimana. La reacción del FPR fue brutal: en la noche del 17 al 18 de noviembre de 1993, 55 personas, entre ellas elegidos del MRND y sus familias, fueron asesinadas en esta misma zona.

¿Sobre qué base afirma usted que el FPR se lanzó entonces a una campaña de terror por medio de minas anti-carro o anti-personas?

Entre julio de 1991 y septiembre de 1992, 45 atentados censados han sido objeto de una documentación bastante completa por parte de la gendarmería ruandesa. He confirmado estos elementos con múltiples fuentes: informes diversos, documentos de oficiales de la policía judicial, testimonios de oficiales ruandeses de los dos campos, así como de personalidades ruandesas y burundesas.

La primera oleada de atentados, tras la instalación del gobierno ampliado a la oposición, duró hasta finales de 1992. Luego, los atentados cesaron a comienzos de 1993, en el momento de la ofensiva militar del FPR en el norte. Una segunda campaña se desarrolló entre marzo y mayo de 1993. Los lugares a los que se apuntaba – mercados, central de correos, estación de autobuses de Kigali, minibuses, taxis, hoteles y bares – demostraban la intención de hacer el máximo de víctimas civiles.

Estos atentados no terminaron más que después de numerosas detenciones de "pasadores" de minas en las fronteras y la identificación de los materiales, que establecían formalmente la implicación del FPR. Desestabilizaron los partidos políticos y diabolizaron el entorno presidencial que fue sistemáticamente acusado de ser el responsable de ellos. Hicieron bascular hacia el miedo las prefecturas del centro y del sur, que todavía no estaban afectadas por la guerra. Evidentemente, para nada quitan responsabilidad a las violencias organizadas por las milicias del entorno presidencial o a las exacciones cometidas por el ejército gubernamental. Solamente que, como sus adversarios, el FPR recurrió a las acciones terroristas según un programa coordinado con sus otras formas de acción militar o política. Según mis fuentes, el coordinador de los atentados del FPR era el capitán Martín Nzaramba, entonces comandante de la unidad de ingenieros. Fue nombrado general de brigada en febrero de 2004.

Mis informaciones provienen de investigaciones efectuadas desde 1993 y 1994 por las autoridades judiciales y los servicios del primer ministro rwandés – surgido de la oposición – con el apoyo de varias embajadas occidentales. Yo estaba asociado a estas investigaciones, cuyas informaciones he confirmado con las que forman parte de declaraciones recogidas por el TPIR y, también, del informe de la justicia francesa.

En mayo de 1993, justo antes de la firma de los acuerdos de paz de Arusha, Emmanuel Gapyisi, uno de los dirigentes del principal partido de la oposición, el MDR – Movimiento democrático republicano – pretendía el puesto de primer ministro que, según los términos de los acuerdos, correspondía a su partido. Él había rechazado una alianza privilegiada con el FPR. Diez días más tarde, fue asesinado.

Félicien Gatabazi, líder del Partido socialdemócrata, fue asesinado igualmente tras haber tomado distancias frente al FPR. En cuanto se anunció su muerte, los jefes de la oposición denunciaron a los "escuadrones de la muerte" de la presidencia. Estos asesinatos desencadenaron enfrentamientos mortíferos entre las milicias de los partidos en Kigali.

Lo que estaba en juego se centró en la designación de los representantes de los partidos en el seno del gobierno y de la asamblea de transición. La bipolarización querida por los protagonistas – el campo presidencial y el FPR – se efectuó en detrimento de los partidos de oposición. Consecuencia de los atentados, asesinatos, masacres, amenazas e intimidaciones: estos partidos estallaron en tendencias alineadas hacia uno u otro de los campos, identificadas con una u otra etnia.. Este estallido, al privar al FPR de una mayoría cualificada en el Parlamento, descartó la posibilidad, prevista por los acuerdos de Arusha, de destituir al presidente Habyarimana.

El entorno presidencial, a su vez, se dividió: unos, los "moderados", esperaban la salida de futuras elecciones; los otros, los "extremistas", estructuraron su proyecto genocida.

Por su parte, el FPR preparó activamente el desenlace militar. Según fuentes internas, el guión del asesinato del presidente Habyarimana fue programado desde finales de 1993, como preámbulo del relanzamiento de la guerra. En febrero de 1994, el FPR opinaba que ya no podía permanecer "con los brazos cruzados". En el campo presidencial, todos los resortes de un genocidio estaban entonces preparados en el plano político, ideológico y logístico: desde la coordinación entre militares y milicianos armados hasta la propaganda, pasando por los escondites de armas y la confección de listas de víctimas. Los dirigentes del FPR sabían que la eliminación del presidente liberaría las fuerzas más fanáticas en el enemigo. Sabían también que, como consecuencia de la solemne advertencia del 4 de abril, las Naciones unidas planeaban la retirada de sus cascos azules. Sin quererlo, las embajadas y organismos de cooperación internacional fijaron entonces la fecha del atentado. En efecto, establecieron una última fecha tope, el 8 de abril, a las partes en conflicto, para la puesta en pie de las instituciones de transición. Al hacerlo, iniciaron la cuenta atrás del atentado, del relanzamiento de la guerra y del genocidio.

Fue el primer gran atentado político. En el momento de los hechos, mayo de 1993, la investigación estableció que Emmanuel Gapysi, figura en alza de la oposición al régimen del presidente Habyarimana, había sido asesinado por un comando formado por cuatro personas sobre dos motos y "cubiertas" por otras dos personas en coche. Los indicios principales fueron 6 casquillos y dos balas encontrados en el lugar del atentado, además de una bala extraída del cuerpo de la víctima. Los casquillos llevaban la mención Israel Military Industries, calibre 9mmm, fabricación 1994. Provenían de antiguas entregas al ejército ugandés, proveedora del Frente patriótico rwandés (FPR) de Paul Kagame.

Basado en testimonios recogidos en el mismo seno del FPR, André Guichaoua afirma haber identificado a los autores del atentado. Los dos tiradores desde los asientos traseros de las motos serían el cabo Mahoro Amani, un sub-teniente actualmente en la cárcel por otros hechos, y el sargento Dan Ndaruhutse, hoy teniente de la Guardia republicana.

Ministro de trabajos públicos y de la energía en el gobierno dirigido por la oposición, Félicien Gatabazi, fundador y jefe del Partido socialdemócrata (PDC), había tomado sus distancia, ya desde 1993, tanto respecto del presidente Habyarimana como del FPR, el movimiento rebelde de Paul Kagame. Su partido no quería ser el "lacayo" ni de uno ni de otro, explicó en un mitin en febrero de 1994. Unos días más tarde, el lunes 21 de febrero, al salir de una reunión de la oposición en el hotel Méridien de Kigali, el opositor fue asesinado en su coche cuando subía hacia su domicilio, hacia las 22,45h. Según testimonios recogidos por el Tribunal penal internacional para Rwanda (TPIR) y por el juez Bruguière, y confirmados a André Guichaoua, dos militares del FPR serían los autores de este crimen: el teniente Godffrey Kiyago Ntukayajemo, que purga una pena a perpetuidad por otras causas, y el sargento Eric Makwandi Habumugisha, el cual habría asegurado ya la "cobertura" del asesinato de otro dirigente de la oposición, Emmanuel Gapyisi, en mayo de 1993.