Joseph Mafokozi
19.04.01
En Burundi no ha habido ningún intento de golpe de estado. Tan sólo ha sido un montaje, por cierto no tan bueno como el de 1991. En aquella época, tras no pocas presiones de la Comunidad Internacional, Pierre Buyoya se avino a reunirse en París con los representantes del partido PALIPEHUTU (Partido para la Liberación del Pueblo Hutu), cuya ala militar se estaba enfrentando con el ejército gubernamental. Curiosamente, esta reunión coincidió con un ataque de gran envergadura del ejército a la región donde se supone estaban concentradas las fuerzas del ala militar del PALIPEHUTU; este ataque se saldó con un elevado número de víctimas civiles, hutus como de costumbre. Regresó precipitidamente y sin firmar nada con el PALIPEHUTU, presentándose ante las cancillerías occidentales como el único capaz de pacificar el país. ¿Quién dio la orden de atacar?
Esta vez Pierre Buyoya estaba en Libreville (Gabón), en teoría para encontrarse con el representante de las Fuerzas para la Defensa de Democracia (FDD), Jean-Bosco Ndayikengurukiye, por enésima vez para fijar las condiciones conducentes a la puesta en marcha del moribundo Acuerdo de Paz de Arusha. Bien es cierto que el ala más dura de su ejército veía muy mal este tipo de encuentros. Pero de ahí a organizar un golpe de estado media un abismo que ningún tutsi en su sano juicio iba a tolerar. Si Buyoya ha de ser depuesto lo será por un acuerdo de familia que garantice la defensa - como sea - de los derechos adquiridos de la nomenclatura tutsi. Eso implica que no se derramará la sangre de ningún tutsi, salvo si ello permite cumplir el objetivo antes expuesto. La de los hutus se derramará siempre que esto garantice la supremacía militar y económica de la nomenclatura tutsi en el poder desde 1962 hasta la actualidad.
Con esta pantomima - que parece haber convencido a todo el mundo - Buyoya quiere presentarse otra vez ante las cancillerías occidentales como el único que verdaderamente controla la situación en Burundi. Siendo las cosas así, que menos que entregarle la dirección de la transición política. Y ésta es una cuestión recogida en los Acuerdos de Paz de Arusha, pero sobre la que los firmantes no logran tomar una decisión definitiva. Lo único que está claro es que 13 de las 19 delegaciones presentes en Arusha se oponen frontalmente a la permanencia de un individuo que ha protagonizado dos golpes de estado (1987 y 1996) y participado activamente en el estallido de una guerra civil que dura ya siete años. Pero también se conoce su lema: el poder no se abandona bajo ningún concepto.
Por otra parte, aunque las cancillerías occidentales puedan caer ante los encantos de un Pierre Buyoya aparentemente revigorizado, es muy improbable que los combatientes hutus pertenecientes tanto a las FDD como al FNL (Frente Nacional de Liberación) abandonen las armas. Sus condiciones son claras: (1) el ejército monoétnico tutsi debe dejar de matar a los civiles hutus, (2) una vez acuarteladas todas las fuerzas que se enfrentan en suelo burundés se debe crear un nuevo ejército verdaderamente nacional en las condiciones recogidas en los Acuerdos de Paz de Arusha. Mientras no se cumplan estos requisitos, seguirán cayendo muertos de uno y otro bando.