COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos
55° período de sesiones - 28 de julio al 15 de agosto de 2003
Tema 3 del programa provisional
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ESTADO DE DERECHO Y DEMOCRACIA
Exposición presentada por escrito por la Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial
El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social..
[3 de julio de 2003]
Impacto negativo de la impunidad en la zona de los Grandes Lagos africanos
I. La Asociación Americana de Juristas (en coordinación con varias ONGs sobre el terreno y también europeas
1) en su última declaración escrita de 17 de marzo de 2003 (E/CN.4/2003/NGO/203) denunciaba la situación de impunidad de violaciones de derechos humanos, cometidas en Ruanda o por fuerzas regulares ruandesas en territorio de la República Democrática del Congo. Nos referíamos al Informe publicado en 1998 por el Equipo de Investigación del Secretario General de la ONU2, que reportaba asesinatos y ejecuciones masivas perpetradas en 1996 por el Ejército Patriótico Ruandés (Rwandan Patriotic Army), calificándolos como posible genocidio en términos legales, de acuerdo con su objetivo de destruir un grupo étnico. No hay que decir que este genocidio todavía permanece en la más estricta impunidad. Sin embargo la conciencia de nuestras organizaciones está progresivamente más impactada por los recientes acontecimientos, que lamentablemente están acaeciendo en el territorio de la R.D. del Congo cometidos por grupos extranjeros paramilitares o militares.El Secretario General de las NN.UU, Sr. Koffi Anann, ha denunciado el genocidio que se está produciendo hoy en el Nordeste del país. Los choques entre dos grupos étnicos (hemas y lendus) están reproduciendo la situación creada en Ruanda en 1994 y después en territorio congolés, siendo utilizada para el beneficio de los poderes económicos internacionales con intereses estratégicos en el área. Ruanda, Uganda y Burundi, con la complicidad de los Estados Unidos de América, apoyan a tres "señores de la guerra" que señorean sobre la zona más rica de la R.D. del Congo. Por otro lado, Zimbabwe, Angola, Namibia, Chad, Libia y Sudán, amparados por el silencio de la comunidad internacional, que tiene intereses económicos en la zona, están apoyando al gobierno oficial del Presidente Joseph Kabila. No es necesario mencionar ahora las riquezas naturales de la zona oriental del país, ya que ello fue ampliamente explicado en el párrafo I de nuestro escrito citado presentado ante la Comisión de Derechos Humanos.
II. Por lo tanto, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) quiere una vez más llamar la atención de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos para hacer un seguimiento serio de los abusos en materia de derechos humanos en aquella región. La AAJ basa su denuncia en los siguientes hechos:
1) Datos de masacres recientes en territorio congoleño que permanecen impunes: Los acontecimientos que se han producido en Bunia en mayo del 2003, han producido numerosas víctimas y pérdidas materiales importantes. Veinte personas fueron masacradas en la parroquia de la Iglesia Católica de Nyakasanza, incluyendo tres bebés (asesinados a machetazos y con la cabeza rota) y dos sacerdotes católicos. Dos socorristas en plena actividad portando el emblema de la Cruz Roja fueron abatidos a sangre fría en el transcurso de ese combate. Muchos otros civiles también fueron masacrados en una casa del barrio Bankoko, a los que se pueden añadir entre tantas otras más de cien personas en Nyoka, más de trescientas treinta cerca de Bunia (antes de la llegada de la fuerza internacional de paz de la ONU a la región), entre otras. Otras fuentes locales informan de pillajes sistemáticos a organizaciones cristianas y a instalaciones de ONGs internacionales, como Oxfam, MSF, Coopi, ... Innumerables localidades fueron quemadas y sus infraestructuras comunitarias (escuelas, hospitales,...) destruidas. Se ha registrado un flujo de desplazados todavía no cifrado pero calculado en miles de personas hacia las zonas de Nebbi (Uganda), Beni, Eringiti, etc.
Más de 7.000 civiles que permanecieron en la ciudad se tuvieron que refugiar en el Cuartel General de la MONUC y en el aeropuerto bajo la protección de soldados uruguayos de la propia MONUC. El balance de víctimas se eleva a mediados de junio a más de 300 muertos, en su mayoría civiles.
La falta de condiciones sanitarias en los lugares de alojamiento de estos desplazados ha provocado la aparición de cólera. Para afrontarlo, dentro de las mismas instalaciones de la MONUC, se ha organizado un dispensario sanitario. Tenemos también que citar un centenar de heridos por bala, machete o explosiones de obuses. Sólo gracias a la aportación de las agencias humanitarias, una parte de las más de 10.000 personas desplazadas han tenido acceso a algunos alimentos, agua potable y corriente eléctrica.
Y todo esto a pesar de la firma por todos los beligerantes del acuerdo de Dar-Es-Salaam, el 15 de mayo de 2003. La falta de cumplimiento de estos acuerdos y sobre todo la impunidad en la que quedan estos crímenes hacen prever nuevas crisis interétnicas y humanitarias en la zona de Ituri. En relación a la celeridad de las atrocidades cometidas por estas fuerzas gubernamentales y paragubernamentales explica la desesperación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que no disimula su temor a la repetición de los genocidios vividos en Ruanda
3. Al principio las matanzas eran selectivas y en función de la pertenencia a una u otra etnia. Sin embargo, actualmente las matanzas son generalizadas. Los combatientes de ambas partes proceden a matar y a saquear a toda la población sin distinción de tribus. Los cascos azules de la MONUC con base en Bunia asisten impotentes a las citadas escenas, debido a las escasas atribuciones concedidas por el mandato del Consejo de Seguridad. Es preciso extraer enseñanzas de la impunidad en que se cometieron las masacres generalizadas producidas en el norte de Ruanda entre 1990 y 1994, del ataque aterrador de Kibeho en 1995 en presencia de cascos azules, los ataques sistemáticos, planificados y generalizados contra los refugiados ruandeses en el entonces Zaire durante 1996 y 1997, las masacres y ataques indiscriminados a partir de 1998 y hasta el presente en el Congo, siendo así que las más notables ONGs de defensa de los Derechos Humanos cuantifican en millones -en plural-- las personas muertas directa o indirectamente a causa del conflicto. Hay que sacar enseñanzas de la impunidad en la que continúan las masacres de Kisangani en junio de 2000 y mayo de 2002, que también fueron perpetradas ante la incapacidad jurídica de MONUC. Es preciso aprender de los errores cometidos, aceptados o no aceptados y corregirlos, con el fin de que la inacción ante la impunidad no derive en más destrucción humana y ecológica.Las atrocidades de Bunia y de toda la región de Ituri y del nordeste del Congo suscitan un interrogante sobre la oportunidad de la mejora del mandato actual de la MONUC. En opinión de las organizaciones de base, esta fuerza de NN.UU. debería tener entre otras misiones las de identificar, arrestar y llevar a los culpables ante el Tribunal Penal Internacional para ser sancionados según las normas aplicables en materia de crímenes contra la humanidad.
Se están cometiendo en Ituri desde el principio de la segunda rebelión (1998) violaciones de derechos humanos gravísimas. Muertes, masacres, torturas, pillajes se cometen sin que a sus autores ni siquiera se les moleste. La impunidad que caracteriza estas violaciones masivas, flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos en Ituri fomenta la reincidencia de sus autores. La impunidad no puede llevar a que se sigan cometiendo delitos contra la humanidad, asesinatos y actos de antropofagia (como han denunciado públicamente los pigmeos), de forma que pensamos que una misión de investigación neutral debería establecerse en Ituri para determinar las responsabilidades y disuadir así la comisión de nuevos y potenciales crímenes. Los pronósticos del Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Koffi Anann en el informe de 1998 antes citado, en relación a los efectos devastadores de la impunidad como generadora de ciclos perversos de violencia sistemática, ayer y hoy, tristemente, se han visto confirmados y siguen confirmándose cada día. Si no se actúa urgentemente, la bola de fuego de la guerra y los conflictos continuará extendiéndose de forma imparable por toda África, siendo aprovechada por países y transnacionales sin escrúpulos, para enriquecerse de forma criminal con los abundantísimos y variados recursos naturales africanos.
2) Represión política en Ruanda, como causa y efecto de impunidad: La ilegalización del partido opositor ruandés Mouvement Démocratique Républicain (MDR) fue propuesta el 15 de abril de 2003 por un parlamento controlado y paralizado por la junta militar del General Kagame, ante el anuncio de la candidatura a las elecciones presidenciales del antiguo primer ministro Faustin Twagiramungu. Éste, en diciembre de 1994, ante la gravedad de las masacres cometidas por los militares del FPR desplegados por todo el país, se atrevió a denunciarlas públicamente. El General Kagame y los miembros de su junta militar pretenden impedir ser llevados ante jurisdicciones nacionales e internacionales, en el caso que la impunidad que se han procurado pueda desaparecer si venciera la oposición en el próximo acto electoral.
La justicia ruandesa ha sido víctima en los últimos años de una depuración étnica y actualmente está monopolizada por una sola etnia en tanto el Bureau de la Cour Suprème constituye el motor del Conseil Supérieur de la Magistrature. Este "Bureau" es el encargado de nombrar los jueces de tribunales inferiores y, en especial, los jueces de las cámaras especializadas en crímenes de genocidio. Se han constatado casos de detenciones arbitrarias simplemente realizadas por venganza.
A propósito de las jurisdicciones nacionales, anunciamos en esta declaración escrita la preparación de una querella criminal ante la jurisdicción universal española en casos de genocidio (y en concreto ante la Audiencia Nacional) contra diferentes cargos y responsables del gobierno del General Kagame.
Recordemos que el Presidente Kagame bloquea siempre la entrega de los militares del FPR responsables de actos de genocidio y crímenes contra la humanidad reclamados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Incluso algunos criminales del FPR identificados por el TPIR han sido protegidos para así no personarse como inculpados en la prisión de Arusha. Probablemente hará lo propio si es solicitada su extradición por Tribunales Nacionales con Competencia Universal.
La ilegalización de este partido corrobora las manifestaciones del propio Presidente Kagame en un discurso pronunciado el 31 de marzo de 2003, donde veladamente anunciaba que sería candidato único en esta próxima contienda electoral. Es dentro de esta estrategia de mantenimiento de la impunidad que el MDR debe desaparecer y ser reemplazado por un nuevo partido satélite sometido a las consignas del FPR. Ésta es la situación político-militar que el APR/FPR ha impuesto en Ruanda desde que este Actor No Estatal (ANE) se convirtió en 1994 en "actor estatal único y antidemocrático" en este país, manteniendo actores no estatales de su influencia en el este del Congo.
III. Propuestas: Por todo ello, creemos que la situación en Ruanda y en la zona de los Grandes Lagos en general amerita un reconocimiento y una propuesta de sanción por parte de la Subcomisión de DD.HH. al introducir a los países de esta zona en la lista de Estados con un cuadro persistente de violaciones masivas y graves de los DD.HH. y de las libertades fundamentales.
Asimismo querríamos solicitar al Gobierno de Ruanda a que invitara a la experta de la Subcomisión en discriminación de la Administración de Justicia, Señora Leila Zerrougi, para visitar el país en el ejercicio de su mandato y realizar el informe correspondiente.
En tercer lugar solicitamos a la Subcomisión que inste al Gobierno de Ruanda a que acceda a la entrega al TPIR de sus propios militares y otros altos cargos implicados en los casos de genocidio, de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra.
1. Assistance aux victimes des conflits en Afrique Centrale -AVICA (Bruselas), Fundació S'Olivar (Mallorca) e Inshuti (Cataluña).
2. S/1988/581 Informe del Equipo de Investigación del Secretario General de las NN.UU. en la R.D. del Congo
3. El señor Sergio Vieira de Mello teme que la situación se envenene y se convierta en otra Srebrenica u otra Ruanda, aunque las condiciones sean diferentes.