Del Partido-Estado al Estado-Cuartel

Contribución al análisis de la crisis ruandesa, 1990-1994

Capítulo 6: Conclusión

Isaías 21:11-12.

La Revolución Social y Política de 1959 - 61, que puso fin a la feudalidad, había permitido establecer una sociedad más igualitaria. Había imprimido transformaciones profundas en las relaciones sociales y en las relaciones de producción, basadas en la especialización étnica en materia de produccion agrícola y pastoril, que había caracterizado los períodos precolonial y colonial.

Estas transformaciones en las relaciones de producción habían mejorado las relaciones interétnicas en el seno de la población rural, aunque sea verdad que las rivalidades étnicas siguieron teniendo un gran peso en la gestión política del país. En el ámbito rural, ya no existían factores de antagonismo étnico, ya que las nuevas relaciones de producción no estaban estructuradas por la pertenencia étnica. Los conflictos de acceso a la propiedad de la tierra no se expresaban a través de comportamientos o acciones identitarias.

Es cierto que, en los años 80, con la evolución demográfica y el progreso relativamente débil realizado en el terreno económico, la fracción de la población constituída por los campesinos sin tierra era muy fuerte. El sector rural ya no podía él sólo capitalizar todos los crecimientos demográficos. Sin embargo, incluso con la hambruna que golpeó brutalmente el mundo rural a finales de los años 80, el análisis campesino no ponía sobre el tapete factor étnico alguno; más bien ponía en tela de juicio a los administradores del país, que no se preocupaban de los campesinos sin tierras y sin otro medio de subsistencia. Igualmente, eran puestos en entredicho las élites (políticos, hombres de negocios, funcionarios, militares) Hutu y Tutsi, que estaban metidos de lleno en una estrategia de acumulación acelerada de los recursos nacionales.

Si bien la revolución sirvió de factor mediador entre los compenentes étnicos de la sociedad rural, en el sector "moderno" dió lugar a una competencia aguda por el poder político, primero entre las élite Hutu y Tutsi, luego, desde finales de los años 60, entre las élites Hutu del sur y del norte. Alianzas objetivas para la gestión del poder se entablaban y se rompían frecuentemente en esta dinámica de competencia y rivalidades entre grupos de interés, en una doble lógica: acceso a los recursos nacionales y garantías de seguridad de este acceso. Desde 1973, el instrumento de acceso al poder era el ejército, y el poder era el instrumento de acumulación. Al ejército se le añadieron las redes del clientelismo que introdujo la Segunda República. Al ser estas redes integradoras, el factor étnico había dejado de poseer una dimensión determinante. Por el contrario, a causa de las rivalidades agudas entre las élites Hutu del norte y del sur, el factor regional polarizaba más la clase política que el factor étnico.

Bajo la Segunda República, las élites Tutsi se acercaron claramente de los líderes militares y civiles del norte contra las élites Hutu del sur. Se desarrolló un sistema despótico complejo, favorable a los grupos de interés entre las élites (políticas, militares, religiosas, de negocios). Este sistema se caracterizaba por un reparto de papeles, en el que cada grupo explotaba su parcela, con cierta "cohesión de la opresión". Es evidente que para asegurar el poder y los flujos (financieros, de influencia etc.) del sistema, este reparto de papeles y de parcelas seguía una geometría étnica y regional variable. La principal preocupación del régimen era mantener las élites Hutu del sur bajo control. Así pues, se puede afirmar que, aunque los problemas étnicos no tenían un arreglo satisfactorio y duradero, estaban fuertemente atenuados bajo la Segunda República, entre 1973 y 1990.

Hacia finales de los años 80, el consenso entre quienes constituían los pilares del sistema (Hutu y Tutsi, gentes del norte y del sur, militares y civiles) se puso a prueba. Su fuerza y estabilidad se debilitan de manera acelerada con el agotamiento de los recursos que lo alimentaban y con la crisis del modelo de "partido-Estado". Antes del establecimiento de un nuevo equilibrio, la guerra insensata de octubre de 1990, así como la explotación igualmente oportunista de ésta por grupos extremistas, hacen despertar los demonios del etnismo. El etnismo, como dimensión política de envergadura, conoce un predominio sobre el regionalismo después del asesinato del Presidente Burundés Melchior Ndadaye, en octubre de 1993.

En cuanto a la influencia externa, Uganda fue el principal "pipe-line" de las ayudas otorgadas a la rebelión del FPR. Estas ayudas hicieron que la guerra durara, lo que acentuó la polarización étnica de la clase política del país. Sin embargo, el FPR recurrió a una desinformación estratégica sobre el conflicto ruandés, haciendo creer que cuanto sucedía en Rwanda no era una guerra entre dos facciones bien armadas en competencia por el poder desde octubre de 1990, sino un plan, de cerca de cuarenta años, de exterminio de los Tutsi por parte de los Hutu. Las dificultades en encontrar una solución duradera del conflicto ruandés provienen del éxito de esta desinformación.

Se plantea así la pregunta de saber si el nuevo régimen, que ha logrado introducir un número extraordinario de militares en el gobierno, en el parlamento, en el sistema judicial y en las administraciones públicas, puede generar la esperanza de que una paz duradera pueda instaraurarse en un plazo razonable en Rwanda y en la región de los Grandes Lagos. Construído sobre la falsa hipótesis de la fatalidad del odio entre Hutu y Tutsi, el nuevo régimen ha mostrado más bien que no tiene prisa alguna por proponer una solución no violenta a los antagonismos políticos y sociales fundamentales de la sociedad ruandesa. Desde su intervención al lado de los combatientes de L. Kabila, presidente de la República Democrática del Congo, los nuevos dirigentes más bien agravan el conflicto étnico, al generalizarlo en el conjunto de la región de los Grandes Lagos. Siguen oponiéndose a las iniciativas de diálogo por la reconciliación nacional, afirmando que todavía es demasiado pronto para iniciar semejante proceso, considerado desestabilizador para su poder. El Vicepresidente mismo, Paul Kagame, ha descrito el diálogo y la reconciliación como una enfermedad en estos términos:

A pesar de semejante toma de postura oficial contra la reconciliación, nada indica todavía que la solución de balcanización del país según criterios étnicos sea fatal. Está claro que la noción de unidad nacional debe ser revisada para que la sociedad pueda trazarse un nuevo camino que la conduzca hacia horizontes nuevos de paz y prosperidad. La unidad debe sustentarse en la existencia de los unos para con los otros y viceversa, y no simplemente en la existencia de un solo grupo contra el otro, utilizando la fuerza militar. Si no se logra, no se habrá extraído lección alguna de un conflicto que ha sacrificado a tantas vidas humanas. Esta unidad debe construirse sobre la demolición de los esquemas de pensamiento que han conducido a este conflicto, y por medio de la introducción de cambios institucionales necesarios, que respeten las exigencias de una coexistencia pacífica entre ciudadanos de diferentes identidades. Pasa, necesariamente y en primer lugar, por la reconciliación nacional. No debe invertirse el debate. La primera etapa es la reconcicilación entre las élites militares y políticas por un lado y el pueblo por otro. Es absolutamente necesario que estas élites restituyan el poder al pueblo. Esto exige establecer un nuevo marco estructural de una sociedad reconciliada y el establecimiento de nuevas reglas, que permitan el reparto justo y equitativo del poder y de los recursos nacionales.

Siendo como es el genocidio la negación total de lo cultural, social y político, ya que es la negación absoluta de la vida, lo que verdaderamente está en juego es la supervivencia de la sociedad y la instauración de una gobernación consensuada. Por consiguiente, el problema crucial al que los ruandeses deben aportar una solución duradera para poner fin para siempre a un sistema de gobierno genocida, es instaurar rápidamente el respeto absoluto del derecho a la vida y poner en pie instituciones democráticas. Ya existen reflexiones que proponen reconstruir la sociedad ruandesa sobre valores superiores, fundamentados en un paradigma de una democracia consensual y en un nuevo marco institucional, cuyo contorno queda esbozado de este modo:

1) El Estado de derecho y la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana que prioricen la legalidad, la primacía del derecho, la igualdad ante la ley, el pluralismo político, el respeto y protección del individuo;

2) La democracia consensuada o la asociación a la gobernación de las grandes corrientes políticas, conforme a su peso electoral;

3) La descentralización y el otorgamiento de peso al poder local y al desarrollo regional.

4) El bicameralismo o la toma en consideración de las diversidades étnicas, regionales y sociológicas.

5) La participación popular y la promoción de la democracia directa y el derecho de iniciativa popular.

6) La separación de poderes o la constitución de contra-poderes institucionales, para que el poder frene al poder.

7) La desmilitarización y el reforzamiento del compromiso democrático y el ofrecimiento de perpetua neutralidad, en contrapartida de garantías internacionales y de la asignación de los escasos medios a la reconstrucción nacional.

8) La integración regional o el anclaje del país en un conjunto más amplio económico regional, caracterizado por el desarrollo de las infraestructuras de dimensión africana y por la libre circulación de personas y bienes.

El proceso para alcanzar este objetivo debe tomar un camino distinto al que ha conducido a los acuerdos de Arusha, donde existieron negociaciones pero sin encuentro real entre las partes en competencia por el poder. No hubo una preocupación por la construcción de una sociedad realmente solidaria y distendida. Las partes en negociación se habían limitado a las reglas de gestión de la tensión. El resultado fue que esas mismas reglas terminaron por agravar la tensión.

¿Qué piden los ruandeses, ansiosos de paz y justicia, a sus hermanas y hermanos de la comunidad internacional? Sencillamente, que eviten juicios globalizadores. Afirman que no hay una etnia de buenos y otra de malos; que la mayoría aplastante de los miembros de cada etnia está formada por gente buena. Su petición más importante, en estos tiempos de incomprensión de su problema por parte del resto del mundo, queda mejor expresada por el Arzobispo zaireño, el difunto Mons.Ch.Munzihirwa en estas líneas:

No obstante, aunque necesiten la ayuda de la comunidad internacional, los ruandeses deben, los primeros, asumir su responsabilidad ante la historia, reprobando unánimemente la violencia como medio para resolver su conflicto. Así pues, es criminal seguir invirtiendo energías y recursos en el esfuerzo de culpabilización global de los grupos étnicos en los genocidios de 1994-1997. Los ruandeses Hutu deben reconocer no solamente la realidad del genocidio Tutsi de 1994, sino también reconocer los sufrimientos soportados por los refugiados Tutsi durante treinta años de exilio, y lo que padecen los supervivientes del genocidio, sean cuales sean los factores que causaran los enfrentamientos étnicos.

Por su parte, los Tutsi deben reconocer los sufrimientos de los Hutu producidos por el avasallamiento del sistema feudal durante siglos. Deben reconocer los sufrimientos padecidos por los campesinos Hutu de Byumba y Ruhengeri en los campos de desplazados, donde causaban estragos el hambre, las enfermedades y los suplicios inflingidos por los militares del FPR. Sobre todo, deben reconocer que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad perpetrados contra los Hutu de Rwanda y en la República Democrática del Congo por el APR, se inspiran en el principio de garantizar la seguridad de un poder étnico por medio del genocidio, y que, por lo tanto, son tan condenables como el genocidio Tutsi. Es importante que los miembros de las diferentes etnias tengan el coraje de escucharse mutuamente, ya que la mayoría de los ruandeses ha padecido cada uno una experiencia trágica y sufrimientos personales; experiencias que no pueden limitarse simplemente a una contabilidad en la tragedia de la nación.

Si los ruandeses, Hutu y Tutsi, enamorados de justicia y democracia, no son capaces de desbordar los límites de sus identidades étnicas para identificar juntos y objetivamente los verdaderos responsables de los actos criminales que se están produciendo desde 1990, y muy especialmente desde abril de 1994, la sociedad ruandesa corre el peligro de romperse para siempre. ¿Cómo evitaría meditar en el mensaje contenido en la canción de J.B.Byumvuhore, que nos describe a los responsables del genocidio y de las desgracias de nuestra sociedad?. Esta canción proclama a nombre de quién Dios carga la factura, "firmada por Su misma mano y llevando su cuño", de los sufrimientos y destrozos ocasionados por el desarrollo trágico de este trozo de la historia de Rwanda: