El histórico acuerdo de paz firmado el domingo pasado en Dar-es-Salaam entre el presidente burundés Domitien Ndayizeye y el jefe de las Fuerzas para la defensa de la democracia (FDD, principal movimiento rebelde hutu), Pierre Nkurunziza, prevé un reparto del poder político y la integración de los rebeldes en el ejército.

Este doble proceso se efectúa sobre bases étnicas, dado que la atribución de los diferentes puestos de responsabilidad está ligada a la pertenencia étnica de los individuos. Los hutu representan el 85% de la población burundesa, los tutsi el 15%, en este pequeño país de África central de 7 millones de habitantes. Actualmente el ejército está dirigido por los tutsi. En las nuevas fuerzas armadas, las FDD van a ocupar concretamente 40% de los puestos del estado-mayor y el equilibrio étnico 50-50 debe ser respetado en la atribución de los puestos.

En un buen número de países africanos, el poder se comparte igualmente bajo bases étnicas. Pero Burundi es una excepción en el sentido de que esta "etnización" está inscrita en los textos. Y se sitúa en las antípodas del vecino Rwanda, con una historia diferente pero con una composición étnica idéntica. Traumatizado por el genocidio de 1994, perpetrado por extremistas hutu y que causó un millón de muertos entre tutsi y hutu moderados, según estimaciones de Kigali, las autoridades ruandesas han borrado cualquier referencia étnica en los textos oficiales. Pero, en la práctica, los tutsi surgidos del Frente patriótico ruandés (ex-rebelión tutsi en el poder desde 1994) monopolizan los poderes político, económico y también militar y tienen tendencia a eliminar cualquier oposición étnica acusándola previamente de "divisionismo étnico".

"En Rwanda han sufrido una tragedia sin nombre. Han pensado que no se debía poner el acento en la etnia", explica a AFP Ambroise Niyonsaba, jefe de la delegación gubernamental burundesa en las negociaciones de paz. "En Rwanda, el nombre de la etnia figuraba en el carnet de identidad hasta 1994", y ha contribuido a facilitar las masacres, recuerda. "En Burundi, la etnia no figura ya en el carnet desde la independencia en 1962", subraya A. Niyonsaba.

Esta "etnización" del poder en Burundi "es parte del acuerdo (de paz) de Arusha", firmado en 2000, que ha permitido un reparto más equitativo del poder entre las etnias, pero no ha hecho cesar las violencia, explica el responsable gubernamental. Los diferentes participantes se han puesto de acuerdo en el hecho que "el conflicto era ciertamente político, pero que tenía también connotaciones étnicas", prosigue.

La guerra civil comenzó en octubre de 1993, tras el asesinato por soldados tutsi de Melchior Nadadaye, un hutu, primer presidente democráticamente elegido del país, que provocó inmediatamente un ciclo de masacres y "contra-masacres" étnicos.

El reparto del poder tendrá en cuenta, evidentemente, los resultados de las elecciones generales prevista de aquí a un año. Pero el Senado y las fuerzas de seguridad, así como la policía, mantendrán el sacrosanto "equilibrio étnico", sea cual sea el resultado de las urnas. Todo ello para evitar que el vencedor se haga con todo el poder. Este temor, claro está, está muy presente en la minoría tutsi que, justamente, monopoliza el poder desde la independencia.

Por parte de las FDD el tono es diferente. "Somos una mayoría demográfica pero una minoría sociológica, ya que no tenemos nada", asegura el portavoz de las FDD, Gélase-Daniel Ndabirabe. Una manera implícita de decir que, según él, falta todavía mucho tiempo para que los hutu ocupen puestos de responsabilidad acordes con su peso demográfico.