Política de terror y privilegio de impunidad en Rwanda

El 17 de abril de 2000, el general Paul Kagame, plebiscitado por el parlamento y el gobierno no elegidos y dominados por el Frente Patriótico Rwandés (FPR), se convirtió en jefe de Estado de Rwanda. Seis años después del genocidio que costó la vida a cientos de miles de Tutsi, una realidad de hecho cubre así las apariencias del derecho: "El hombre fuerte", anteriormente vicepresidente y ministro de Defensa, accede a la magistratura suprema sustituyendo en ella a Pasteur Bizimungu, un miembro Hutu del FPR, que dimitió "por razones personales". No se trata ni de un simple relevo ni, menos aún, de una "alternancia étnica", aunque el general Kagame sea el primer presidente que pertenece a la minoría tutsi desde la independencia. Tampoco por ello se trata de una revancha "histórica" o personal. Ya que, aunque se inscribe en un contexto local de etnicidad instrumentalizada con fines vengativos, de matanzas entre Hutu y Tutsi en Rwanda y en el Burundi vecino, la consagración de Paul Kagame reviste una significación política universal: tras un genocidio que la comunidad internacional no supo impedir, un responsable de crímenes contra la humanidad accede a la cabeza del Estado ruandés en nombre de las víctimas a las que pretende representar.

Bajo el mando del general Kagame, cuya responsabilidad personal está comprometida, el FPR se entregó en efecto a matanzas organizadas de Hutu después, durante y antes del genocidio de los Tutsi. En el Rwanda posterior al genocidio, en lugar de una política de reconciliación, la violación de los derechos del hombre ha sido erigida en sistema de gobierno. En el Congo-Kinshasa, el FPR no sólo ha desmantelado manu militari los campos de exiliados hutu, que efectivamente constituían una amenaza, sino que también ha perseguido, a lo largo de dos mil kilómetros a través de las selvas ecuatoriales, a civiles, de entre los que 200.000 perecieron víctimas de inanición, de enfermedades o de las "unidades especiales" lanzadas desde Kigali en su persecución. En lo referente a este acoso sin distinción entre hombres y mujeres, el informe de una comisión de investigación de las Naciones Unidas concluyó, el 29 de junio de 1998, que se trataba de "crímenes contra la humanidad", citando expresamente al Ejército patriótico ruandés (APR), cuyo comandante en jefe era Paul Kagame. Menos de dos años más tarde, la comunidad internacional, tan pronta a invocar el "deber de memoria" y la indispensable lucha contra la impunidad, ha levantado, sin embargo, acta de la ascensión del general a la cabeza del Estado. El presente artículo tiene por objeto describir cómo en Rwanda el crimen contra la humanidad se ha convertido en moneda corriente.

La guerra que comenzó en octubre de 1990 en Rwanda es la más destructiva de la historia africana contemporánea. Una auténtica guerra civil: aunque algunas potencias extranjeras intervinieron, el enfrentamiento entre exiliados tutsi y partidarios del régimen dirigido por el general-presidente Habyarimana no estuvo de ningún modo ligado a un conflicto armado entre Estados. Un desastre total: exterminio de los Tutsi del interior, liquidación sistemática de los opositores hutu a los organizadores del genocidio, matanzas de civiles por la guerrilla tutsi, huída al Zaire, Tanzania y Burundi de una parte de la población hutu, destrucciones, pillajes, devastación de las infraestructuras públicas. A comienzos de 1994, el país contaba con siete millones y medio de habitantes; el número de víctimas de la guerra y del genocidio ha sido estimado en un millón y el de los refugiados en los países limítrofes en dos millones. Si bien tales cifras hablan de la amplitud de la tragedia, no dan cuenta de los lutos abrumadores, de los odios y de las angustias que han sitiado la sociedad ruandesa.

Ahora que las atrocidades del decenio 1990 han sellado con sangre la división entre Hutu y Tutsi, ¿cómo actuar para que esta división conozca una salida distinta a la de la lucha a muerte? ¿Cómo los antiguos exiliados, tras tomar Kigali el 4 de julio de 1994 y haber logrado la victoria, van a reconstruir el país y una sociedad tan profundamente traumatizados y devastados?

El gobierno puesto en pie el 19 de julio de 1994 se había fijado una duración limitada a cinco años. Desde enero de 1995, las nuevas autoridades presentaron a los proveedores de fondos potenciales un Programa de reconciliación nacional, de rehabilitación y relanzamiento socioeconómico. Cinco años después, ¿qué ha sido de ese programa?. El 8 de febrero de 1999, las autoridades declararon que mantenían el estado de excepción y prolongaban cuatro años más el periodo de transición. Invocaron entonces la inseguridad que hacían pesar sobre Rwanda los revanchistas Hutu, con bases en el exterior y apoyados en el interior, a la espera de culminar el genocidio. Por lo tanto, una parte del Programa había fracasado, la que preveía la "reconciliación nacional".

Una rebelión hutu, parapetada en el Congo, que lanza ataques mortíferos en las regiones fronterizas norte y noroeste, existe efectivamente. Sin embargo, no determina por sí sola el fracaso del proyecto de reconciliación. Un síntoma mucho más revelador de este fracaso es el clima de miedo y opresión que no ha cesado de pesar sobre la vida cotidiana ruandesa durante los cinco últimos años; un clima debido a las exacciones cometidas por autoridades y militares, a los asesinatos, a las detenciones ilegales, a la corrupción en todos los sectores del Estado, tanto como a los atentados terroristas.

Sin embargo, en 1990, el FPR reivindicaba un programa considerado como capaz de sentar las bases de una democracia, fundamentos que nunca todavía habían existido en Rwanda, especialmente el que establecía la igualdad entre las etnias. De hecho, contrariamente a un régimen dominado por dirigentes hutu que, al asimilar mayoría étnica y mayoría política, había excluido a los ruandeses tutsi de la vida política desde la independencia, el régimen controlado por el FPR basó su legitimidad en un proyecto anti-etnista de restauración nacional. Pero esta transformación radical del discurso fundacional no trajo consido la represión de los comportaminetos etnistas extremos mas que cuando afectaban a uno de los lados: cuando apuntaban a los Tutsi. En realidad, en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en el sector político-administrativo y en el de las actividades modernas, pesa sobre los ruandeses Hutu la amenaza de ser expoliados, detenidos, asesinados, sin que los responsables de estas exacciones o asesinatos sean jamás objeto de persecución.

El gobierno actual ruandés no escapa a la ley de sus orígenes militares: a falta de otros modos de actuación, recurre al uso de las armas para manifestar y reforzar su superioridad, en particular - aunque no exclusivamente - ante los ruandeses. Esta política, bajo la cobertura de lucha contra los "genocidas", va hasta la perpetración de matanzas premeditadas, como fue el caso en el ex-Zaire en 1996 y 1997. El pretexto de la instauración de una vertiente de seguridad había servido para realizar una política de terror respecto de los refugiados hutu al mismo tiempo que había permitido instaurar un "régimen amigo" en Kinshasa. Sin embargo, éste, presidido por Laurent-Désiré Kabila, traicionó a sus padrinos extranjeros, proveedores de fondos y de tropas. A semejanza del Uganda de Yoweri Museveni, la Rwanda del general Kagame, se implicó en una ocupación depredadora del país vecino.

La naturaleza del régimen instaurado por el FPR ya no hay que descubrirla, a pesar de sus esfuerzos de desinformación sistemática. No más que el anterior, este poder no tolera espacios políticos o ámbitos que no estén desposeídos de cualquier autonomía, que no estén íntegramente sometidos a su control. Ruandeses, no sospechosos de indulgencia para con los asesinos de toda laya y para con los políticos que los toleran o les estimulan, han revelado y denunciado sus prácticas. Observadores extranjeros. concretamente Amnesty International y Human Rigths Watch, las han relatado. No por ello las descripciones realistas del Rwanda actual logran romper los acuerdos de silencio impuestos por la inasible "comunidad internacional" - instituciones internacionales, diplomacias extranjeras y, lo que es más sorprendente, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales (ONG), afinadas al diapasón de Kigali. Es verdad que la transgresión de estas reglas tácitas es objeto de ataques violentos provenientes de medios sectarios, no únicamente ruandeses, para los que criticar al FPR viene a ser negar el genocidio. Vieja receta este tipo de amalgamas, pero que no ha perdido nada de su poder de intimidación.

Es necesario transgredir los tabús que prohiben el análisis lúcido de la política llevada a cabo por el nuevo poder ruandés: porque esta política presagia desastres futuros. Ahora, como antes de abril de 1994, el silencio equivale a aprobación, significa indiferencia frente a la suerte de poblaciones amenazadas y complicidad de hecho con facciones político-militares, que persiguen objetivos de depredación a corto plazo, sea cual sea el precio que haya que pagar en muertes y destrucciones.

En pocos años, un pequeño grupo ha logrado constituir en el seno del FPR una red político-militar que, controlando los principales puestos del poder, explota todas las ocasiones de corrupción. Esta red se ha ganado el sobrenombre de akazu (palabra que sigunfica "casita" y es utilizada por los ruandeses para designar el círculo primero que rodea al hombre fuerte): el mismo término que antes designaba al entorno del presidente Habyarimana, entorno que, tras monopolizar el poder efectivo, no dudó en llevar a cabo la política de cuanto peor mejor. El nuevo akazu, lo mismo que su predecesor, se dedica al pillaje de los bienes del Estado, al desvío de la ayuda internacional, a lo que hay que añadir los beneficios extraídos de la privatización de las sociedades públicas. Políticos, militares, hombres de negocios ligados al akazu exhiben un tren de vida lujoso, invierten en Rwanda en operaciones que reportan beneficios considerables (por ejemplo, la construcción de villas para alquilar a instituciones internacionales), al mismo tiempo que exportan la mayor parte de sus ganancias al extranjero.

En tales condiciones, la lucha en los más altos niveles para acaparar puestos estratégicos se desarrolla secretamente, puertas adentro, entre poderosos. Pero sus efectos son visibles: promociones y destituciones, detenciones, desapariciones y huídas al extranjero de hombres políticos y también de intelectuales que han denunciado, o pueden hacerlo, el sistema de corrupción y sus beneficiarios. La dimisión y las fugas, públicas o clandestinas, de personalidades hutu que formaban parte del aparato político-administrativo o de organización de la sociedad civil, comenzaron muy pronto, no han cesado nunca y son presentadas invariablemente por el poder oficial como una confesión de incompetencia, de malversaciones, de un pasado turbio o de odio étnico. Pero, estos dos últimos años se ha desarrollado un movimiento importante de Tutsi, supervivientes del genocidio, que están igualmente a la búsqueda de un país de acogida. Hombres de negocios, abogados, médicos, intelectuales: no aceptan que la gente cercana al poder les despoje. Miembros de la diáspora tutsi que regresaron en 1994 y estuvieron ligados a los medios dirigentes también ellos han cogido el camino del exilio. Entre estos dirigentes, algunas figuras conocidas. Por ejemplo el periodista Jean-Pierre Mugabe, redactor jefe del muy FPR Le Tribun du peuple, quien, en un número especial de diciembre de 1998, había denunciado "la mafia que corroe el Estado ruandés" y que, amenazado de muerte, se refugió en los Estados Unidos. Acaba de implicar a Paul Kagame en el atentado contra el Falcon presidencial, el 6 de abril de 1994, hecho que desencadenó el genocidio. Por ejemplo Joseph Sebarenzi, presidente de la Asamblea nacional de transición desde 1997, quien, al quedar en minoría en una votación, dimitió en enero último y se fugó. Fortalecido por haber obtenido mociones de censura contra dos ministros hutu acusados de malversación, la había emprendido con uno de los miembros más influyentes del FPR y figura central del akazu..

El régimen precedente había parcelado la sociedad, por debajo del ámbito municipal, en sectores y luego en células (formadas por una media de 150 familias) y por fin en nyumbakuni, grupos de unos diez hogares. Alcaldes, concejales, jefes de célula, todos ellos nombrados por el poder, debían demostrar su fidelidad activa al partido único. El nuevo régimen conservó este sistema piramidal encuadrando a la población en una jerarquía de autoridades intermedias que la controlan de cerca, al mismo tiempo que son dependientes de autoridades superiores y clientes de los hombres fuertes del régimen. Es cierto que en marzo de 1999, los dirigentes de las células y sectores han sido elegidos. Pero estas "elecciones" se desarrollaron del modo siguiente: los candidatos no habían tenido derecho a hacer una campaña pública ni de poderse presentar en nombre de un partido; los electores debían ponerse en fila detrás de su candidato. De hecho, el patrullamiento en los espacios públicos, que permite una vigilancia estrecha, no sólo se ha mantenido, sino que ha sido reforzado por un dispositivo paramilitar: en cada una de las diez mil células con las que cuenta Rwanda, han sido formados y armados cinco responsables de la local defense force, en principio para combatir en caso de ataque, pero en realidad encargados de perseguir a los interahamwe infiltrados y a sus cómplices. Estos "defensores" se comportan de manera más o menos tiránica. Poseedores de un arma y legitimados por la autoridad, oprimen a una población campesina miserable que no puede evitar entregar un tributo a sus "protectores".

Las relaciones entre las autoridades municipales y sus administrados se han militarizado igualmente ya que son ejercidas al modo militar, en el que los castigos corporales forman parte de la disciplina habitual. Militares, políticos municipales, miembros de la local defense force, cuando consieran a las gentes insuficientemente obedientes, les imponen multas, les encierran en la cárcel bajo cualquier pretexto y de manera totalmente arbitraria. Llega el caso en que prefectos o alcaldes se oponen a estos comportamientos , tratando de que no se conviertan en la regla en sus municipios. Fuera de estas excepciones, la autoridad civil es ejercida localmente de manera brutal y coercitiva, dado que, por otra parte, numerosos responsables municipales han surgido del APR.

Otro tipo de formas de militarización han sido instituídas para los escolarizados. Los estudiantes admitidos en la Universidad deben pasar por campos (ingando) donde reciben una educación militar y civica referida a la "nueva" historia de Rwanda. Esta formación debería extenderse a los alumnos de secundaria. Los alcaldes organizan también en las colinas cursos de formación análogos.

La guerra de ocupación llevada a cabo por Kigali en la RDC desde el verano de 1998 se añade a la militarización de la juventud y a la brutalización de las relaciones de autoridad. Estos soldados, que la guerra necesita, arriesgan su vida tan lejos de Rwanda que ni ellos mismos ni sus familias se creen los argumentos sobre el sacrificio que el pretexto de la seguridad del país les impone. El reclutamiento forzado de jóvenes, enviados al frente congoleño sin que sus padres estén al corriente de la suerte de sus hijos, alimenta la ansiedad en los hogares. Pero el precio de sangre ya no le basta a esta guerra impuesta por el poder. En noviembre de 1999, el presidente de la Asamblea de transición proponía una "contribución voluntaria" de los ciudadanos y de las empresas para los gastos militares. Al mismo tiempo, el Primer Ministro pedía ayudas a la comunidad internacional para luchar contra la hambruna en Rwanda.

La población encarcelada está evaluada actualmente en 125.000 prisioneros, presuntos culpables de genocidio, que esperan su juicio. Los procesos comenzaron a finales de diciembre de 1996 y el 24 de abril de 1997 veintidos condenados a muerte fueron fusilados públicamente en un estadio en Kigali. La política judicial, la organización y funcionamiento de los tribunales sufren los mismos males que el restos de las instituciones del país: las más altas instancias están sometidas a la arbitrariedad del FPR y algunos magistrados han sido amenazados, cesados, detenidos o asesinados porque deseaban una justicia independiente. La corrupción en este terreno no está mejor controlada que en los otros. El ministro de Justicia reconocía públicamente, a finales de enero de 2000, que una comisión anticorrupción nuevamente creada tendría mucho trabajo que realizar en todos los ámbitos del aparato judicial.

Incontestablemente, algunos reponsables del genocidio han sido detenidos. Es indispensable que sean juzgados y, muy justificadamente, el gobierno ruandés ha querido que su proceso individual tenga lugar ante los tribunales. Pero, igualmente, hay inocentes que han sido arrojados a las cárceles y ello en una proporción nada desdeñable. Un informe de Human Rights Watch (HRW) y de la Federación internacional de las ligas de los derechos del hombre (FIDH) denunció, en abril de 1995, la intromisión en la esfera judicial del ejército y el hecho de que bastaba acusar a una persona de haberse "mojado" en el genocidio para encarcelarla. Grupos de delación, que sirven de "acusadores a petición", permitían por medio de sus denuncias la satisfacción de odios personales, la eliminación de oponentes, la usurpación de bienes En esta época, el ministro de Justicia y el fuscal de Kigali afirmaban su convicción de que el 20% de los encarcelados eran detenidos sin ningún cargo. Los autores del informe citaban como ejemplo de esta arbitrariedad el caso de una mujer joven que seguía en la cárcel, cuando podía probar que había vivido fuera del país durante todo el periodo del genocidio.

Este informe describía una situación que se daba algunos meses después del genocidio. La debilidad de los efectivos judiciales, el estado de destrucción del país, el deseo de venganza "en caliente" podían explicar una relativa impotencia de las autoridades para contrarrestar estas prácticas. El caso es que, desde entonces, la persecución denunciadora ha disminuido tan poco que se ha convertido no sólo en un método corriente para apropiarse ilícitamente de los bienes sino que, ha ido más lejos, hasta ser una práctica de terror. A lo largo de los años siguientes al genocidio, las denuncias, aunque un tanto tardías, han golpeado a comerciantes, funcionarios y políticos. Al hacer planear sobre ellos la amenaza de una detención inminente, la sospecha, expresada o latente, opera a la manera de una "ley de sospechosos", como durante el Terror de 1793 en Francia. De hecho, la acusación de genocidio - o la amenaza de acusación - se ha convertido en un arma que forma parte del arsenal político ordinario. Dos ejemplos significativos, entre otros. El de Pierre-Celestin Rwigema, Primer Ministro hutu que sucedió en agosto de 1997 a Faustin Twagiramungu, dimisionario y exilado desde entonces. Pierre-Celestin Rwigema fue acusado de haber participado activamente en el genocidio por diputados, también hutu, que se oponían a él en el seno de su mismo partido. Para ellos era el mejor método para deshacerse de él. La prensa nacional reveló, en marzo de 1999, que efectivamente se había abierto un procedimiento por la Audiencia de Kigali. Las cosas quedaron por el momento ahí. Un año más tarde, el 28 de febrero de 2000, esta vez acusado de corrupción, el Primer minsitro fue obligado a presentar su dimisión. Otro ejemplo es el de Monseñor Augustin Misago, Obispo de Gikongoro. Desde 1994, se habían lanzado acusaciones contra él respecto de su actitud durante el genocidio, sin que por ello se iniciara procedimiento alguno contra él. Cuando el poder juzgó llegado el momento para iniciar una lucha abierta contra la Iglesia católica, siempre influyente en Rwanda, detuvo al prelado el 14 de abril de 1999, bajo la inculpación de genocidio. El proceso, abierto el 20 de agosto del mismo años, terminó el 15 de junio de 2000 con la absolución pura y simple del acusado, dado que el tribunal estimó que la acusación no había aportado pruebas que implicaran al Obispo en el genocidio.

El nuevo régimen ha tenido que combatir las tesis según las cuales la matanza sistemática de Tutsi en 1994 no habría sido la realización de un plan concebido por un grupo que acaparó los mandos del Estado sino la consecuencia de una reacción popular de autodefensa en el contexto de la guerra civil. Este combate contra una forma de negación del genocidio y contra sus propagadores era y sigue siendo necesaria. Sin embargo, al mismo tiempo que lo llevaban a cabo, los responsables del nuevo poder han instrumentalizado el genocidio para cubrir el conjunto de sus conductas. En primer lugar, instrumentalización política en las negociaciones con los proveedores de fondos: a nada que éstos no aprueben incondicionalmente la política de Kigali, manifiesten el deseo de controlar la utilización de los fondos y reclamen que sea levantado el silencio sobre los atentados contra los derechos del hombre, el discurso oficial recuerda enseguida la dimisión de la "comunidad internacional" en el momento del genocidio y lanza la sospecha sobre los recalcitrantes de querer apoyar a los "genocidas". Así que, el abandono a su suerte de las víctimas del genocidio por las grandes potencias en 1994 obligaría a estas últimas a solidarizarse, hoy, con las violencias extremas cometidas en el interior y en el exterior de Rwanda por los nuevos dirigentes. Como si las matanzas del pasado pudieran justificar las matanzas del presente...Instrumentalización económica igualmente, la cual, por medio del desvío de la ayuda exterior, ha permitido el enriquecimiento de dignatarios del régimen cuyas mansiones lujosas son apodadas por la voz popular "villas viva el genocidio". Extrañamente, por otra parte, este poder, experto en gestos capaces de seducir a los proveedores de fondos (como la promoción de instituciones y la organización de coloquios considerados como preparatorios de la "reconciliación"), no ha creado más que en 1998 un fondo de ayuda a los supervivientes, que tras haber perdido todo, viven en la mayoría de los casos muy miserablemente. Al parecer no se trataba de una prioridad.

De esta manera, el genocidio se ha puesto al servicio de los intereses de una minoría en el poder, deseosa de mantenerse en él cueste lo que cueste. Ahora bien, todavía se produce otra instrumentalización, de consecuencias incomparablemente más graves, ya que amenaza el futuro de la paz civil: la que consiste en criminalizar en bloque la etnia hutu. Por mucho que el poder trate de mostrar una voluntad de erradicar el etnismo (y hay medidas que efectivamente van en ese sentido, como la supresión de la mención étnica en los documentos de identidad), no es menos cierto que el etnismo contamina más que nunca el espacio público, sin que los dirigentes se opongan a él. Al contrario, personalidades de primer rango hacen declaraciones públicas que no hacen sino globalizar la culpabilidad de los ruandeses hutu. Por ejemplo, el 3 de marzo de 1999, ante un parterre de representantes de ONG en la Universidad libre de Bruselas, el embajador de Rwanda en Bélgica sostuvo que habría habido dos millones de "genocidas", tanto como decir todos los hombres adultos. O también, durante ese mismo año, el nuevo ministro de Justicia que declaraba que si hubiera que detener a los campesinos culpables de crímenes de genocidio, ya no habría hombres para trabajar en las colinas.

En realidad la lógica etnista sigue estando viva en el corazón de los mensajes oficiales, repetidos sin descanso en los más altos niveles: todo Hutu es sospechoso puesto que su etnia es culpable del genocidio. Según esta misma lógica, la cualidad de víctima sólo es reconocida a los Tutsi. Aniquila y silencia el hecho de que un gran número de Hutu fueron matados, ellos y tuda su familia, por orden de los responsables del genocidio porque eran notorios opositores a la política de matanzas. En algunas regiones, igualmente, Hutu de todos los medios sociales fueron asesinados porque eran considerados aliados de los Tutsi. Ahora bien, la historia oficial del genocidio no tiene en cuenta ni a las víctimas hutu de los "genocidas" ni a los supervivientes hutu del genocidio. Por fin, hubo Hutu que salvaron a Tutsi con peligro de su propia vida. Sin embargo, el discurso de las autoridades no da a estos "justos" el lugar que les debería corresponder y lanza la sospecha de "negacionismo" sobre los proyectos que tratan de recordar esta verdad orientada, sin embargo, hacia un futuro mejor.

El ejército del FPR se dedicó, durante la guerra, a matanzas de poblaciones civiles que no se pararon en julio de 1994. Así, en abril de 1995, en Kibeho, a pesar de la presencia de testigos extranjeros, de cascos azules de la ONU y de un equipo de Medicos sin fronteras (MSF), soldados del APR dispararon contra la población no armada de un campo de desplazados hutu. El balance fue grave y se saldó con la muerte de miles de civiles, tres cuartos de los cuales eran mujeres y niños. En 1996-1997, en el ex-Zaire, otras matanzas a gran escala, ya mencionadas, fueron tapadas con las misma justificación sumaria: todos eran "genocidas". Desde entonces, la denuncia de tales hecatombes, tan sistemáticas como premeditadas, ha sido estigmatizada como una complicidad con los autores o apologistas del genocidio.

El 7 de abril de 199, la conmemoración anual del genocidio tuvo lugar en Kibeho. En ese mismo lugar donde miles de Tutsi fueron asesinados, pero donde igualmente fue cometida la matanza de los desplazados hutu, no se dijo una palabra sobre la suerte de estos últimos. Antes al contrario, el presidente de la República transmitió una idea sobre la que los responsables del país deberían reflexionar: al haber sido cometidos los actos de genocidio "en nombre de los Hutu", aunque no todos hubieran participado en ellos, ¿no deberìan los Hutu pedir colectivamente perdón de un crimen cometido en su nombre?

En noviembre de 1999, la asociación Ibuka terminaba el censo de las víctimas del genocidio en la prefectura de Kibuye. Había decidido no hacer diferencias entre víctimas tutsi y víctimas hutu, lo cual fue anunciado por el presidente de Ibuka en estos términos:

Ciertamente algunos Hutu fueron matados por su físico que para los asesinos les asemejaba a los Tutsi. Pero quienes perdieron la vida porque eran amigos o aliados de los tutsi buscaban protegerlos por razones morales o políticas, actuaban como seres humanos no como asimilados a los Tutsi y oponiéndose a los Hutu.

Así pues, la política etnista del nuevo régimen no consiste únicamente en la confiscación práctica de las posiciones más ventajosas en favor de una minoría de origen tutsi. Tampoco se concreta solamente en las exacciones de toda índole cometidas contra los Hutu. Llega hasta a confiscarles el derecho a la expresión pública del luto y del dolor, hasta prohibir la afirmación de que hay Hutu que rechazaron la política de lo peor. Así, mientras desde hace años se hacen ceremonias colectivas de inhumación de las víctimas tutsi, estos actos de duelo sigue estando prohibidos y denegados a los Hutu. Tal violencia simbólica está cargada de consecuencias.

Sientiéndose fuerte por ese poder de intimidación que le confiere el estatuto de representantes de las víctimas de un genocidio, el régimen de Kigali reduce al silencio a sus diferentes interlocutores, descalificando de antemano cualquier crítica. Diplomáticos y periodistas, agencias internacionales y ONG, individuos e instituciones de buena voluntad se dejan atrapar, mayoritariamente, por esta lógica de rehenes y contribuyen de este modo a reforzar el discurso oficial ruandés. Pero la posición específica de los humanitarios es interesante precisamente en el sentido de que son los últimos de quienes se esperaría verles como compañeros de ruta de criminales. Tratar de descubrir cómo una actividad fundada en el rechazo a la indiferencia frente al horror se pone al servicio de una tiranía, significa examinar las justificaciones y tópicos morales de todos los actores que se dejan aprisionar en ella.

No más que el resto de la "comunidad internacional", las ONG humanitarias no habían percibido el crecimiento de la violencia y la deriva genocida del régimen de Habyarimana. Los informes de la FIDH puestos en circulación antes del genocidio, por ejemplo, no habían encontrado más que un eco limitado en su seno. Numerosas son, sin embargo, las que están convencidas de poseer, por el solo hecho de su acción, un conocimiento inmediato y concreto de las "realidades sobre el terreno". Esta ilusión debería haber pasado a mejor vida, si se comparan los discursos y la realidad del movimiento humanitario aquejado de ceguera frente a la situación de Rwanda antes de 1994. No obstante, sería vano buscar una explicación a esta ceguera en las inconfesables complicidades con el gobierno de la época. Lejos de cualquier alianza oculta, la preocupación obsesiva de llevar a término los programas en curso es el verdadero motor de la misma. Es larga la lista de estas situaciones sobre las que las ONG han echado un velo que les permitía ignorar cualquier perturbación susceptible de poner en cuestión su acción. En estas perspectiva, las cualidades de tecnicidad y tenacidad que se espera de los humanitarios ocupan el lugar de la ética y dispensan a los actores de la ayuda de la necesidad de proyectarse más allá del perímetro de sus operaciones para examinar el sentido real y las consecuencias de las mismas. Una especie de síndrome "Puente sobre el río Kwai".

Esta ética de los resultados es lo que, por otra parte, reinó, salvo algunas pocas notables excepciones, en los campos de refugiados del Kivu, en el Zaire, después del éxodo masivo de julio de 1994. Ocultos en medio de esta multitud, los cuadros del régimen ruandés derrocado reconstruyenron rápidamente el aparato administrativo y policial de control de la población y una parte de sus fuerzas militares, con la complicidad interesada de los soldados de Mobutu. Chantaje, violencias físicas y asesinatos eran moneda corriente en estos campos encuadrados por criminales, mantenidos concretamente con los recursos aportados por las organizaciones internacionales.

Conscientes de la perversidad de esta situación, algunas ONG buscaron reaccionar apelando al Consejo de seguridad de las Naciones Unidas para que enviara una fuerza policial que separara los refugiados de los criminales. Boutros-Ghali, entonces secretario general de la ONU, apoyó y transmitió esta petición al Consejo de seguridad, el cual lo aprobó formalmente pero sin darle continuidad alguna. La rutina humanitaria retomó entonces fuerza: el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los refugiados cubrió el asunto con su autoridad moral y legal acordando a todos los exilados el estatuto de refugiado y las ONG volvieron al trabajo tras esta fugaz revuelta. A partir de entonces lo único que contaba eran el funcionamiento de los centros de nutrición y dispensarios, el suministro de víveres y otros atributos canónicos de la "crisis humanitaria". El ACNUR y las ONG contribuyeron pues activamente a la amalgama refugiados-asesinos aportando un aval a la estrategia del Hutu Power expulsado de Rwanda; dicho de otro modo: manteniendo la ficción de ese tandem víctima-socorrista tan apreciado por los telediarios. Y no se estaba lejos de pasar del "todos víctimas" al "todos culpables", desde el momento que toda esta población estaba reunida bajo una bandera única. Fue el paso que quedó franqueado cuando se produjo el ataque de los campos por parte del ejército del FPR en noviembre de 1996. Las numerosas operaciones militares que se habían hecho desde ellos en dirección de Rwanda y la presencia incontestable de miles de criminales bastaron para que esta operación de castigo colectivo pasara por ser un acto de legítima defensa, dentro de lo que cabe aceptable. Más arriba ya se ha hablado de las matanzas que se produjeron posteriormente.

Los humanitarios, privados y públicos, que tan fácilmente se conformaron con las expectativas de los extremistas del Hutu Power, por el hecho mismo de su rechazo a examinar su posición, han ido por delante de la voluntad del poder actual de Kigali. Los determinantes morales de la acción seguían siendo idénticos, sólo cambiaba el discurso. Al imperioso deber de socorro, sean cuales sean las contradicciones, se ha añadido en efecto el culto de la memoria, sea cual sea la utilización que se haga de ella. Numerosas ONG, reproduciendo una posición muy al uso en Europa, han tomado mecánicamente por su cuenta este "deber de memoria", como para colmar un déficit moral y hacer de él una especie de suplemento del alma. Pongamos de relieve de paso el desarrollo conjunto de lo humanitario y de la memoria a lo largo de estos veinte años últimos como dos facetas de un "protocolo compasivo", notable sucedáneo de moral política. Los sufrimientos del pasado, infatigablemente retomados en un morboso hartazgo colectivo, sirven de pantalla a los fenómenos políticos que están en el origen de las violencias de hoy. Sólo permanecen las víctimas, empujadas al escenario según el azar de los calendarios políticos o de los caprichos mediáticos para ser relagadas con la misma brutalidad poco después detrás de otra actualidad.

Celebraciones, conmemoraciones, actos de memoria asiduamente seguidos, incluso protagonizados por las ONG activas en Rwanda, sirven de descargo moral para éstas y, al mismo tiempo, para quienes pretenden hablar en nombre de las víctimas de ayer. Dicho de otro modo, para el FPR. Esta memoria ardiente, de la que el poder se apropia en detrimento de los supervivientes de las matanzas, se ha convertido en un ritual de comunión que asocia gobierno, organizaciones humanitarias y diplomacia en una liturgia progresivamente vaciada de sentido. Pero esta liturgia, si bien no tiene sentido, sí realiza una función que no es precisamente pequeña: hacer que la inocencia de las víctimas recaiga sobre el gobierno ruandés y permitir que una tiranía se revista con el manto de la virtud. Ciertamente los crímenes del poder de Kigali no son perdonados tan fácilmente por los diferentes oficiantes de estas grandes misas, pero quedan diluídos en el océano de los crímenes pasados y pierden, en consecuencia, toda su visibilidad o son metidos en el gran saco de la legítima defensa. La moral, a la que tanto invocan las ONG - esa nueva ciudadanía de la que se consideran privilegiados sostenes -, se reduce poco a poco a un repertorio de eslóganes sobre la justicia y la reconciliación.