La Constitución elimina todo criterio étnico en la definición de la identidad nacional y toda discriminación en los derechos de los ciudadanos. Para 4 millones de electores, el referéndum debería inaugurar una vida política "normal" y más democrática que la del pasado, puesto que, por primera vez desde la independencia, podrán elegir a sus diputados. Además, y es una cláusula revolucionaria dada la preponderancia tradicional de la autoridad masculina, la Asamblea nacional y el Senado integrarán a un tercio de mujeres.

Este referéndum debería ser portador de esperanza: dado que la reconstrucción política del país está ya lanzada, la sociedad ruandesa podría superar sus traumatismos y emprender la tarea de que la juventud comenzara a vivir en un clima apaciguado. ¿Por qué, entonces, ese "clima político interior cada vez más cargado", que la agencia AFP evocaba el 24 de mayo? ¿Por qué esas fuertes inquietudes expresadas por Amnistía Internacional y por Human Rights Watch (el 22 de abril y 8 de mayo, respectivamente) sobre la situación de opresión política que prevalece justo en el momento en que se ha iniciado un proceso institucional de liberalización democrática?

El régimen ha sido obligado a poner fin a la "transición" que oficializaba la prohibición del debate político público. En efecto, el poder actual ya no podía, si no quería perder toda credibilidad, mantener un sistema que debería haberse abolido hace ya cuatro años. Los años de la transición han sido aprovechados por el Frente patriótico ruandés (FPR) para acumular sus conquistas y privilegios que han hecho de él un partido cuasi-único, o más precisamente un partido-Estado. En el momento del referéndum, según el informe de Human Rights Watch, "doce de los quince ministros, los jueces del Tribunal constitucional y del Tribunal de Casación, el fiscal general de la República, once de los doce gobernadores..." son miembros del FPR. Un examen detallado de las instituciones del país confirmaría la confiscación por parte de este partido del conjunto de puestos de alguna importancia.

¿Cómo abrir el juego electoral sin poner en peligro esta hegemonía? Teóricamente la respuesta es simple: basta con bloquear la oposición. En la práctica, la solución puesta en marcha exige un dispositivo complejo. Sólo un partido, el Movimiento democrático republicano (MDR) es capaz de ser un obstáculo a los objetivos del FPR. Una comisión de la Asamblea nacional de transición ha procedido, en consecuencia, a abrir una investigación sobre el MDR, que se ha visto acusado de "divisionismo", nuevo término acuñado en vez de "extremismo étnico". Así pues, se ha publicado una lista nominativa de culpables y los miembros de la comisión parlamentaria han pedido la disolución de este partido. Pasteur Bizimungu, antiguo presidente de la República, habría sido un posible oponente al actual presidente: por eso lleva más de un año en la cárcel y el partido que quería crear ha sido prohibido.

Por fin, como lo establecía la propia "ley fundamental" de la transición, los partidos no han sido autorizados a celebrar reuniones públicas y a reclutar adherentes. La prohibición, evidentemente, no ha concernido al FPR, que no se ha privado de convocar mítines organizados por autoridades locales donde los participantes eran invitados firmemente a unirse a las filas de este partido. Este metódico trabajo de ahogo de la oposición se ha completado con el control de la prensa independiente, con el encarcelamiento de periodistas y con violentas diatribas contra organizaciones de derechos del hombre, acusadas también de favorecer el "divisionismo".

Aunque muy represivas, estas prácticas se realizan a la luz del día y forman parte fundamental de discursos que las legitiman. Otras son algo más silenciosas: detenciones, seguimientos secretos, "desapariciones" inexplicadas de personalidades muy o poco conocidas, asesinatos, mientras se dan a la fuga quines temen que les llegue su turno. La atmósfera de terror que resulta de todo ello, termina por quebrar las veleidades de resistencia pública, tanto más cuanto que el presidente Paul Kagame ha amenazado, a finales de marzo, con "herir a los desviacionistas". Nadie en Rwanda piensa que se trate de vanas palabras.

El éxito del referéndum, preparado con métodos semejantes, no sorprenderá a los observadores. Permanece el hecho de que el gobierno ruandés hace el llamamiento a que los fondos internacionales asuman el coste de las elecciones previstas: los donantes (entre ellos la Unión Europea) ¿tendrán el sentimiento de haber ayudado a los electores ruandeses a ejercer sus derechos cívicos y políticos? Para creer en ello necesitarán una notable voluntad de ceguera.

Claudine Vidal