Sábado, 23.1.99, los presidentes de los países de la subregión de los Grandes Lagos a los que que se había sumado el Secretario General de la OUA, Sr. Salim Ahmed Salim, y el mediador en el conflicto burundés, Sr. Julius Nyerere, decidieron suspender el embargo que atenazaba a Burundi desde que el mayor Buyoya retomara las riendas del poder el 25 de agosto de 1996 y pusiera fin al proceso democrático que el ejército y sus milicias torpedeaban ya desde 1993.
No es que Buyoya haya cumplido las condiciones, con frecuencia revisadas y atenuadas, que le habían impuesto los Jefes de Estado de la subregión, por lo que estas sanciones han sido suspendidas. Jamás Buyoya ha:
* impedido que su ejército masacre a las poblaciones civiles,
* cesado las parodias judiciales que condenan sin defensa a centenares de opositores políticos a la pena capital,
* desmantelado los campos de reagrupamiento "verdaderos campos de la muerte o campos de concentración", según los términos de los presidentes de los partidos que constituyen las Fuerzas de Cambio democráticas que habían ganado las elecciones de Junio de 1993,
* permitido que los partidos políticos funcionen libremente (organizar reuniones políticas, expresarse a través de la prensa, etc.).
Al contrario, otras nuevas formas de violaciones de los derechos del hombre fueron promovidas, especialmente:
* los trabajos forzados para los que las poblaciones hutu son perseguidas y obligadas de ir a construir casas para los desplazados tutsi, trabajar gratuitamente para sus jefes o pagar, como contrapartida, elevadas sumas de dinero, y
* las cotizaciones obligatorias que constituyen el "esfuerzo de guerra" exigidas a las poblaciones, incluso las más pobres.
La implicación del ejército del mayor Buyoya en la guerra del Congo al lado de los ejércitos tutsi-hima de Rwanda y de Uganda le granjearon las simpatías de Yoweri Museveni y de Paul Kagame. Esta nueva alianza militar en el Congo de la que sacan provecho no sólo Kagame y Museveni, sino también todos aquellos que están al acecho de las enormes riquezas todavía sin explotar del Kivu, han precipitado el levantamiento de las sanciones incluso si Rwanda ya sacaba una enorme tajada de las mismas eludiéndolas y sirviendo de tránsito obligado para todos aquellos que deseaban ir a Burundi o salir de Burundi para ir al extranjero.
Son sobre todo los países occidentales, expresándose bajo la cobertura del Consejo de Seguridad, los servicios de las Naciones Unidas y la Unión Europea, que presionaron los países de la región para forzarlos a levantar esas sanciones. La razón es que estiman que estas sanciones han resultado ser políticamente ineficaces y especialmente nefastas para las capas más vulnerables de la población. Sin embargo, el resultado no podía ser mejor, puesto que el embargo jamás ha sido una realidad. Los occidentales siempre han concedido visados y permitido a los golpistas burundeses ir a hacer sus lobbies y comprar armas. Nunca se votó embargo alguno contra las armas para el ejército burundés mientras todas las noticias de agencias de prensa conocidas como AFP, Reuters, ... anuncian desde hace más de cinco años que la guerra civil de Burundi ha provocado más de 200.000 muertos de los que la mayoría son civiles que han sido asesinados por el ejército.
La suspensión del embargo es una etapa importante en la legitimación del golpe de Estado del mayor Buyoya junto al "convenio político" que le firmó el Presidente de la Asamblea Nacional bajo el pretexto de que hacía falta engatusar al dictador Buyoya y llevarlo a aceptar ir a Arusha para negociar. Hoy, es muy probable que las negociaciones de Arusha acaben en un callejón sin salida y, en toda conciencia, los presidentes de los partidos que constituyen las Fuerzas de Cambio democráticas han expresado serias
reservas a este respecto en su declaración común hecha pública en Arusha el 20 de enero de 1999. Proponen cinco meses de suspensión de las sanciones como prueba, para ver si realmente el mayor Buyoya tiene intención de negociar o continuar la guerra: "... muchos actos que crean un clima desfavorable a las negociaciones son deliberada y regularmente cometidos por el poder de Bujumbura contra cualquier partido que le es opuesto y contra la población civil burundesa". Incluso intentaron arrancar un pacto previo del mayor Buyoya que incluyera:
* "un compromiso solemne de proseguir las negociaciones de Arusha y terminarlas en un plazo de cinco meses,
* Firmar sin reservas la declaración de suspensión de hostilidades del 21 de junio de 1998 y ejecutar su contenido,
* Eliminar las trabas puestas contra el funcionamiento libre de los partidos políticos,
* Suspender todos los procesos ligados al golpe de Estado del 21 de octubre de 1993 y las matanzas que provocó hasta la conclusión de los acuerdos (...),
* Liberar a todos los prisioneros políticos y a los preventivos,
* Proceder al desmantelamiento total de todos los campos de reagrupamiento,
* Parar las persecuciones y humillaciones (...) de las poblaciones por agentes del régimen,
* Permitir a la Comisión de la ONU de los Derechos del Hombre así como a cualquier otra organización humanitaria, a la prensa nacional e internacional, cumplir su misión sobre el conjunto del territorio nacional sin restricción ...".
El único medio de presión que queda y que se echa de menos es el voto expresado por los Jefes de Estado de la región según el cual la cooperación y la ayuda al desarrollo de Burundi deberían permanecer suspendidas hasta que los protagonistas burundeses hayan firmado los acuerdos de paz.
Aunque sea percibido como un fracaso desde la perspectiva de su aplicación, el embargo sirvió como presión moral sobre el mayor Buyoya y su equipo y animó a los demócratas burundeses que lo utilizaron para mostrar que el poder nacido del golpe iniciado el 21 de octubre de 1993 y acabado el 25 de julio de 1996 era ilegal y sin mandato de la población. Su suspensión no resolverá los sufrimientos ligados a la miseria en la que vive la población burundesa, pues ésta sufre mucho más de la guerra, de la injusticia y de sus consecuencias que de la carencia de carburante y de otros productos terminados importados del extranjero, y sus condiciones de vida no mejorarán mientras no haya un clima de seguridad que le permita producir.