(Traducción : Ramón Arozarena. De la revista DIALOGUE, nº 231, Agosto 2003)

Mientras la idea de un Diálogo Inter-ruandés no cesa de tomar amplitud en los medios políticos ruandeses, tanto en el interior del país como en el seno de la diáspora, el régimen de Kigali ha optado, él, por una huída hacia delante, acelerando su proceso constitucional y electoral, cuyo carácter unilateral y opaco compromete las posibilidades de conducir Rwanda por la vía de la democracia, de la reconciliación, del desarrollo y de la estabilidad.

La oposición democrática, reunida en el seno de la Concertación Permanente de la Oposición Democrática Ruandesa (CPODR) quiere hoy reafirmar su compromiso a favor de un debate inter-ruandés que, a su juicio, constituye el marco apropiado para debatir sobre los contenciosos acumulados a lo largo de la historia dramática del país y de extraer conclusiones duraderas.

A fin de aunar la opinión ruandesa e internacional sobre la urgente necesidad de la consecución de tal diálogo, profundamente incluyente, la oposición democrática ruandesa tiene interés en exponer claramente las motivaciones y objetivos, habida cuenta de las especificidades ligadas al contexto socio-político del momento.

La guerra que estalló en Rwanda en octubre de 1990 puso a la luz del día los graves contenciosos no resueltos, a menudo ocultados por prácticas políticas mediocres ancladas en la dominación étnica y/o regional. Así, después de treinta años de exilio, los refugiados ruandeses, en su mayoría Tutsi, que habían huido de su país, como consecuencia concretamente de la revolución de 1959, tuvieron que forzar la puerta del retorno al país natal, llevando a éste a un conflicto armado, cuyas consecuencias se han revelado catastróficas: genocidio, masacres, crímenes de guerra y otros crímenes contra la humanidad.

Igualmente, es preciso señalar que el conflicto que asola la República Democrática del Congo desde hace casi 8 años es en gran parte consecuencia de esta crisis ruandesa no resuelta. Hoy sería irresponsable por parte de la clase política de nuestro país tomar a la ligera el problema ligado a la presencia en los países limítrofes de Rwanda de decenas de miles de refugiados ruandeses, mayoritariamente Hutu, cuyo problema podría, en plazo más o menos largo, conducir a una situación similar a la conocida en octubre de 1990.

Ahora bien, el Gobierno puesto en pié por el Frente Patriótico Rwandés (FPR), gracias a la victoria militar en julio de 1994, ha demostrado sus carencias respecto de la normalización de la vida política en Rwanda, haciendo de este modo hipotética la estabilización de toda la sub-región. En este sentido, las opciones militares preconizadas por el régimen de Kigali, tanto en su política interior como en su política regional, no son susceptibles de garantizar ni a los ruandeses ni a los pueblos vecinos ni a la Comunidad internacional en su conjunto.

Con la finalidad expresa de inhibir el debate a fin de ocultar sus propias responsabilidades en la tragedia nacional, el régimen de Kigali recurre a menudo a la diabolización y a la globalización frente al crimen de genocidio y a las matanzas que se perpetraron en Rwanda. En adelante es claro que este régimen es incapaz de garantizar al pueblo ruandés una justicia equitativa et imparcial. Hay que señalar, además, importantes insuficiencias en el terreno de la gestión de los recursos tanto humanos como materiales y financieros; insuficiencias que convendría remediar.

Por otra parte, las numerosas ceremonias (grand-messes) organizadas regularmente por el régimen de Kigali sobre el tema de la reconciliación, se han saldado hasta ahora con fracasos. En efecto, las personas o los grupos que aceptan ser cajas de resonancia de la propaganda del régimen monopolizan la tribuna en el seno de estos forums que se comen buenos presupuestos.

Frente a la urgencia de desactivar las tensiones crecientes ligadas a las frustraciones acumuladas por los ruandeses a lo largo de su historia, la oposición democrática ruandesa lanza un llamamiento acuciante a la clase política y a la sociedad civil ruandesas en general y al régimen actual en particular, para que tomen conciencia de la amplitud de los problemas y se adhieran a la idea de abrir, sin demora, un diálogo franco y constructivo. Sin él el proceso constitucional y electoral en curso no podrá desembocar más que en el reforzamiento y legitimación del statu quo.

El Diálogo Inter-ruandés no es una estrategia para alcanzar el poder, sino una oportunidad para un desenlace feliz de una crisis compleja.

Lejos de constituir un club en el que diferentes formaciones políticas vayan a disputarse algunos puestos en el seno de las instituciones del Estado, la oposición democrática ruandesa desea hacer de este forum la ocasión de un debate digno y sereno, en el que las fuerzas vivas de la Nación reunidas podrán debatir sobre los problemas sociales del país, a fin de reconstruirlo sobre bases sanas, lejos de los rencores y de cualquier sed de venganza.

El Diálogo Inter-ruandés será concretamente la ocasión de pasar revista a los extravíos de los regímenes políticos sucesivos, desde la monarquía hasta la república, no con el objetivo de designar culpables, sino con vistas a prevenir la repetición en el futuro de los mismos errores del pasado. En este mismo sentido, el Diálogo Inter-ruandés deberá reabrir el debate persistente respecto de la fórmula institucional (monarquía o república) del Estado ruandés y permitir al pueblo ruandés decidir soberanamente por medio de un referéndum sobre la cuestión.

El Diálogo Inter-ruandés no será un tribunal sino que constituirá un marco propicio para darse garantías mutuas.

La oposición democrática ruandesa está convencida de que la mayor traba para la celebración de semejante diálogo reside en el hecho de que la autoridad ruandesa actual no quiere reconocer el interés del mismo incluso para ella y no está nada segura respecto de las implicaciones políticas para su propio futuro. Sin embargo, la oposición sigue convencida del impacto positivo que tal debate no dejaría de tener sobre la relación del poder y los ciudadanos. Una de las finalidades de este diálogo sería conceder garantías de seguridad a la autoridad política, fuera cual fuera, para terminar por fin con los aparatos criminales estatales que no dudan, por interés egoísta de los hombres en el poder, a llevar a toda la sociedad hacia un suicidio colectivo.

El clima en el que este diálogo se desarrollará deberá estar desprovisto de cualquier animosidad. Se caracterizará por la voluntad de armonizar los puntos de vista sobre los factores del mal ruandés y de buscar su remedio. Únicamente el clima de buena fe y de patriotismo podrá favorecer el reconocimiento y la rehabilitación de todas las víctimas y será capaz de contribuir a reconstruir la confianza entre las diferentes capas sociales de la sociedad ruandesa.

En el momento actual de la crisis, nadie en Rwanda puede pretender ser dueño de su seguridad. Ningún grupo, sea político o social, podría fundamentar su propia seguridad sobre la inseguridad del resto. Y más todavía, en la tradición ruandesa, tras catástrofes como la que recientemente ha asolado a nuestro pueblo, la autoridad debía sentirse convocada al apaciguamiento (gutanga ihumure). Resulta forzoso constatar desdichadamente que, no solo la autoridad actual ha fallado al respecto, sino que ha actuado de nuevo manifiestamente en el sentido de favorecer que la tragedia prosiga.

El fracaso de la justicia debido a detenciones arbitrarias está en el origen de la situación en que se encuentran decenas de miles de presos, sin sumarios o con sumarios incompletos y en consecuencia sin pruebas evidentes de culpabilidad; la no aplicación por razones políticas de las leyes y procedimientos existentes; el fiasco de las jurisdicciones "Gacaca"; las frustraciones acumuladas por los supervivientes, como consecuencia especialmente de las liberaciones masivas, improvisadas y alimentadas esencialmente por maniobras políticas, y sin proceso de presos acusados de genocidio; el rencor de los supervivientes de los crímenes cometidos por el FPR, hasta ahora encubiertos por la autoridad actual, constituyen otros tantos signos que demuestran el fracaso de un enfoque inadecuado. De modo especial, la reciente decisión del régimen, además de reavivar el desasosiego de los supervivientes, está lejos de dar seguridad a los detenidos "liberados", en ausencia de un enfoque valiente que tuviera en cuenta la preparación psicológica de la población concernida.

Contrariamente a estos enfoques en exceso políticos, el Diálogo Inter-ruandés constituirá un autoridad moral que tanto ha faltado en nuestro país. En efecto, este diálogo tendrá por misión identificar las causas y circunstancias de la tragedia ruandesa, facilitar las confesiones y los perdones, poner en pie un sistema de reparación en favor de las víctimas y mecanismos de prevención de catástrofes futuras. Planteará, por medio de la creación de una "Comisión Verdad y Reconciliación", los jalones de una justicia restauradora y reparadora en el contexto de una sociedad en permanente estado de choc.

Para lograr esto, este forum deberá privilegiar enfoques positivos capaces de recrear la cohesión entre diferentes comunidades traumatizadas por la tragedia nacional. El Diálogo Inter-ruandés se aplicará en la tarea de armonizar la comprensión de la tragedia a fin de que los ruandeses, sin distinción de categorías, puedan poseer las mismas referencias y percepciones sobre la misma.

Este diálogo deberá, en lo concerniente al genocidio y a todos los otros crímenes, sentar las bases de una verdadera memoria nacional, proscribiendo para siempre las prácticas negativas de una memoria selectiva, teleguiada, interesada o separatista. Este diálogo está llamado a consagrar el reconocimiento y la rehabilitación de todas las víctimas.