Memorando enviado a las delegaciones a la 55ª sesión de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
Desde el sangriento golpe de Estado de 21 de octubre de 1993, día del asesinato del Jefe del Estado democráticamente elegido, Melchior Ndadaye, y de otras altas personalidades políticas, entre las cuales el presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado gravemente: matanzas, asesinatos políticos, ejecuciones sumarísimas, arrestos y detenciones arbitrarias. Esta situación ha durado todo a lo largo de los años 1994 y 1995, incluso después de la firma del Convenio de gobierno de 10 de septiembre de 1994 que no era sino un acuerdo-sumisión y una legitimación del golpe de Estado de 21 de octubre de 1993.
Además y desde el golpe de Estado militar de 25 de julio de 1996, que es la continuación y el remate del golpe de Estado de 21 de octubre de 1993, miembros del ejército burundés dominado por los tutsi han deliberada y arbitrariamente masacrado a centenares de miles de civiles que en su casi totalidad pertenecían a la comunidad hutu. Otros miles de civiles, que pertenecen sobre todo a la población rural hutu, han sido obligados a abandonar sus hogares o han huido a los países vecinos incrementando en varias decenas de miles los cientos de miles de burundeses que viven en el exilio o que se encuentran desplazados en el interior de su propio país, reagrupados por la fuerza por el ejército y reinstalados en campos donde las condiciones de vida son horrendas: la desnutrición hace estragos y enfermedades potencialmente mortales como la tuberculosis o el paludismo están muy extendidas en esos campos. Ocurre otro tanto con la limpieza étnica de la ciudad de Bujumbura en 1995, llevada a cabo esencialmente en los barrios de Musaga, Nyakabiga, Bwiza, Kamenge y en la Universidad de Bujumbura.
Por otra parte, otros numerosos civiles fueron asesinados por las milicias tutsi Sans-Echec y Sans-défaite y los escuadrones de la muerte, que el régimen salido del golpe de 25 de julio de 1996 incorporó al ejército gubernamental. También hay que deplorar otros casos de violaciones de derechos humanos, casos no sistemáticos que han sido cometidos en tiempos de guerra - una guerra de agresión desencadenada por el sangriento golpe de Estado contra las instituciones democráticas y contra la soberanía del pueblo burundés por resistentes alzados en armas o no, en estado de legítima defensa.
Parece más bien, a juzgar por la manera en que las violaciones de los derechos humanos son perpetrados por las fuerzas gubernamentales burundesas en sus operaciones de represión, así como por las estructuras administrativas y judiciales y eso desde la independencia hasta hoy, que de manera general, la población hutu mayoritaria en el país, sea considerada de oficio como sospechosa y que como tal sea deliberada y arbitrariamente tomada como blanco por miembros de las fuerzas de seguridad burundesa.
"Considerando que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho para que el ser humano no se vea obligado, como último recurso, a la revuelta contra la tiranía y la opresión" (Preámbulo de la Declaración Universal de los derechos humanos, párrafo 3), es pues urgente poner fin a estas violaciones generalizadas de los derechos fundamentales de la población civil, incluidos los de los grupos más vulnerables (niños, mujeres y ancianos), quienes de ningún modo han tomado parte en las hostilidades, en estricto respeto a los tratados y convenios internacionales que Burundi ha firmado.
a) Matanzas
Millares de civiles, en su mayoría hutu, continúan siendo asesinados en el curso de las operaciones de represalia ciega del ejército, que les acusa de cooperar con la rebelión. La última gran matanza conocida es la de Rutovu, en la comuna de Mutambu, en la provincia de Bujumbura, ocurrida los días 3 y 4 de noviembre de 1998. Más de 100 personas fueron masacradas por el ejército. El ejército y el gobierno lo reconocieron y habían prometido crear una comisión de investigación. El Alto Comisionado de los derechos humanos había exigido del gobierno llevar a cabo investigaciones. El día 1 de enero de 1998, centenares de civiles habían sido asesinados después del ataque llevado a cabo contra el aeropuerto de Bujumbura. Los días 15 y 16 noviembre de 1998, una treintena de personas fueron asesinadas en las comunas de Kabezi y Mutambu, por soldados procedentes de los cuarteles de Bugembe, Busenge, Burima y Gitenga (Provincia de Bujumbura rural).
Además de la provincia de Bujumbura rural, las matanzas han sido continuas en las provincias de Bururi y Makamba, sobre todo en las comunas de Kayogoro, Nyanza-Lac, Kibago y Makamba. El día 13 de agosto de 1998, 30 civiles que intentaban refugiarse en Tanzania fueron muertos por el ejército en el valle del río Mubarazi a 1 km aproximadamente de la frontera tanzana. El día 25 de agosto de 1998, 74 civiles fueron asesinados en la llanura de Nyanza-Lac, provincia de Makamba. Entre los días 13 y 28 de enero de 1999, más de 200 personas fueron asesinadas en las comunas de Kayogoro (provincia de Bururi), Makamba, Mabanda y Nyanza-Lac (provincia de Makamba).
En julio de 1997, el número de hutu que vivían en campos de reagrupados se estimaba en más de 500.000, mientras que en febrero de 1997 eran más de 800.000. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1000 personas, esencialmente niños, mueren cada mes en esos campos de reagrupamiento, a causa de las pésimas condiciones de vida: enfermedades infecciosas como el tifus, la disentería y el cólera, la desnutrición y debido a los malos tratos infligidos.
En 1998, la situación se ha mantenido igual. Debido a las presiones, el gobierno ha desmantelado los campos de reagrupados en la provincia de Karuzi y Kayanza, al mismo tiempo que abría otros en las provincias de Bujumbura rural, Bururi y Makamba en particular. Según el OCHA/Burundi, había en noviembre de 1998, 558.506 personas desplazadas contra 577.142 en noviembre de 1997.
Además de las personas que mueren a causa de las pésimas condiciones de vida en los campos de reagrupados, se registran también casos de violaciones por soldados encargados de vigilar los campos de desplazados y de reagrupados. Estas violaciones se ceban en niñas menores. El informe de Amnistía Internacional de noviembre de 1998 destaca que "centenares de mujeres, de jovencitas y niñas, algunas de menos de 10 años, fueron violadas en los campos de reagrupamiento de la provincia de Bubanza". Centenares de personas reagrupadas fueron asesinadas en diferentes comunas de la provincia de Bubanza.
De una población total de 280.152 habitantes de la provincia de Bubanza, 155.000 personas (55%) viven en los campos de desplazados y campos de reagrupados. (Fuente: OCHA-Burundi). Estas matanzas van acompañadas por casos de desapariciones.
En las provincias rurales, los campesinos hutu son aterrorizados, saqueados y obligados a trabajar gratuitamente para sus vecinos tutsi. Casi cualquier campesino hutu es acusado de haberse apropiado o comido una vaca robada a un tutsi en octubre de 1993. Se fijan arbitrariamente sumas astronómicas de reembolso y aquellos que no tienen con qué pagar venden sus tierras, o aceptan trabajar gratuitamente para otros bajo la forma de trabajos forzados.
Nota: Se proporcionan todos estos casos de matanzas sólo como ejemplo, para ilustrar la gravedad de los crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos en Burundi, y esto desde la instauración de un régimen opresivo en los años 60. Ocurre otro tanto respecto de los otros casos de violaciones de derechos de la persona, pues era imposible consignarlos todos en este documento.
1.a) Crear una comisión internacional de investigación que tenga por cometido establecer un informe detallado sobre todos los campos de reagrupamiento forzado y proceder a su desmantelamiento.
1.b) Crear una comisión internacional de investigación, encargada de llevar a cabo investigaciones sobre las matanzas acaecidas en el pueblo de Rukaramu el día 1 de enero de 1998, en Rutovu (comuna de Mutimbuzi) los días 3 y 4 de noviembre de 1998, y otras matanzas cometidas en las provincias de Bujumbura rural, Bubanza, Bururi, Makamba y Cibitoke.
1.c) Crear una comisión internacional de investigación judicial encargada de llevar a cabo investigaciones sobre todos los crímenes y otros actos de genocidio cometidos en Burundi desde la independencia, con el objetivo de poner fin a la impunidad que genera violencia política y que constituye uno de los principales factores de desestabilización del sistema político de Burundi.
En el inmediato, los miembros de la Red recomiendan:
2. Condenar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la oligarquía político-militar desde que se apoderó de las estructuras estatales en 1965.
3.a) Incrementar el número de observadores de derechos humanos, proporcionándoles medios de seguridad propios que les permitan acceder a todos los lugares donde se declaren casos de matanzas, sin tener que contar con la buena voluntad de los soldados gubernamentales. El caso de Rukaramu es significativo. Cada vez que el ejército perpetra matanzas a gran escala, declara la zona, "zona peligrosa".
3.b) Denunciar las parodias judiciales en curso en Burundi por cualquier medio apropiado.
4. Convencer las Naciones Unidas para que se vote una resolución sobre el embargo de armas destinadas a Burundi. Es un escándalo vender armas a un ejército del que se sabe que mata continuamente y sobre todo en un país donde ya ha habido más de 300.000 muertos en 5 años, y más 600.000 muertos y centenares de miles de refugiados desde que los militares están en el poder.
5. Solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas poner en marcha un mecanismo que obligue a todas las partes burundesas a negociar la paz, apoyando las negociaciones en curso en Arusha en Tanzania en torno al Mediador Julius Nyerere, para que puedan desembocar en una paz duradera, en la dignidad y el respeto de los derechos de todos los burundeses, en conformidad con los derechos humanos fundamentales universalmente aceptados.
6. Ayuda al desarrollo: El Consejo de Seguridad ha hecho lo imposible por que las sanciones económicas sean suspendidas, y lo fueron el pasado día 23 de enero de 1999. Condicionar la reanudación de la cooperación a la firma de un acuerdo de paz, y después centrarse en los sectores que puedan permitir la reconciliación de los burundeses (reformas a nivel de la educación, la justicia, el ejército y la policía ...) y la promoción de la cultura de los Derechos Humanos.