El Mundo
Javier Espinosa
Enviado especial
Campo de Ruyaga (Burundi)
05.01.00
Desde la tumba de Menedar Ciza se pueden divisar las playas que circundan Bujumbura y el litoral del lago Tanganica donde la elite tutsi celebra las Navidades. Un terreno que Ciza, de la etnia hutu, nunca pisará. La niñita, de 15 meses, agonizaba el domingo sobre el suelo del centro asistencial del campo de Ruyaga. Con la mirada perdida, el estómago hinchado y la boca abierta.
La madre de la pequeña Ciza, Emmanuelina Mukabanke, de 25 años de edad, se había acostado a su lado. Permanecía callada, ahogada por el llanto. «No hay medicinas, no hay nada y la niña se muere», afirmaba una amiga de la familia.
A menos de cinco kilómetros del dispensario, un grupo de voluntarios excavaba en un improvisado cementerio las tumbas de los que, como Ciza, no pudieron sobrevivir a las condiciones infrahumanas del campo de Ruyaga.
«Cuéntelas, hay más de 200 y en Ruyaga hay dos cementerios. El otro es todavía más grande. Aquí enterramos una media de cinco personas por día. Si algo así pasara en Europa, la noticia estaría día y noche en la televisión, pero los negros no contamos. Nosotros morimos en silencio», sentencia con rabia Celestin Mutsebanka, un residente de este emplazamiento.
El mismo silencio que acompaña durante todo el viaje por las carreteras que rodean a Bujumbura. Cientos, miles de chozas de barro abandonadas, algunas derruidas, otras quemadas. Las aldeas están vacías. No queda un alma. Tan sólo algunas patrullas de soldados se aventuran por la zona. Varios tramos de la ruta se encuentran cortados con barricadas de tierra y piedras. «Si pasa no le podemos asegurar que regrese», afirma sin rodeos un militar tutsi.
Al torcer una curva se divisa Ruyaga: un hormiguero de chozas de caña y plástico que se extiende por varias colinas. «Somos unos 27.000», dice otro habitante del lugar.
Ruyaga es tan sólo uno de los 54 recintos en los que el Ejército, de mayoría tutsi, ha confinado desde el pasado 19 de septiembre a entre 350.000 y 400.000 campesinos hutus de la provincia de Bujumbura. El 75% de la población de esta área.
Las autoridades decidieron recurrir a una política que ya utilizaron en 1994, 1996 y 1997, cuando la guerrilla hutu incrementó sus incursiones en la capital de Burundi a partir de julio pasado. Tan sólo el 29 de agosto murieron 58 personas en los violentos enfrentamientos que libraron los rebeldes y el Ejército en la ciudad.
El portavoz del Ejército, el coronel Longin Minani, los llama «centros de reagrupamiento» y declara que han sido establecidos para «proteger a la población de los ataques de los rebeldes». La oposición armada utiliza otra definición: «Son campos de concentración al mejor estilo nazi», puntualizan. Naciones Unidas asegura que en todo el país son 800.000 las personas que han sido obligadas a reunirse en estos lugares.
«Los soldados llegaron el 20 de septiembre a las 9 de la mañana. Disparaban al aire. No sabíamos qué pasaba. Nos dijeron que teníamos que abandonar las casas y nos hicieron marchar hasta la iglesia de Buhonga. Cuando volvíamos la cabeza podíamos ver cómo incendiaban y saqueaban nuestras chozas», afirma Desiré Nahimana.
Desiré vive ahora en una cabaña de poco más de dos metros cuadrados junto a su esposa y sus seis hijos, en el campo de Buhonga. Los desplazados han elegido unas tumbas cercanas como cuarto de baño improvisado. «Cuando el aire viene de ese lado el olor es insoportable. Además, si llueve tenemos que dormir sentados, apoyados unos contra otros y chapoteando en el agua», añade. Como Ruyaga, Buhonga es una simple aglomeración desordenada de barracas de hojas de palmera y plásticos sumergida en un barrizal. La fuente de agua más cercana está a un kilómetro de distancia. Un grupo de cuatro chavales acarrea en parihuelas a una mujer enferma. «La llevamos a Ruyaga, porque allí hay un centro de asistencia médica», dicen. Se refieren a la habitación vacía donde se extingue la vida de Ciza.
Los soldados observan la escena desde una colina cercana, donde Han instalado su cuartel. «Afirman que están ahí para proteger a la gente, pero siempre, curiosamente, apuntan sus armas hacia el campo», precisa un religioso que no quiere ser identificado. Nahimana advierte de que los militares le permiten regresar una vez a la semana a su antigua residencia, con la condición de retornar antes de las cinco de la tarde.
«Para ellos, cualquiera que se encuentre fuera de los campos por la noche es un rebelde. Y eso se traduce en una sentencia de muerte inmediata», aclara Charles Nahayo, otro habitante de Bugonga.
Las organizaciones humanitarias han denunciado la situación de estos recintos, que califican como «una auténtica catástrofe», en palabras de Mateo Aguirre, el religioso español que dirige el Servicio Jesuita para los Refugiados en Burundi.
«El principal problema es la aparición de cualquier enfermedad. No sólo el cólera. ¿Quién cura una diarrea, una gastritis?», reconoce Mateo Aguirre, cuya organización proporciona alimentos a 70.000 de estos desplazados.
El temido cólera comienza a expandirse en recintos como Ruziba, donde se han registrado 40 muertos por esta causa, o en Kabezi, donde las víctimas de esta enfermedad eran al menos 47 hasta el pasado 12 de diciembre, según reconoció el vicepresidente Frederic Bamvuginyumvira tras visitar este último.
Los desplazados declaran, asimismo, que el Ejército los somete a todo tipo de vejaciones. Las autoridades han reconocido que un soldado mató a 11 civiles en Ruyaga, aunque precisan que fue arrestado.
Las organizaciones humanitarias afirman que otros 35 hutus fueron asesinados en el campo de Kibembe. «La situación es deplorable», sentenciaba en noviembre Ibrahima Fall, un alto funcionario de la ONU.
«Usted ha podido comprobar las condiciones terribles en las que viven los habitantes de Ruyaga o Buhonga, pero casi la mitad de estos campos son prácticamente inaccesibles. Nadie sabe qué ocurre allí, ni cuánta gente ha muerto», sentencia el religioso burundés.