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RWANDA: Hace 10
años, 10 años
después |
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Introducción I.- HACE 10 AÑOS. LA RACIONALIDAD DEL GENOCIDIO 1)
De
la Revolución social de 1959 a la guerra de octubre de 1990 2)
De
octubre de 1990 al derribo del avión presidencial ·
Multipartidismo
mal preparado ·
Los
desplazados de la guerra ·
Masacres
en algunas regiones ·
Dislocación
de los partidos políticos ·
Entrenamiento
de milicianos y civiles 3)
El
6 de abril de 1994: La dinámica del asesinato ·
El
desencadenante ·
La
naturaleza del conflicto ·
La
delincuencia, la pobreza, la envidia ·
La
ausencia de autoridad; la actitud de las autoridades ·
La
impunidad ·
El
dilema de la seguridad ·
Hubo
también héroes II.- 10 AÑOS DESPUÉS, EL POST-GENOCIDIO 1)
Derechos
del hombre 2)
Crímenes
en el interior del país 3)
Masacres
de refugiados hutu 4)
En
el plano político 5)
¿Todos
igualmente ruandeses? 6)
La
Justicia: ·
El
TPIR ·
Colaboración
con los países extranjeros ·
En
el interior del país. Jurisdicciones “gacaca” CONCLUSIÓN |
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RWANDA: HACE 10 AÑOS, 10 AÑOS DESPUÉS
Introducción
Reconozco que soy un observador un
tanto apasionado de Rwanda. He vivido allí, hace ya mucho tiempo, de 1969 a 1973, cuatro años. Mi hijo
mayor nació en el hospital de Ruhengeri. He viajado en varias ocasiones. El año
1995 me ocupé de la coordinación de actividades escolares-educativas en los
campos de refugiados rwandeses en Goma (entonces Zaire, ahora República
Democrática del Congo) Varias de mis ex-alumnas fueron asesinadas en la
tragedia de 1994. Tengo muchos amigos rwandeses en el exilio, otros están
pudriéndose en las cárceles. He estado hace un año en Rwanda de visita. He
visto, he escuchado a muchos rwandeses. He bebido con ellos; he reído y, no sin
esfuerzo, he contenido mis lágrimas. Por eso, mi mirada no puede ser sólo la de
un observador analítico, la de un experto de despacho.
Para que el peso de las emociones
no distorsione la realidad he cogido prestado el esquema de esta
charla-conferencia, y también parte de su contenido, de un escrito de Maurice
Niwese publicado en una revista belgo-ruandesa (DIALOGUE, enero-febrero 2004)
Procuraré seguir el hilo expositivo así fijado.
I.- HACE 10 AÑOS. LA RACIONALIDAD DEL GENOCIDIO
Rwanda, como sabéis, es un pequeño país de África
Central de 26.338 km2, con una población, estimada en 1999, de 8,2 millones de
habitantes. Su densidad, más de 310h/km2, es la más fuerte de África. Está
poblado por tres comunidades de desigual peso demográfico: 1% los Twa, 14% los
Tutsi, 85% los Hutu, que comparten la misma lengua, la misma cultura (aunque
algunos matizan esta cuestión) y viven, desde hace siglos, en un mismo
territorio. Los matrimonios entre hutu y tutsi han sido frecuentes, sobre todo
después de la independencia.
Antes de 1959, el poder político estaba en manos de
los tutsi. Un informe de la OUA señala que entre 1932 y 1957, el 95% de los
funcionarios del Estado (los colonizadores respetaron y apuntalaron las
estructuras de poder existentes), 43 de 45 jefes tradicionales y 549 de 559
sub-jefes, eran tutsi, así como el 75% de los estudiantes de secundaria. La
elite hutu, formada fundamentalmente en los seminarios y en el entorno
parroquial, reivindicó la igualdad de todos ante la ley, la no discriminación
en el acceso a los puestos de enseñanza y administración y el reparto
equitativo de la tierra. Estas reivindicaciones fueron rechazadas por el poder
local, si bien recibieron un fuerte impulso por la posición del obispo André
Perraudin en su carta pastoral de Cuaresma de 1959. La Iglesia, que en el
pasado había optado por concentrar su acción evangelizadora en las elites tutsi
(para que desde la cúspide de la pirámide social el cristianismo llegara hasta
la base), daba un giro recogiendo y avalando las aspiraciones de la mayoría
hutu. No es extraño, pues, que el prelado Perraudin se convirtiera en la bestia
negra de los aristócratas tutsi, que le han acusado de ser el ideólogo de la
revolución hutu, calificada por ellos de
racista; otros, por el contrario, lo consideran una especie de
adelantado de la teología de la liberación, por su defensa de los oprimidos.
En 1959, tras el rechazo por parte de la aristocracia
en el poder de cualquier reforma y los atentados contra algunos líderes hutu, se
produjo una auténtica revolución. Los tutsi son asesinados y perseguidos. El
rey abandonó el país y con él unos 200.000 tutsi que se instalaron en los
países vecinos. El 28 de enero de 1961 fue abolida la monarquía y el 25 de
septiembre del mismo año, por medio de un referéndum y con los votos del 80% de
la población, se instauró la república. El 1 de julio de 1962, Rwanda se
declaró independiente.
Durante los primeros años, hasta 1967, los tutsi
exiliados trataron de penetrar en el país para restaurar el antiguo régimen.
Cada incursión trajo consigo una mayor cohesión de los hutu y la marginación y
sangrientas represalias contra los tutsi del interior, considerados
colaboradores de los atacantes. La tensión inter-étnica ruandesa quedó, además,
reforzada por la situación de los hutu
en Burundi, perseguidos y masacrados.
En 1973, un golpe de Estado llevó al poder al general
Juvenal Habyarimana. Los golpistas justificaron el derrocamiento del presidente
Kayibanda por la necesidad de poner fin a las turbulencias inter-étnicas, que
habían resurgido en febrero en la Universidad, Colegios de secundaria,
administración y se habían extendido por el país. Es posible que esta violencia
contra los tutsi en Rwanda fuera una respuesta a la represión y asesinatos de hutu
en Burundi, en 1972. Algunas fuentes afirman, sin embargo, que fueron los
militares del norte los que provocaron expresamente los enfrentamientos para
presentarse como pacificadores y hacerse con el poder.
En un primer momento, el golpe de Estado de julio de
1973 supuso un cierto alivio para la comunidad tutsi. El acceso de los miembros
de esta comunidad a puestos importantes en el ejército o en la administración
les seguía estando vetado, si bien pudieron desarrollar con libertad
actividades comerciales o profesionales. Puede decirse que los hutu coparon el
sector público y que los tutsi dominaron el sector privado. Las tensiones
políticas, que fueron agudizándose con el paso del tiempo, se situaban en el
interior de la comunidad hutu: hutu del norte (Gisenyi-Ruhengeri) frente a hutu
del Centro-Sur (Gitarama-Butare); éstos se sentían cada vez más marginados de
los centros de poder y del acceso a la educación, a pesar de que se había
establecido un sistema de equilibrio regional y étnico a la hora, por ejemplo,
de la distribución de puestos en los Colegios y Universidades. El sistema, en
la práctica, se convirtió en un instrumento apenas disimulado de discriminación
de los tutsi y de los hutu del sur, en provecho de los del norte.
El partido único, MRND (Movimiento Revolucionario
Nacional para el Desarrollo), se identificó con el Estado, un Partido-Estado. Nada ni nadie podía
moverse fuera de él. El presidente de la República acumulaba las funciones de
presidente del MRND, Jefe de Gobierno, presidente del Consejo superior de la
Magistratura, ministro de Defensa, Jefe de estado-mayor del Ejército y de la
Gendarmería.
En los últimos años 80, la segunda república, que sin
embargo había llevado a buen término muchos proyectos de desarrollo, estaba en
plena crisis: la corrupción se generalizó; el círculo familiar y próximo (el
llamado akazu=”la casita”) al presidente acaparó aún más el poder y los
recursos del país; cuadros militares y políticos, sospechosos de disidencia,
fueron eliminados; la economía rural estaba en bancarrota; el problema del
posible regreso de refugiados seguía sin solución, ya que el gobierno se
declaró incapaz de acogerlos, dada la densidad demográfica y la escasez de
tierras.
En este contexto de crisis política y de pobreza
generalizada, el 1 de octubre de 1990, el denominado Frente Patriótico Rwandés
(FPR) invadió el norte de Rwanda, desde Uganda. Los responsables del FPR
ocupaban puestos importantes en el ejército regular ugandés. El jefe de la
rebelión, general Fred Rwigema era jefe de estado-mayor adjunto del ejército
ugandés y viceministro de defensa; Chris Bunyenyezi y Stephen Ndungutse
comandaban brigadas de choque y Paul Kagame, actual presidente de Rwanda, era
director adjunto de los servicios ugandeses de información militares. El ataque
del FPR, compuesto mayoritariamente por tutsi, permitió al poder desviar de los
gravísimos problemas internos la atención de los rwandeses para movilizarlos
contra el enemigo común.
El periodo de 1990 a 1994 constituye una etapa
importante para tratar de comprender la tragedia ruandesa. Se trata de un
periodo de guerra, a veces abierta, otras larvada o de guerrillas, con momentos
de tregua y de ruptura de la misma, de negociaciones más o menos “impuestas”
por la comunidad internacional a los contendientes (negociaciones, que en
agosto de 1993 culminaron en los Acuerdos de Arusha) Muchos de los factores que
facilitaron el genocidio son perceptibles en estos cuatro años de guerra.
·
El multipartidismo
mal preparado
Ya ha quedado señalado el descontento político
interior y cómo, dentro de la comunidad hutu, había regiones, personalidades y
ambiciones políticas que se sentían apartadas y discriminadas. Ello, unido a
presiones exteriores, especialmente de Francia (discurso de Mitterand en La
Baule, en junio de 1990) que condicionó la ayuda a la democratización de los
regímenes africanos, hizo que en Rwanda se instaurara el multipartidismo. El
MRND se transformó en partido y surgieron el Partido Liberal, el Movimiento
Demócrata Republicano (de nostálgicos de la época de Kayibanda), El Partido
Demócrata Cristiano, el Partido Social Demócrata. Muchos de los dirigentes de
estos partidos eran disidentes del partido único o habían sido marginados de la
política por Habyarimana. Las motivaciones de orden familiar, regional, étnico,
pesaban mucho en la opción de los adherentes; no fueron los proyectos de
sociedad los que sirvieron para aglutinar las distintas opciones, sino las
ambiciones personales de los líderes para colocarse en primera línea cara a la
previsible nueva situación política. Por otra parte, sobre todo a la hora de
abordar las negociaciones de Arusha, todos los partidos políticos estaban muy
pendientes de agradar a determinadas embajadas extranjeras, de recibir consejos
y consignas y el aval de ellas, de tal modo que la política se pensaba más
desde el exterior, desde algunas embajadas, que desde la realidad interna; cada
vez resultaba más evidente que la
apuesta norteamericana y británica era decididamente favorable al FPR.
Las divisiones políticas de los hutu fue una carta
jugada diestramente por el FPR. Pero, la gran baza, tanto del MRND, partido en
el poder, como del FPR, rebelión tutsi, eran las armas. Unos pretendían
responder a la evidente agresión de los otros con la legitimidad de las armas
de un Estado soberano agredido desde el exterior. Para los otros – el FPR – su
ejército no era de “agresión”, sino de “liberación de un país de las manos de
un tirano”. Este contexto de enfrentamiento armado no parecía precisamente el
más adecuado para ir sentando las bases de un sistema democrático. Bastante
pronto los distintos partidos políticos, como señalaré más tarde, se alinearon
en dos bloques, detrás de los dos bloques armados.
·
Los desplazados
de la guerra
La ofensiva por el norte, frontera con Uganda, del
FPR en octubre de 1990 provocó el desplazamiento de un millón de personas, que
huían de los combates y de las matanzas. Testimonios contrastados han establecido
que el FPR cometió violaciones masivas de los derechos humanos en estos meses.
Sus objetivos primordiales fueron la eliminación de cuadros administrativos y
políticos, pero también el vaciamiento de toda una región de sus pobladores,
muchos de los cuales huyeron de “sus liberadores”. Y así, la prefectura de
Byumba, granero del país, se convirtió en una zona de asistidos por la caridad,
de fallecidos por hambre y malnutrición.
Los campos de desplazados, humillados y amontonados
en condiciones muy precarias, serán un terreno especialmente propicio al
reclutamiento de jóvenes “voluntarios”para perpetrar posteriormente faenas
asesinas. Alimentaron durante casi tres años un gran odio hacia los tutsi en
general y el FPR en particular. Por otra parte, las historias que contaban y
que se extendían de boca en boca en los medios hutu de otras regiones no hacían
sino aumentar la desconfianza de éstos hacia los tutsi.
Tras el asesinato perpetrado por militares tutsi, en
octubre de 1993, del presidente hutu burundés Ndadaye, elegido democráticamente
meses antes, unos 300.000 burundeses hutu se refugiaron en Rwanda. El odio
étnico encontraba un alimento suplementario.
·
Masacres en algunas regiones
El periodo comprendido entre 1990-1994 fue
gestionado, salvo el primer gobierno de Nsanzimana, por la oposición a la que
se asignó el puesto de primer ministro en los varios gobiernos “de amplia
base”, compuestos por miembros de todos los partidos políticos legalizados, que
se fueron sucediendo, no sin tensiones. Realmente no puede hablarse de una
acción de gobierno, ya que cada bloque de ministros funcionaba según las
directrices e intereses del partido al que pertenecían; eran cualquier cosa
menos gobiernos de unidad nacional. Se pasó del Partido-Estado al Estado repartido.
Como ha dejado escrito el ex-ministro de Defensa James K. Gasana, “este periodo
se caracterizó por la desintegración de la administración pública ilustrada por
la parálisis de los servicios del Estado, cuyo origen era la polarización
excesiva de la administración”.
Los radicales del antiguo régimen sabotearon con
frecuencia a estos gobiernos. Lo mismo puede decirse de las rupturas de la
tregua por parte del FPR. Se produjeron masacres dirigidas contra los tutsi en
Kibilira (1990) y en el Bugesera (1992) y contra los bagogwe (en 1991) Estas
matanzas eran una especie de respuesta a los tutsi que habían invadido el país;
eran también una advertencia, aviso macabro, una manera de disuadir a los tutsi
del interior de colaborar con el FPR. Las matanzas de enero de 1993 en el norte
fueron obra del CDR (Coalición por la Defensa de la República), partido próximo
al MRND formado por hutu “puros”; buscaban entorpecer, sabotear las
negociaciones y acuerdos entre el gobierno y el FPR en Arusha. En esta labor de
boicot los extremistas de uno y otro bando se dieron la mano.
·
Dislocación de
los partidos de oposición
En los inicios del multipartidismo, en 1991, los
grandes partidos de la oposición interior, (MDR, PSD, PL) habían formado una
plataforma de oposición y parecían llevar adelante la misma lucha que el FPR,
militarmente, llevaba a cabo: derrocar el régimen de Habyarimana. Este
acercamiento llegó hasta firmar un comunicado conjunto el 3 de junio de 1992 en
Bruselas (no me resisto a señalar que resulta extraño que estos partidos en vez
de formar una coalición nacional contra el invasor, crearan, más bien, una
coalición solidaria con el invasor) Esta plataforma se fue resquebrajando y,
conforme la guerra se prolongaba, cada partido se dividió también en su interior
en dos tendencias opuestas e irreconciliables. La pugna interregional (Norte –
Centro/Sur) por el poder se fue transformando en exclusiva pugna interétnica
(hutu – tutsi) Los agrupamientos se realizaron en torno a dos polos: MRND y FPR, que satelizaron al
resto. Fue uno de los resultados de la
guerra. Unos y otros se acercaron a uno u otro bloque armado.
Hay que añadir a esta dislocación de los partidos
políticos, y en parte como resultado de la misma, la dislocación de la
sociedad. Los medios de comunicación, sobre todo las radios, atizaron las
brasas y el incendio. Por un lado, la Radio Televisión Libre de las Mil
Colinas, ligada a los elementos radicales del MRND, y por parte del FPR, Radio
Muhabura.
Cabe incluir también en este apartado los asesinatos
de importantes líderes hutu. Sin duda, el asesinato el 20.10.1993 del
presidente burundés, Melchior Ndadaye, un hutu elegido democráticamente, por el
ejército tutsi (verdadero poder fáctico en Burundi) supuso una conmoción en la
comunidad hutu ruandesa. El 8.05.1993, Emmanuel Gapyisi, presidente del MDR en
Gikongoro y presidente también del Foro por la Paz y Democracia, fue asesinado.
Félicien Gatabazi, Secretario ejecutivo del PSD lo fue el 21.03.1994 y, como
represalia, al parecer, el presidente de la CDR, Martín Bucyana, fue liquidado
dos días después. Estos asesinatos no se aclararon. Puede señalarse que Gapyisi
y Gatabazi, miembros relevantes de la oposición a Habyarimana, estaban cada vez
más distantes y críticos con la política del FPR, por lo que se sospecha que
éste tuvo mucho que ver con su eliminación. Declaraciones de antiguos miembros
del FPR, hoy en el exilio, convierten
esta sospecha en verdad verosímil, desbaratando, una vez más, las tesis
publicadas y asumidas que acusaron al entorno de Habyarimana de ser el
responsable de los asesinatos. Estas, y otras, acusaciones, además de generar
confusión y división y de ocultar la realidad, sirvieron para extender y
consolidar la opinión, sobre todo en el exterior, de que el gran enemigo de la transición y el gran obstáculo para
la paz era el presidente Habyarimana.
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Entrenamiento de
milicianos y civiles
A pesar del cese de la guerra decidido en el Acuerdo
de Paz de Arusha firmado el 4 de agosto de 1993, el reclutamiento tanto por
parte del FPR como por parte del gobierno no cesó. Hay que añadir a ello el
entrenamiento en el manejo de las armas de civiles en el interior del país. Si
bien el entrenamiento de las milicias (los tristemente famosos “interahamwe”,
ejecutores principales del genocidio tutsi) del MRND se realizaba con
conocimiento de todo el mundo, el de las milicias del FPR se llevaba a cabo con
discreción. Según fuentes del propio FPR, al principio tenían 36 células
clandestinas y conforme fue ganando terreno y consideración internacional este
número se multiplicó y, según las mismas fuentes, en 1993 el FPR tenían sólo en
Kigali 143 células; lo que los hutu considerarán “la quinta columna” mientras
otros los definirán como “militantes de los derechos del hombre” (que, dicho
sea de paso, proliferaron en estos años)
En su autobiografía, Valens Kajeguhakwa, antiguo
dirigente y diputado del FPR, cuenta cómo introducían armas pieza a pieza y
cómo a las noches entrenaban a civiles.
De cualquier modo, era de notoriedad pública que
granujas y bandidos se hacían con armas ligeras; podían comprarse, por
ejemplo, granadas en el mercado
público. Hubo debates intensos, que no concluyeron en decisiones firmes, sobre
la necesidad u oportunidad de armar a la población en las zonas más sensibles a
los ataques del FPR. Cuanto más armas había en los centros urbanos, más rumores
se extendían y los residentes más obligados se sentían a buscar medios que
garantizaran su seguridad. Esta proliferación de armas era el síntoma más
amenazador de la desintegración de la sociedad ruandesa.
Es patente que todos los ingredientes para que Rwanda
explotara estaban reunidos. Sólo faltaba un elemento desencadenante, como ya se
había advertido en un informe
enviado a las Naciones Unidas por sus
representantes en Rwanda; todos los documentos disponibles permitían afirmar
que todo el mundo era consciente del peligro.
Ese elemento fue el derribo en el momento del su aterrizaje en Kigali,
el 6 de abril, del avión presidencial en el que regresaban de Arusha los
presidentes rwandés y burundés, los dos hutu. Nadie, medianamente informado,
puede pretender haberse visto sorprendido por las masacres que siguieron al
derribo del avión y al asesinato de Habyarimana.
·
El desencadenante
El 6 de abril de 1994, hacia las 20,30h., el Falcon
50 presidencial, pilotado por tripulación francesa, es derribado cuando
aterrizaba en Kigali de regreso de Arusha (Tanzania), donde se acababa de
firmar un nuevo acuerdo, quizás, se pensaba, definitivo para garantizar un
futuro democrático en el que cupieran todos los rwandeses. El presidente
Habyarimana, su homólogo burundés Cyprien Ntaryamira, el jefe del estado-mayor
del ejército rwandés, colaboradores de la presidencia y toda la tripulación perecieron.
Esa misma noche se desencadenó el horror.
A la pregunta si la catástrofe ruandesa podía haberse
impedido cabría responder que sin atentado contra Habyarimana no habría habido
masacres; quienes habrían podido evitarlo nada hicieron y lo que es evidente es
que se ha hecho todo lo posible para que nadie sepa quién lo hizo.
Inmediatamente, descartando cualquier otra hipótesis,
se estableció como verdad incontrovertible entre los analistas que los
responsables del acto terrorista eran los elementos duros y extremistas del
régimen, descontentos por las concesiones que el presidente había hecho al FPR.
Necesitados, por otra parte, de un pretexto para lanzar la carnicería ya
planificada, el asesinato del Habyarimana, que todos los hutu indudablemente achacarían
a los tutsi, lo era inmejorable.
La conmoción que inspiraba el genocidio de los tutsi
impedía evocar la simple posibilidad de que el FPR, organización
fundamentalmente tutsi, hubiera podido
decidir cometer un atentado que desencadenó
y condujo a la muerte atroz a miles de personas pertenecientes a la
misma familia étnica (algo previsible y hasta anunciado) Sin embargo, la verdad parece que se va
imponiendo. Las investigaciones del juez Bruguière, a requerimiento de la viuda
del piloto francés del Falcon 50, apuntan sólidamente a que fue un comando del
FPR, siguiendo órdenes de Paul Kagame, quien disparó los mísiles contra el
avión presidencial. Las conclusiones de este juez, difundidas en marzo de 2004
por Le Monde, están basadas, entre otros, en testimonios de disidentes
del FPR, por ejemplo en el extenso y pormenorizado de Abdul Ruzibiza, ligado
familiarmente al primer dirigente supremo del FPR, Fred Rwigema, muerto en
circunstancias no aclaradas los días posteriores a la invasión de octubre de 1990.
Anteriores informes, como el del abogado australiano Michael Hourigan a quien
la antigua fiscal del Tribunal Internacional, la canadiense Louise Arbour, encargó investigar el
atentado en 1997, concluían en el mismo sentido, pero fueron congelados, presumiblemente
por presiones norteamericanas.
Mientras la fuerzas de la ONU (MINUAR), 2.500
soldados venidos a velar por la buena marcha del proceso de transición y por el
desarme de las milicias de uno y otro bando, subían a los aviones y se
marchaban precipitadamente dejando vía
libre a las milicias y a la guerra, llegaron otros aviones con decenas de
cámaras de televisión a filmar y transmitir en directo la barbarie. Contrasta,
y a mí me sigue indignando, la pasividad y la política de no-intervención de la
llamada comunidad internacional con la avidez occidental con que se consumieron
imágenes insoportables.
En 1998, en Kigali,
el presidente americano Clinton reconoció que “no reaccionamos lo
suficientemente deprisa al comienzo de las matanzas”. ¿Por qué no se reaccionó?
¿Por qué se permitió que bandas de desarrapados realizaran ante las cámaras de
televisión su “trabajo” asesino?. ¿Porqué se rechazó el alto el fuego propuesto
por los mandos de las Fuerzas Armadas Ruandesas? ¿Por qué el FPR se opuso tenazmente
a cualquier intervención exterior y hasta amenazó con considerar enemigos a las
tropas belgas que pudieran quedarse? Porque logró convencer a sus aliados
anglosajones de que su victoria militar sería rápida y que los riesgos de su
estrategia serían limitados. Se equivocó. Su estrategia sirvió ciertamente a
los tutsi emigrados y, resulta terrible afirmarlo, condenó objetivamente a
muerte a los tutsi del interior.
La administración americana estaba al corriente de la
previsible enormidad de la tragedia. Puso, sin embargo, mucho empeño en que los
cascos azules se retiraran e impidió que nuevas resoluciones del Consejo de
Seguridad pudieran dar a estas fuerzas mayor capacidad de intervención. Apostó
por una victoria militar del FPR. Evitó, hasta el 10 de junio, utilizar el
término “genocidio” para calificar las matanzas, porque ello exigiría una
intervención que no deseaba.
·
La naturaleza del
conflicto
Quizás sea importante reafirmar que las raíces de la
tragedia ruandesa no son étnicas sino políticas. Con esto no se pretende negar
el arraigado sentido de pertenencia étnica que cada uno de los grupos humanos
posee en Rwanda, ni de disimular o minusvalorar las tensiones, desconfianzas,
conflictos pasados y presentes. Lo que parece indiscutible es la instrumentalización
política, explotación y exacerbación del sentimiento de pertenencia para
hacerse con el poder y/o conservarlo.
Edouard KABAGEMA, un ingeniero agrónomo hutu, miembro
del opositor PSD, que albergó en su casa a varios tutsi y no huyó tras el
triunfo del FPR (aunque sí tuvo que exiliarse posteriormente), tratando de dar
con una explicación a la crueldad que le rodeaba, ha escrito: “Era sobre
todo ese temor al retorno del orden antiguo, ese miedo de volverse a encontrar
bajo un régimen de opresión, lo que explicaba aquel furor excesivo de un pueblo
poseído por su desesperación”.
Por otra parte, parece evidente que al FPR,
presentado en principio como punta de lanza de la liberación y democratización
de un régimen monolítico en crisis, sólo le interesó en realidad la conquista
del poder y pronto comprendió (en septiembre de 1993, un mes después de haber
firmado los acuerdos de Arusha, sus candidatos perdieron clamorosamente las
elecciones locales que se organizaron en la zona desmilitarizada al norte de
Kigali) que sólo lo alcanzaría por medio de la guerra y la victoria por las
armas. A ello dedicó todos sus esfuerzos. Para Kagame la victoria militar sobre
el ejército rwandés era la prioridad absoluta. En este sentido, más de un
observador ha destacado la pasividad y hasta indiferencia del ejército rebelde
a la hora de defender a los tutsi del interior perseguidos y amenazados.
El explícito apoyo político de Estados Unidos e Inglaterra
al FPR significaba a su vez la decisión de estos influyentes países en el
ámbito internacional de impulsar la renovación de los liderazgos políticos de
la zona, a semejanza de lo ocurrido y estimulado en años anteriores en Uganda,
Etiopía y Eritrea. Ya en los años 90, la obsesión norteamericana por contener
la expansión del islamismo a partir del Sudán era patente. Además, el vuelco
político en Rwanda sería un paso o pieza indispensable para garantizarse una
presencia e influencia en el Zaire, donde el fin del reino de Mobutu era
inminente y deseable, y explotar sus escandalosas riquezas. Por otra parte, en esta operación quirúrgica
de relevo quedaba marginada y anulada
Francia, tradicional apoyo del régimen de Habyarimana. EE.UU. e
Inglaterra siguen siendo los grandes valedores internacionales del régimen
rwandés actual.
·
La delincuencia,
la pobreza, la envidia
Los jóvenes desocupados, poco o nada escolarizados,
más del 80%, deambulaban en las colinas o se habían acercado a la ciudad para
engrosar el ejército de jóvenes para los que el único futuro pasa por la
delincuencia como solución a su pobreza.
Poco tenían que perder o salvar. Resultará fácil embarcarlos en empresas
asesinas.
Durante el genocidio, algunos hutu fueron señalados
como tutsi y acusados como tales con el objetivo de hacerse con sus bienes o
pertenencias. Se podía matar al vecino para ampliar la propiedad, para robarle
el ganado, para ocupar su puesto, para acostarse con su concubina. La envidia
podía empujar a eliminar a quien poseía el objeto codiciado.
Lo expresó con precisión Marc Vaiter: “Tú eres más
rico que yo, te mato. Eres más instruido, te mato. Hemos tenido desavenencias,
te mato. Se mata para saquear y luego se mata para hacerse con el botín. (...)
En el origen de la violencia está en primer lugar la pobreza y la miseria
moral. Quienes empuñan los machetes, dirigidos por la Radio de Las Mil Colinas,
son los excluidos de las escuelas y de los bienes materiales, los abandonados a
su suerte que encuentran en la violencia un estatus y una identidad. De un día
para otro se les da el poder y la fuerza. Se apoderan de ellos con entusiasmo y
descubren lo fácil que es usarlos”.
·
La ausencia de
autoridad y la actitud de las autoridades
El caos en Kigali y días después en la totalidad del
país, quedó favorecido por la ausencia de auténticos responsables, tras la
muerte del presidente y del jefe de estado-mayor. El ejército estaba muy ligado
a la persona del presidente asesinado; la Guardia Presidencial, que tuvo un
protagonismo muy directo en las matanzas, era reclutada entre los más próximos
del presidente. Matar a un opositor o a un tutsi era como vengarse del
asesinato de un pariente.
El poder estaba en la calle; lo tomaron los interahamwe,
que sin duda eran dirigidos por alguien. ¿Ese alguien era el gobierno que se
formó en condiciones cuando menos extraordinarias, de enorme tensión,
suspicacias e intereses, (hubo ministros que conocieron su designación por la
radio)? Desde luego, poco hizo - ¿no pudo o no quiso? – para detener las
masacres. Muchos llamamientos a la defensa de la patria por parte de miembros
del gobierno más bien incentivaban y alimentaban la venganza popular
indiscriminada. Evidentemente, desde el punto de vista legal, el gobierno
interino en plaza era responsable del orden público. Sindikubabwo, presidente,
y Kambanda, primer ministro, deberían haber dimitido – no lo hicieron – al no
ser capaces de controlar la situación. ¿Habría podido controlarla este gobierno
interino? ¿Quién detentaba en realidad el poder?
La mayoría de los responsables municipales y
provinciales, salvo excepciones que pronto dejaron de serlo porque fueron
relevados de sus funciones, adoptaron
una actitud de “dejar hacer”. ¿Lo hicieron para salvar la piel o para responder
a órdenes que venían de arriba? Todo es posible. En cualquier caso, esta
pasividad fue nefasta, pues fue interpretada como una autorización para robar,
violar y matar. Hubo una excepción, quizás la única, en el municipio de Giti. No
se mató a ningún tutsi; el coraje y la determinación del alcalde impidieron los
desmanes y el exterminio. Sin embargo, Giti no se libró de la tragedia; llegó
el FPR y asesinó a centenares de hutu.
La misma noche del asesinato de Habyarimana, la Radio
Televisión de las Mil Colinas hizo un llamamiento a que se erigieran barreras
en los barrios de Kigali, en carreteras y cruces de caminos para filtrar,
descubrir a los “inkotanyi” (partidarios del FPR) y detener a los “infiltrados
o cómplices con lo invasores”. Las barreras se convirtieron en un lugar para
matar. Todos los hutu debían hacer turnos de vigilancia; quien se resistía o
rehusaba era considerado como sospechoso colaborador con el enemigo. Los
milicianos, muchas veces ebrios y drogados, fueron los dueños de las barreras;
la autoridad incontestada que decidía sobre el derecho a la vida o a la muerte.
Se dio el poder a los delincuentes. Haber sido visto en las barreras es una de
las acusaciones más utilizadas aún hoy para ser condenado como colaborador con
el genocidio.
·
La impunidad
La garantía de la impunidad fue otro factor que
favoreció las atrocidades. Durante los años anteriores se habían perpetrado
asesinatos de tutsi y de opositores sin que se castigara a los responsables,
sobre todo si éstos presumiblemente eran próximos al poder establecido. Cometer
determinados delitos no debía ser tan malo. Dicho de otro modo, todos los
crímenes eran perdonables excepto participar en la conspiración tutsi del FPR.
·
El dilema de la
seguridad
Las matanzas se cometieron en una situación en el que
el dilema interiorizado era “lo mato o me mata”. El FPR era quien mataba a los
hutu. La gente sabía que en las zonas que controlaba o iba controlando cometía
fechorías inauditas.
Otro elemento que alimentaba la psicosis del miedo y
el dilema de la seguridad era el hecho de que algunas familias tutsi del
interior habían enviado a sus hijos a integrarse en las tropas del FPR. Por
otra parte, algunos civiles tutsi, lo mismo que los interahamwe, se entrenaban
en el manejo de las armas.
Todos estos elementos fueron explotados políticamente
y permitieron diabolizar fácilmente “al que había que matar antes de ser su
víctima”. Y por parte del FPR las cosas parecían obedecer a la misma lógica.
Recupero al respecto las palabras citadas en alguno de los testimonios que he leído en el que un joven soldado
tutsi del FPR, venido de Uganda, afirmaba: “La población está contra
nosotros. Si no disparamos contra ellos, pueden hacerlo ellos contra nosotros.
Todos saben manejar las armas. Estos interahamwe sin uniforme son verdaderos
militares. No sabemos distinguir quién tiene un arma de quien no la tiene. Una
mujer joven nos puede disparar. Una mujer con un niño en la espalda nos puede
matar. Todos están armados, todos nos odian”.
·
Hubo también
héroes
No todo fue negro durante el genocidio. Los asesinos,
sin duda numerosos, no representaban al conjunto de la población hutu. Rwanda
conoció igualmente héroes hutu. He citado ya al alcalde de Giti. Muchas familias, arrastrando peligros
evidentes, escondieron a sus vecinos tutsi. Algunos hutu murieron por intentar
salvarlos, como ese antiguo concejal de Murama que fue asesinado junto con su
familia por haber encubierto a sus amigos tutsi. Los milicianos castigaban
“ejemplarmente” a quienes osaban cobijar a los tutsi. El hutu en cuya casa se
descubrían tutsi ocultos, y aterrorizados, podía escapar de la muerte siempre
que con sus propias manos matara a los que había tratado de salvar. No puedo
olvidar fácilmente la confidencia de mi amigo Canisius, chofer que me
acompañaba en mis desplazamientos por los campos de refugiados en Zaïre:
“Sigo vivo porque mi mujer, tutsi, no estaba en casa esos días; se había ido a
visitar a sus padres a Kibungo, donde fue asesinada con dos de nuestros hijos.
Los milicianos me visitaron varias veces en nuestra casa de Kigali. Buscaban a
mi mujer. Si ella hubiera estado en casa, me habrían obligado a matarla; me
habría negado y me habrían matado a mí también”.
Hubo incluso autoridades, pronto separadas, que
trataron de proteger y salvar a los perseguidos. Hubo casos en que la misma
persona que escondía en su casa a varios tutsi, logrando salvar sus vidas, acudía diariamente a las terribles
“barreras”, montadas en los cruces de caminos a fin de controlar y asesinar a
los sospechosos, y así hacer ver a los matones que aplaudía las matanzas.
Tremenda situación, pues asistía sin gestos de desaprobación ni oposición al
asesinato de inocentes, por lo que de algún modo colaboraba con el exterminio
de los tutsi, mientras protegía y salvaba la vida de otros tutsi, escondidos en
su casa
El heroísmo de muchas de estas personas no ha sido
reconocido; peor todavía, a pesar de haber salvado a algunos, han sido
encarcelados, pues fueron vistos en “las barreras” y por ello han sido acusados de complicidad. Sin embargo, sin su
solidaridad ningún tutsi se habría podido salvar.
A primeros del julio de 1994, el FPR controló ya todo
el país. El 19 de julio puso en pie el nuevo gobierno, llamado de Unidad
Nacional. Dos millones de hutu huyeron y se establecieron en campos de
refugiados en los países fronterizos, Tanzania y, sobre todo, Zaire. En
octubre-noviembre de 1996 los campos de refugiados fueron destruidos y
desmantelados. Se produjo un retorno forzoso a Rwanda de miles de hutu,
mientras otros muchos huyeron hacia el interior del Zaire.
Para tener una idea sobre la situación de Rwanda
post-genocidio, voy a detenerme brevemente en algunas cuestiones.
1)
Derechos del
hombre
La gestión del país por el FPR ha llevado a numerosos
observadores a afirmar que Rwanda ha caído de Caribdis en Escila. Analistas o
expertos que en el pasado aplaudieron al FPR y fueron incluso peones eficaces
en el sistema de propaganda internacional montado por el FPR se han visto
obligados a cambiar sus posiciones. Un sistema de exclusión ha sustituido a
otro: gentes han sido asesinadas o encarceladas por simples denuncias, las
desapariciones misteriosas han sido frecuentes, militares y tutsi venidos del
exterior se han apropiado de bienes ajenos; muchos disidentes de entre las
mismas filas del FPR han tenido que huir al extranjero; algunos han sido
asesinados por comandos preparados al efecto. La disidencia sigue siendo
perseguida implacablemente; el ejemplo último y más paradigmático ha sido el
encarcelamiento, procesamiento y condena de Pasteur Bizimungu, presidente
durante cinco años de la nueva Rwanda instaurada por el FPR. Otro colaborador
con el gobierno, el ex-primer ministro
Faustin Twagiramungu, ha sido acusado de “divisionismo étnico”.
2)
Crímenes en
el interior del país
Seth Sendashonga, ministro del Interior en el primer
gobierno post-genocidio, exiliado y asesinado por el FPR en Kenya el 16 de mayo
de 1996, afirmaba tener la lista con
los nombres de 18.000 personas, esencialmente hutu, que el ejército del FPR
mató únicamente durante el verano de 1994. Bajo la presión de los EE.UU., el
Secretario General de la ONU embargó el informe Gersony, que ponía de
manifiesto la eliminación por parte del ejército del FPR de 30.000 personas
hutu en tres municipios entre junio y septiembre de 1994. El ex-primer ministro
de la época, Faustin Twagiramungu, avanzaba la cifra de 250.000 asesinados en
el conjunto del país.
Entre el 20 y 22 de abril de 1995, el ejército atacó
el campo de desplazados de Kibeho (prefectura de Gikongoro) Asesinó a 5.000
personas. Todo parece indicar que esta matanza estaba planificada y decidida
por las autoridades militares. El comandante de los atacantes fue condenado a
18 meses de cárcel; sigue en el ejército.
Hay numerosos testimonios de supervivientes que
afirman que, en muchos casos, las gentes eran invitadas y convocadas a
reuniones o asambleas y una vez agrupadas, eran ejecutadas.
En las prefecturas del norte, Ruhengeri y Gisenyi
(especialmente favorecidas, se recordará, por el régimen Habyarimana), los hutu
fueron blanco de matanzas sistemáticas
e indiscriminadas. Las incursiones, reales o presuntas, de grupos armados hutu
desde Zaïre, fueron el pretexto de esta depuración étnica. Tres miembros
españoles de Médicos del Mundo fueron asesinados en Ruhengeri, lo mismo que un
misionero canadiense, el P. Pinard, Padre Blanco, que trabajaba en la zona y
que con un ímpetu encomiable había salvado a numerosos tutsi; las operaciones
de limpieza de la zona no debían tener testigos. El asesino del P. Pinard, un
maestro que le descerrajó dos tiros cuando se acercaba a comulgar, sigue en la
calle, mientras los testigos directos del crimen, apaleados, pasaron varios
meses en la cárcel; uno de ellos murió “desaparecido”.
3)
Masacres de
refugiados hutu
Más de dos millones de hutu se refugiaron en
Tanzania y Zaïre, hoy República Democrática del Congo, tras la victoria del
FPR. El ACNUR los “instaló” en campos muy próximos de la frontera de estos
países con Rwanda, algo no sólo poco recomendable sino expresamente prohibido
por las leyes internacionales.
El ejército rwandés atacó y destruyó a finales de
octubre de 1996 los campos de refugiados de Zaire. Unos 500.000, rodeados,
“optaron” por regresar a su país. No todos llegaron. Muchos, sobre todo
muchachos y hombres jóvenes “con estudios”, fueron asesinados en el camino;
también esta vez en barreras formadas al efecto.
Otros muchos comenzaron una trágica huída, un
calvario de 2.000 Km, para quienes no cayeron en ruta, hacia el interior
profundo del Zaire. Fueron perseguidos implacablemente por el ejército rwandés
y cazados como alimañas: hombres, mujeres, niños, ancianos..., más de 200.000
personas, en el Este, en Mbandaka, en Kisangani, en la selva, según un informe
de la ONU sobre las masacres de hutu perpetradas en Zaire de octubre 1996 a
mayo de 1997. La versión difundida en muchos medios, y contradicha por
testimonios de ONG y expertos informadores de las Naciones Unidas, fue que los
fugitivos hutu formaban parte de la resistencia del régimen de Mobutu contra la
coalición de fuerzas, entre ellas el ejército rwandés del FPR, que pretendían y
lograron el 17 de mayo derrocar al régimen corrupto y déspota de Mobutu. Se
trató, en realidad de crímenes contra la humanidad cometidos contra personas
sin defensa, niños, mujeres, ancianos y enfermos. Estas masacres indiscriminadas se parecen demasiado a un
auténtico genocidio. Fueron utilizados métodos diversos, como por ejemplo, matanzas selectivas en barreras, empleo de
anuncios de ayuda humanitaria como cebo para atraer a los refugiados y
aniquilarlos. Habría que señalar también los esfuerzos desplegados para
destruir pruebas de los crímenes, algo muy experimentado por el FPR desde los
años 90 en Rwanda.
El Rwanda del post-genocidio de 1994, en el mes de
abril, organiza actos sociales y políticos, especialmente espectaculares este
año 2004 en conmemoración del décimo aniversario de la tragedia, en memoria de
las víctimas. Se trata, sin duda, de un modo de hacer un duelo colectivo de
solidaridad con los supervivientes y un llamamiento al compromiso de que la
barbarie no pueda reproducirse en el futuro, un grito al “nunca más”. Pero, esta memoria, este duelo, no alcanzan
a todos los rwandeses. Es quizás la discriminación más dolorosa, la de los
muertos; mientras se recuerda y reprueba el genocidio tutsi, culpabilizando
globalmente a la comunidad hutu, se olvida
y desprecia el dolor y sufrimiento de ésta. Familias hutu afectadas por
las matanzas, perpetradas tanto en el interior del país como en el exterior, no
tienen derecho a recordar a los suyos. Esta memoria selectiva, que no significa
sino la deliberada instrumentalización política del genocidio por parte del FPR,
no contribuye, evidentemente, a la
reconstrucción del país y a la reconciliación. Antes al contrario, impide una
necesaria reflexión autocrítica por parte de todos, oculta la verdad y cierra
el paso, cada vez más difícil, al perdón pedido y dado.
4)
En el plano
político
Las elecciones de agosto-septiembre de 2003
(presidenciales y legislativas) han supuesto una consolidación del poder
hegemónico del FPR. No han podido, sin embargo, disimular su talante excluyente
y autoritario, ni los ropajes civiles han logrado camuflar su carácter
militar-policial. La oposición residual, puesto que la mayoría de opositores
están en el exilio, la sociedad civil, la prensa independiente, han sido
amordazadas. Quienes no se pliegan son eliminados, encarcelados o, con suerte,
logran huir. Es el caso de muchos militares, altos funcionarios, miembros del
gobierno, personas relevantes de la sociedad civil, magistrados, hombres de
negocios, que fueron incluso miembros activos del FPR o colaboradores en los
primeros momentos del nuevo régimen. Todo disidente, incluso dentro de la
familia FPR, es implacablemente marginado o perseguido.
Los rwandeses
viven paralizados por el miedo; el miedo de verse acusados en cualquier
momento de genocidas y llevados ante los tribunales o simplemente eliminados.
El miedo es especialmente resentido por quienes regresaron de los campos de
refugiados en noviembre-diciembre de 1996 porque, y es otra de “las verdades
oficiales” ampliamente difundidas también por los medios de comunicación
occidentales, si huyeron del avance del
FPR fue porque sus manos estaban manchadas de sangre, por lo que son
perseguibles de oficio. Nada ni nadie se movía, decíamos antes, sin el aval del
MRND a finales de los años 80; quien no se mueve en la órbita del FPR nada es
hoy, porque quien discrepa o se mueve en otra dirección, si no quiere verse en
la cárcel o asesinado, debe organizar con discreción y rapidez su huída al
extranjero, aunque ni siquiera esto garantiza su seguridad personal.
Los casos de dos antiguos primeros ministros y del
primer presidente de nuevo régimen son especialmente significativos. Faustin
Twagiramungu, opositor desde la instauración del multipartidismo al régimen de
Habyarimana, líder del MDR, designado como primer ministro ya en los acuerdos
de Arusha de agosto de 1993, primer ministro desde el 19 de julio de 1994 hasta
el 28 de agosto de 1995, se sintió obligado a exiliarse en Bélgica. Regresó a
Rwanda para poderse presentar a las elecciones presidenciales de agosto de
2003; parecía ser el único candidato que podía poner en dificultades a Paul
Kagame. Cayó sobre él la acusación de “divisionista”; sus colaboradores fueron,
por decirlo eufemísticamente, “inquietados” y su campaña electoral entorpecida.
Pierre-Célestin Rwigema sustituyó a Faustin
Twagiramungu; era miembro del mismo partido, el MDR. Permaneció en sus
funciones hasta febrero de 2000. Cuando se inauguró el 8 de febrero de 1996 el
Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) en Arusha, pronunció un
discurso encendido sobre la necesidad de ser severos con los genocidas. Tiempo
después, al sentirse en peligro se exilió a los EE.UU. Rwanda dictó una orden
de detención contra él acusándole de haber cometido en 1994 crímenes de
genocidio.
Desde 1994 a 2001 Pasteur Bizimungu fue el Presidente
de la República Ruandesa. Fiel servidor y miembro del FPR, a pesar de su activa
participación como universitario en la represión de sus compañeros tutsi en
1973, está ahora en la cárcel. En mayo de este año 2004 se celebró el juicio.
La fiscalía, reclamó para él la cadena
perpetua. Según la acusación, Bizimungu, al distanciarse del FPR y al tratar de
fundar otro partido, el PRD-Ubuyanja (Partido Democrático por la Renovación),
habría “abrazado la ideología genocida” (divisionismo étnico) además de atentar
contra la seguridad del Estado, asistir a reuniones ilegales, haber cometido
delitos de corrupción, usar documentos falsos y poseer armas ilegales. Con él
fueron juzgadas 7 personas, entre ellas, el antiguo ministro de transportes
Charles Ntakirumtika. La condena, dictada el 7 de junio, fue de 15 años de
cárcel. Amnistía Internacional, en una declaración del 10 de junio, afirmaba
que “es una nueva prueba de la voluntad gubernamental de utilizar el sistema
judicial rwandés para eliminar toda oposición”; “el procedimiento y final del
proceso desmienten las afirmaciones del gobierno que dice instaurar una
sociedad abierta con un poder judicial independiente de los intereses
gubernamentales”.
Otros discrepantes, como el ministro del Interior del
primer Gobierno FPR, Seth Sendashonga fueron asesinados en Nairobi (Kenya),
donde se refugiaron. Destino similar corrió probablemente Lizinde.
Con ser significativos estos casos, no son más que
una pequeña muestra de la realidad política de Rwanda. Lo que ha acaecido a
estas personalidades es ejemplar en dos sentidos: como muestra de lo que sucede
en todos los niveles de la administración y de los servicios del Estado y como
castigo ejemplar que pretende disuadir a cuantos pudieran tener la veleidad de
imitarles en la disidencia.
Amnistía Internacional, en la declaración citada
anteriormente, denunciaba que “Además de la represión de cualquier oposición
política, las organizaciones de la sociedad civil sufren presiones tales que se
ven obligadas a disminuir sus actividades para evitar su cierre definitivo. Son
acusadas de ir contra la unidad nacional y contra la reconciliación”.
5)
¿Todos
igualmente rwandeses?
El gobierno del FPR ha enfatizado siempre su carácter
de unidad nacional y la defensa de la población ruandesa como un conjunto
homogéneo que se ha desembarazado del demonio étnico. Este discurso oficial
recuerda al mantenido por la monarquía en los años 50 cuando negaba la existencia de tensiones o
desigualdades entre hutu y tutsi y
amenazaba con “tratar de criminales a quienes siembran o alimentan
tan bajas intenciones”. “El divisionismo étnico” es hoy la acusación
automática que recae sobre quien se atreve a señalar con el dedo las
discriminaciones que la población hutu sufre por ejemplo en el acceso a la
función pública, a los servicios, a la universidad. La supresión de la mención
étnica en los nuevos documentos de identidad ha sido, sin lugar a dudas, una
decisión acertada. Sería ilusorio pensar que con ello se reducen o anulan las
fracturas sociales; antes al contrario, cuando la realidad apunta más bien en
sentido opuesto, dicha supresión no es más que un intento de enmascaramiento de
una situación discriminatoria. En Burundi ya en los años 60 quedó eliminada la mención étnica de los documentos de
identidad; no parece que haya sido suficiente para atajar los conflictos
étnicos.
Algunos analistas han observado que, desde la llegada
al poder del FPR, la complejidad de identidades de la sociedad ruandesa ha aumentado
y diferencian los rwandeses del interior (diversos a su vez: hutu – humillados
y “genocidas” -, tutsi supervivientes – tildados de colaboracionistas con el
régimen derrocado -, twa, hutu del norte y del sur), de la diáspora tutsi
(distintos y hasta opuestos: “ugandeses” y otros –burundeses, congoleños-) Participo de esta visión. El poder
político-militar y económico está en manos de los tutsi venidos de Uganda.
Parece, incluso, que resurge la rivalidad tradicional entre los clanes Ega y
Nyiginya, pilares del poder tutsi-feudal tradicional. Como dice el profesor
Albert-Enéas Gakusi, “la cuestión que se plantea aquí es saber si en una
sociedad tan marcada por conflictos político-étnicos de una violencia extrema,
la coexistencia en un mismo territorio de categorías de rwandeses provenientes
de países y contextos diferentes, favorece un mejor entendimiento colectivo o,
a la inversa, es fuente de más bloqueos. En una sociedad abierta, donde las
libertades cívicas y políticas de sus miembros son respetadas, tal
diferenciación puede considerarse como una baza que garantiza más
complementariedad y tolerancia. En el caso contrario, existe el riesgo de que a
los viejos antagonismos se añadan nuevos, generando así más bloqueos que
sinergias”. Lo que se plantea en esta cita como riesgo es ya, a mi
juicio, una realidad. Es posible que el
discurso oficial engañe a los que desean ser engañados, pero no modifica la
desigualdad estructural que se ha implantado como sistema. Cualquier
tentativa de apertura política es abortada; una elite reducida acapara poder y
recursos económicos, fruto en gran parte de la rapiña y depredación de las
riquezas del este de la República Democrática del Congo, mientras la mayoría de
la población, sobre todo en medio rural, vive situaciones de profunda pobreza,
sin otra perspectiva de futuro que la pobreza. “Habyarimana comía con
tenedor, por lo que algo de comida se le caía y quedaba para nosotros; Kagame
come con cuchara y no se le cae nada, todo es para él”,
dicen hoy muchos rwandeses.
6)
La justicia
En las cárceles ruandesas ha habido hasta hace poco
más de 120.000 detenidos. En dos ocasiones, una, pocos meses antes de las
elecciones de 2003 y, otra, en los meses anteriores a la conmemoración del
décimo aniversario del genocidio, el gobierno ha sacado de la cárcel a un
número considerable de presos (¿40.000?), siempre que éstos hubieran confesado
sus crímenes; este reconocimiento fue condición indispensable para poder ser
excarcelados. Esta excarcelación ha sido presentada, contra toda evidencia,
entre nosotros por el señor Carlin, en EL PAÍS, como ejemplo de la bondad y
magnanimidad del presidente Kagame, sólo comparables con las de Jesucristo.
Parece, en principio, bastante contradictorio que quien confiesa haber cometido
crímenes salga a la calle y que quien proclama su inocencia siga encerrado a la
espera de un juicio que está tardando en llegar años y años (en algunos casos,
10) Por eso, la autoinculpación ha debido de ser la opción “elegida” por muchos
inocentes. Desde la cárcel de Butare, donde sobrevive penosísimamente desde
hace 8 años, me escribe Déogratias: “Creo
haberte dicho ya que yo había confesado haber empuñado un fusil; pero, según
ellos, semejante confesión no basta; sería completa si yo hubiera reconocido
haber fusilado y matado. Cuando uno confiesa que ha matado, los fiscales, las
instancias judiciales y todos los otros aquí se ponen contentos por ello. Jamás
he entendido este fenómeno”. Otra
parte, convendría señalar que varios de esos excarcelados, sobre todo si se trataba
de “intelectuales”, han sido detenidos de nuevo y llevados a prisiones
especiales; en sus sumarios ya consta que han confesado sus crímenes de
genocidio y en un futuro juicio, en el supuesto de que se celebre, difícilmente
se librarán de severas condenas.
Como declaraba el
ministro de Justicia hasta enero de 1999, fecha en que dimitió y se
exilió, Faustin Nteziryayo, “la
delación ha campado por sus respetos y muchas personas han sido arrojadas a la
cárcel por otros que querían quitarles sus puestos en la administración o en la
sociedad civil o por hacerse con sus propiedades o empujados por la venganza o
por arreglos de cuentas. El poder político-militar se ha aprovechado para
encarcelar a las personas que consideraba oponentes políticos”.
En varios momentos, el gobierno ha confeccionado,
revisado y puesto al día, listas de los que consideraba criminales clasificados
de primera categoría, planificadores del genocidio. El antiguo ministro de
justicia citado arriba afirma al respecto que “es forzoso constatar que la
confección de esta lista ha servido más a una agenda política para eliminar las
personalidades del antiguo régimen consideradas como oponentes políticos o a
otras personas con cierta influencia en el seno de la sociedad civil que a un
avance en las diligencias judiciales que pudieran permitir identificar a los
verdaderos responsables del drama rwandés”.
No puedo menos que destacar la fortaleza, el coraje y
la fidelidad de miles de mujeres que semanalmente o quincenalmente, según los
casos, recorren decenas de kilómetros para llevar sobre sus cabezas los cestos
con comida para sus maridos, hijos o parientes encarcelados. Tienen ya un
nombre: “nzamugwa nyuma”, que quiere decir “me caeré detrás de él”.
·
El TPIR
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR)
fue creado en noviembre de 1994, con sede en Arusha (Tanzania), por la resolución 955 del consejo de
seguridad de la ONU, con el fin de juzgar a las personas presuntamente
responsables de actos de genocidio u otras violaciones graves del derecho
internacional humanitario cometidos en territorio rwandés entre el 1 de enero y
31 de diciembre de 1994. Comenzó a instalarse en 1995 y la primera audiencia
tuvo lugar en 1997. Contrariamente a los tribunales rwandeses que pueden
decidir la condena a muerte, la pena máxima aplicable por el TPIR es la de
cadena perpetua. Varias personas ya han sido condenadas a esta pena, otras lo
han sido a abundantes años de cárcel; también ha habido algunas absoluciones,
protestadas enérgicamente por el gobierno rwandés y por asociaciones de
supervivientes.
Se podrían detallar muchas deficiencias en el
funcionamiento de este tribunal; deficiencias importantes pero menores frente
al hecho de que hasta el presente sólo las personalidades del régimen de
Habyarimana han sido perseguidas, detenidas y juzgadas. Los crímenes cometidos
antes y después de 1994 no son perseguidos; los crímenes cometidos durante el
año 1994 por el ejército del FPR tampoco.
Ya he señalado que cuando la primera fiscal de este
Tribunal, Louise Arbour, tuvo conocimiento de que el informe, encargado por
ella misma al abogado australiano Michael Hourrigan sobre el atentado contra
Habyarimana, atribuía la responsabilidad del mismo a Paul Kagame, lo aparcó. Su
sustituta, Carla del Ponte, se atrevió a sugerir que sería conveniente que el
tribunal entendiera también de las responsabilidades criminales del FPR. Su
mandato no ha sido renovado a causa de las presiones de Rwanda, perfectamente
escuchadas y atendidas por EE.UU.; ha sido sustituida. La credibilidad del TPIR
nada ha ganado; sigue siendo el tribunal de los vencedores.
Las tensiones entre el régimen de Kigali, que acusa
al tribunal de lentitud y retrasos deliberados, y el TPIR han sido frecuentes.
Han sido pronunciadas 19 condenas y 3 absoluciones. 59 personas detenidas en
Arusha esperan juicio. En principio deberían ser juzgadas antes de 2008, año en
que terminaría el mandato del Tribunal.
Según el reglamento del TPIR, los condenados pueden
cumplir las penas en Rwanda o en otro país que se avenga a acogerlos. En el mes
de abril Rwanda reiteró su deseo de hacerse cargo de los condenados y a finales
de mayo ha habido negociaciones entre Kigali y el TPIR para transferirlos a
Rwanda, lo que, según la Asociación de Abogados para la Defensa, equivaldría a
ponerlos “bajo control de personas sospechosas de haber cometido los mismos
crímenes que los condenados y convertirían a las Naciones Unidas en cómplices,
al dar cobertura a los crímenes del régimen de Kagame”.
·
Colaboración de
los países extranjeros
Algunos países en los que viven personas sospechosas
de haber participado en el genocidio han iniciado procedimientos judiciales
diversos. Bélgica condenó a cuatro personas, dos de ellas religiosas
benedictinas, en un juicio con grandes repercusiones mediáticas, con
pretensión, más que discutible, de
impartir “justicia ejemplar”. Suiza ha juzgado y condenado a una persona y ha
transferido a otra a Arusha, lo mismo que Francia y EE.UU. Los mandatos de
detención pedidos por el TPIR han sido ejecutados en Kenya, Mali, Camerún,
Senegal, Angola, Zambia, Etiopía y República Democrática del Congo.
En Mali cumplen condena varios de los juzgados por el
TPIR. Benin, Swazilandia, Francia, Italia y Suecia han firmado acuerdos
expresando su disponibilidad para acoger a los posibles condenados.
·
En el interior
del país – jurisdicciones “gacaca”
En el interior del país, la justicia clásica está
atascada. Ya he hablado del número de encarcelados que esperan juicio desde
hace, algunos, 10 años. El dinero, para contratar abogados y para corromper a
los estamentos judiciales, juega un papel determinante para que los sumarios se
instruyan, se cierren y las penas o sanciones sean graves o leves. No han sido
infrecuentes los casos en que personas absueltas por los tribunales han sido
encarceladas de nuevo o simplemente eliminadas, así como las represalias a jueces excesivamente blandos a juicio del
poder político o de las asociaciones de supervivientes tutsi.
Ante la inmensidad de la tarea para juzgar a los detenidos, la Asamblea Nacional de Transición votó, el 12 de octubre de 2000, una ley instituyendo los tribunales “gacaca”, denominados justicia participativa. Se previeron más de 10.000 de estos tribunales populares (en 4 niveles de competencia, según la gravedad o categoría de los delitos) y unas 200.000 “personas íntegras” encargadas de formar parte de ellos. En kinyarwanda, la palabra gacaca significa césped o justicia sobre el césped, y se refiere al lugar donde tradicionalmente una comunidad local se reúne para encontrar una solución a los litigios que enfrentan a los miembros de una familia o varias familias, a los habitantes de una misma comunidad en la que existen estrechos lazos de unión. Su objetivo es restaurar la cohesión perdida y lograr un compromiso armonioso entre las partes. Trasladar este sistema, pen